Cargos peneuvistas del Gobierno pueden otorgar ayudas a la Fundación Sabino Arana
El Comité de Ética Pública del Gobierno vasco considera compatible con su cargo de directores en el Ejecutivo y su militancia en el PNV que tres altos cargos gubernamentales intervengan en la decisión sobre las subvenciones públicas a las que opta, entre otras, la fundación ligada a los penuvistas, Fundacion Sabino Arana.
Según publica El País, tres directores del Ejecutivo solicitaron que esta comisión analizara la “licitud ética” de su participación en la comisión de valoración que debe fijar la concesión de las subvenciones a fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos con representanción en la Cámara vasca. En el País Vasco, las tres principales fundaciones ligadas a partidos que han concurrido a este tipo de ayudas en los últimos años son la Fundación Sabino Arana (PNV), la Fundación Ramón Rubial (PSE-EE) y la Fundación Estudios Vascos (PP). Este año se repartirán 95.000 euros entre las fundaciones que se presenten y cumplan los requisitos.
Los tres directores del Ejecutivo vasco querían saber si su condición de militantes peneuvistas podía infringir el principio de “ausencia de imparcialidad, falta de objetividad o la existencia de conflictos de intereses” que está recogido en el Código Ético aprobado por el Gobierno en mayo de 2013.
La Comisión de Ética ha resuelto que en este caso “no parece fácil sostener” que se produzca “un conflicto entre el interés público y el interés personal de los altos cargos actuantes”. “No nos hallamos”, se asegura en la resolución, “ante una iniciativa autónoma de los altos cargos consultantes que eventualmente pudiera ser interpretada como un gesto de favoritismo hacia la fundación vinculada al partido político en el que militan”. Y considera en su resolución que su mera condición de afiliados “no parece encajar, por sí misma, en ninguno de los supuestos de abstención” recogidos en la ley.
La Comisión Ética, de la que forman parte el filósofo Daniel Innerarity, la magistrada Elisa Pérez Vera, el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, entre otros, acepta su participación en la citada mesa de valoración y recuerda que los criterios que se manejan en ella tienen un procedimiento regulado sujeto a fórmulas matemáticas “que no dejan margen alguno para la valoración subjetiva”. E incluso llega a señalar que “la no participación podría suponer una dejación de funciones”, así como la “conculcación de valores tales como la integridad o la excelencia en el desempeño de la función pública encomendada”.
