Bruselas rechaza el plan de España para devolver las ayudas del 'tax lease'

El conflicto sobre el llamado 'tax lease', el sistema de ayudas que recibió el sector naval entre 2005 y 2011 para financiar la construcción de buques, está otra vez en una situación delicada. A la Comisión Europea no le satisfacen los criterios que le ha trasladado el Gobierno de España para recuperar las ayudas, que, como acordó el Colegio de Comisarios en julio pasado, suponen que los inversores (no afecta ni a los armadores ni a los astilleros) devuelvan lo recibido desde abril de 2007 a 2011, una cifra que podría rondar varios los 2.000 millones.

El Ministerio de Hacienda y la Comisión de Europea no están de acuerdo en los criterios para recuperar el dinero y las cantidades barajadas por España, según han asegurado a El Diario Norte fuentes próximas a la negociación, lo que vuelve a causar la preocupación en el sector naval, que no puede acceder a pedidos por la situación creada. Hacienda tiene solo diez días (la fecha límite es el día 18) para presentar el documento con las cantidades y los inversores que deben devolver las ayudas.

El ministro de Industria José Manuel Soria ha convocado para esta tarde a las comunidades autónomas afectadas (Euskadi, Asturias y Galicia), las empresas del sector y los sindicatos, donde se abordará cómo está la situación. También habrá representación de la Abogacía del Estado, que es la que debe articular en nombre de España antes del 28 de septiembre un recurso en respuesta a la decisión de la Comisión Europea del pasado 17 de julio de que Hacienda reclame a los inversores del sector las ayudas recibidas entre 2007 y 2011.

Existen pocas dudas de que el Gobierno central presentará un recurso en respuesta a la decisión del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, pero sin paralizar la devolución de las ayudas para evitar la incertidumbre y que persista la parálisis en los pedidos del sector en España.

Las exenciones fiscales que proporcionaba el sistema de financiación de los astilleros españoles atrajeron a empresas que no tienen nada que ver con el sector naval. Por eso, entre los inversores afectados por la multa impuesta hoy por la Comisión Europea están Ikea o Inditex, además de entidades financieras como el Banco Santander o el Popular. Las inversiones calculadas en la construcción de buques en los astilleros españoles entre 2007 y 2011 rondan los 20.000 millones de euros y, dado que la desgravación fiscal fue de cerca del 10%, el cálculo de la sanción para los inversores es de unos 2.000 millones de euros.

Ahora es la Hacienda española la que debe reclamar ese dinero, que iría a las arcas públicas españolas. Aunque Almunia ha insistido en que la multa recae solo en los inversores y no en los astilleros ni en los armadores, el sector naval considera que impedirá cualquier financiación para la construcción de buques. Y es que las cláusulas de los contratos privados firmados cuando se puso en marcha el tax lease eximen a los inversores del pago de cualquier modificación de la fiscalidad. Almunia también ha afirmado que esos contratos carecen de validez en el ámbito comunitario pero tanto los astilleros como los trabajadores replican que habrá centenares de demandas y, ante la inseguridad jurídica, tendrán muy complicado acceder a contratos de construcción de barcos. Desde noviembre de 2012, el tax lease está autorizado por la Comisión Europea pero la realidad es que no se ha firmado ningún contrato.