Colectivos feministas denuncian que el Servicio Vasco de Vivienda "niega un hogar" a una víctima de violencia machista con discapacidad

Representantes de los colectivos feministas durante la concentración frente al Gobierno vasco este miércoles en Bilbao

Ana (nombre ficticio), víctima de violencia machista y con una discapacidad del 57%, llevaba desde 2013 en trámites de divorcio con su expareja cuando decidió solicitar una vivienda de protección oficial en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide. Corría el año 2018 y poseía una credencial de víctima de violencia de género con una orden de protección vigente que impedía a su agresor residir en la vivienda que ambos poseían. Sin embargo, el que fuera su marido incumplía la orden de alejamiento y volvía a la vivienda argumentando problemas económicos. Ese fue el motivo por el que Ana optara por abandonar el hogar y alquilar un piso, no obstante, la Administración ha negado hasta en dos ocasiones su solicitud de un hogar de protección oficial.

Las razones que argumenta el delegado territorial de Vivienda de Bizkaia para denegar las solicitudes son el "incumplimiento del requisito de carencia de vivienda en los dos años anteriores a la solicitud". Es decir, el hecho de que Ana fuese copropietaria junto a su exmarido de una casa antes de tener que abandonarla por la relación de maltrato que sufría por parte de su expareja.

Ante esta situación y después de que el Defensor del Pueblo del País Vasco- Ararteko haya emitido una resolución a favor de la mujer en la que exige al departamento de Vivienda que rectifique en su decisión de no otorgar una vivienda a la víctima, seis organizaciones feministas y sociales han convocado una concentración frente a la Delegación Gobierno vasco en Bilbao este miércoles. En la manifestación, a la que han acudido decenas de personas, han denunciado el "desamparo" de Etxebide y también del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, puesto que además, reclaman a la mujer 3.800€ por una prestación que recibió y que estaba condicionada a que la solicitante figurase en Etxebide.

"El agresor ha incumplido la orden de protección y se ha quedado en el domicilio familiar. Ahora a ella se le deniega la ayuda por ser la copropietaria. Estos casos no se pueden medir con criterios estrictos, hay que ver la casuística para asegurar que las mujeres no se queden sin recursos", explica Liz Quintana, del colectivo Argitan de Barakaldo, una de las asociaciones que denuncia este caso.

Además de Argitan, el grupo La Posada de los Abrazos, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, el colectivo Mujeres del Mundo-Babel, la organización Trabajadoras NO Domesticadas y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak han participado en la concentración para denunciar el caso y exigir que “Lanbide, Etxebide y el conjunto del Gobierno Vasco defiendan los derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia machista”.

Con carteles en los que se leían mensajes como "Etxebide, el Guantánamo de los derechos sociales" y al grito de "Etxebide me mata, Lanbide me remata" las denunciantes se han vestido con monos naranjas haciendo ver que son presas y se han colocado cadenas en las manos y bolsas en las cabezas a modo de performance para mostrar la situación de esta mujer y otros casos en los que la Administración ha negado recursos a víctimas de violencia de género.

"No es un caso aislado y no vamos a parar hasta que se haga justicia. El Gobierno vasco publicita que está en contra de la violencia machista, pero después en la práctica deja a las mujeres en la absoluta desprotección. Si no dan una alternativa de vivienda, están obligándolas a convivir con su agresor y a exponerlas a una violencia enorme", ha denunciado Quintana.

"Los hechos revelados por el Ararteko son de una gravedad tan grande que ya no basta con rectificar sino que el Gobierno Vasco debe demostrar con hechos que se toma en serio la protección y lucha frente al machismo, y para ello tiene que cortar cabezas políticamente e imponer sanciones por sendas actuaciones que son, además de injustas, humillantes y vejatorias, revictimizan vergonzosa y desvergonzamente a una mujer protegida por la justicia porque ha sufrido violencia de género", han denunciado las asociaciones en un comunicado.

Según la resolución del Defensor del Pueblo, publicada el pasado 15 de julio "la imposibilidad material de residir en la misma vivienda que su agresor fue acreditada debidamente mediante la aportación de la sentencia judicial y las medidas de protección establecidas" por lo que recomienda al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco "que deje sin efecto la decisión del delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia y que declare el alta de la inscripción como demandante de vivienda protegida desde mayo de 2018".

Por ello, las asociaciones han advertido del inicio de movilizaciones "hasta conseguir que se rectifique y se impongan sanciones ejemplificadoras por estos hechos", y han instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a que dé "un paso adelante y demuestre que no hay impunidad en las actuaciones violentas contra las mujeres, que no sólo se producen por parte de las parejas machistas sino que, como en esta ocasión, también se producen por parte de una Administración pública que ni entiende ni quiere entender situaciones que son dramáticas y que ponen en riesgo la vida de las personas".

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Publicado el
9 de septiembre de 2020 - 22:22 h

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