Fue la primera imagen que tuve, tras escuchar las razones que empleaba el lehendakari para justificar el adelanto electoral: la célebre frase de Porki, el tartamudo amigo de Bugs Bunny, despidiéndose de todos/as nosotros/as, al término de un episodio cualquiera de los Looney Tunes. Y es que así sonaron las palabras emitidas con la oficialidad y pompas propias de la ocasión: a la viñeta final de una legislatura, que no será recordada ni por su esplendor y actividad parlamentaria ni por los afectos conseguidos de una ciudadanía no votante de los dos partidos en el Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE.
Urkullu planteó cuatro razones para justificar la decisión tomada: una, ofrecer tiempo suficiente al nuevo Gobierno Vasco para que gestione y negocie los apoyos oportunos en las cuentas autonómicas del año 2021 (probablemente el argumento más sólido e incuestionable de los utilizados, aunque el conseguido con Podemos para los Presupuestos del presente año ya le auguraba un final de legislatura tranquilo, sin demasiados sobresaltos). Dos, evitar un alargamiento del clima electoral ya asentado en Euskadi (¿incluía a su propio partido en ese comentario, desde hace tiempo en clave preelectoral también?) Tres, alinear al nuevo Gobierno Vasco con las instituciones locales y forales salidas de las urnas el pasado año (¿acaso presupone una situación futura distinta a la actual, en la que el “partido-guía” controla la mayoría municipal vasca, incluidos los ayuntamientos de las tres capitales y de las Diputaciones?)
La última razón esgrimida es la más chirriante: el adelanto electoral se tomaba en beneficio de la sociedad vasca (sic). No está en mi ánimo cuestionar las dotes adivinatorias del lehendakari, quien en principio dispone de amplia gama de estudios técnicos, gabinetes sociológicos y demás observatorios para conocer casi al día nuestro DAFO particular y comunitario. (Ya saben, ese conjunto de razones que nos definen por nuestras Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Sorprende, sin embargo, que apenas transcurridos cinco meses de la última convocatoria electoral a las que fuimos llamados/as, el lehendakari resuelva que “por nuestro bien” lo mejor es volver a pasar anticipadamente por las urnas, vascas en esta ocasión. Habrá valorado, probablemente, que ponernos a rebufo de los procesos anteriores, nos coloca en magnífica posición para dar el salto definitivo y colocarnos como la Comunidad Autónoma ejemplar en España y Europa.
Es cierto que siendo lehendakari de todos y todas las vascas, no podía utilizar públicamente argumentos compartidos por la mayoría de la ciudadanía y que, sin duda, su propio partido barajaba: a nivel nacional, el alejamiento del ambiente preelectoral catalán o el mantenimiento del puesto de socio privilegiado del Gobierno de Sánchez; desde el ámbito autonómico, aprovechar las altas expectativas de voto favorable hacia el nacionalismo moderado que representa hoy el PNV, así como evitar posibles derrotas parlamentarias a manos de los partidos de la oposición al final de la legislatura, como era, probablemente, la proposición de ley de recuperación de las primas de jubilación del personal funcionario.
Quizás como lehendakari, no debía; pero,utilizar como cortina de humo algunas de las razones citadas por Urkullu, suena más a broma bienintencionada que al uso de argumentaciones sólidas, en beneficio exclusivamente de país.
Estamos ya en clave preelectoral y conviene, por tanto, analizar algunas cuestiones que se han sucedido –o quedado pendientes- en estos cuatro años. Dedicaré las próximas líneas a esas variables que han quedado latentes, en ese limbo inalcanzable, a la espera de que la persona que se haga cargo de esta cartera, en el nuevo gobierno surgido de las elecciones, tenga a bien retomarlas, o desecharlas de forma definitiva.
En la Educación Concertada, la Administración entrante tendrá que ser la salvaguarda de los acuerdos bilaterales firmados entre patronales y sindicatos que deberán concretarse en el nuevo convenio que varios miles de trabajadores/as desean. Además, en competencia concreta, deberá desarrollar el acuerdo firmado para la recolocación del personal excedente como consecuencia del cierre de aulas en distintos centros y de su sustitución por personal renovado. Quiero suponer mejor presdisposición institucional a cumplir ambas cuestiones que la manifestada en el periodo recién finalizado.
En la red pública, la negociación con la parte sindical de acuerdos de condiciones laborales que actualice los sectores laborales y funcionarios -hasta el momento, sólo parcialmente retocados y completados- se constituye en el primer objetivo, si no quiere la próxima Consejera que un periodo de movilizaciones continuadas salude sus primeros meses de gestión.
Tampoco en la Formación Profesional vasca anduvo fina la actual gestora, a la hora de conseguir su proyecto anunciado en su toma de posesión: promover un salto espectacular para la FP, en cuatro años, consiguiendo dos objetivos pretendidamente revolucionarios: tener la mitad del alumnado matriculado en ciclos formativos en euskera e inscrito en Formación Dual. Ni uno ni otro. Ambos proyectos deberán seguir ofreciéndose para ver si, en un segundo intento, pueden lograrse. Y es que, en ocasiones, se olvida una máxima pragmática: avanzar pausadamente en logros, sin recurrir a metas difícilmente alcanzables en un corto espacio de tiempo.
La universidad vasca deberá esperar a ver de qué lado cae la moneda. Si sale cara, es probable que la nueva inquilina de la tercera planta de Lakua valore en justa medida la prioridad de EHU-UPV y la distinga especialmente frente a las otras dos instituciones privadas. Si por el contrario, vuelve a salir cruz, asistiremos a un crecimiento injustificado de ayudas a Deusto y Mondragón, en un vano intento de igualar a tres el trato y reparto que numéricamente y por definición debería seguir siendo desigual.
En un ámbito más global, el nuevo Departamento de Educación deberá de adoptar posición concreta en un tema candente como es el futuro de un proyecto –Heziberri 2020- muy cuestionado desde la comunidad educativa pública. Habrá que esperar también –tras cuatro años de infructuoso silencio- una declaración oficial de defensa de este ámbito público (más allá de discursos bienintencionados) que apueste firmemente por eliminar la segregación escolar, aumentar la inversión y proponer una política educativa con futuro más lejano que la próxima legislatura.
Y envolviendo todo estos procesos pendientes deberemos conocer si se deshoja definitivamente la necesidad o no que tiene este país de una nueva ley educativa. La recién finalizada legislatura ha dejado –igual que la anterior- el propósito no cumplido de actualizar una ley que cuenta ya veintisiete años y que, al menos, debería retocarse en varios de sus aspectos, como mapa escolar, financiación, etapas educativas, autonomía escolar, participación de los agentes educativos…
Tiempo habrá, sin duda, para conocer las propuestas educativas de los partidos políticos durante la campaña electoral. De momento, y emulando al cierre de aquellos célebres dibujos animados de la Factoría Warner Bros, “¡Esto es todo amigos!”
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