Vitoria supera el penúltimo trámite para ser zona tensionada entre la polémica por la falta de precios de referencia

Vitoria ha superado este lunes el penúltimo trámite para convertirse en zona tensionada para los precios del alquiler. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica el visto bueno del Gobierno vasco a la solicitud del Ayuntamiento, con lo que sólo quedará un último paso, el que debe dar el Gobierno central con su inclusión en el listado de municipios y la posterior publicación en el BOE, algo que se espera que ocurra antes de que finalice este año. A partir de ahí, el Ayuntamiento de la capital alavesa tendrá capacidad para, entre otras cosas, topar los precios del alquiler, aunque no todos. Vitoria, como el resto de los municipios vascos, sigue pendiente de que se publique el índice de precios de referencia que la ley marca para fijar determinados alquileres, como el que imponen los grandes tenedores. Y eso sigue a la espera de que las Haciendas vascas transmitan los datos necesarios para elaborarlos.

Aunque ninguno de los territorios tiene elaborado este índice, parece que Álava será el último en tenerlo operativo. De hecho, el de Gipuzkoa puede estar publicado en unos días, y el de Bizkaia “el plazo estimado para finalizar este trabajo será del orden de seis meses”, según adelantó el consejero Denis Itxaso el pasado viernes en el Parlamento Vasco.

El proceso ha sido complicado, de partida, porque los datos fiscales necesarios para la elaboración no concuerdan exactamente con los que tiene desglosados la Agencia Tributaria en el ámbito estatal. Pese a ello, en Gipuzkoa ha sido más rápido porque en el resto de los territorios ni siquiera exigía desglosar las viviendas por las que se obtenían ingresos de alquiler y tampoco había datos para identificar a los inquilinos. Bizkaia está corrigiendo este problema con la modificación realizada en su modelo tributario en la última campaña de renta. En Álava, sin embargo, la situación es más complicada, al estar pendientes estos cambios. “Podríamos hablar del primer semestre de 2026 como horizonte, pero pido a la Hacienda foral alavesa que lleve a cabo los cambios necesarios en el módulo tributario de la declaración de la renta para poder así empezar a recabar los datos necesarios”, señaló el propio Itxaso en sede parlamentaria. Desde la Hacienda alavesa han señalado que se han enviado todos los datos que se tienen en relación con los años 2022 y 2023. Y que en breve se enviarán los de 2024. En cualquier caso, han señalado que no les consta ninguna petición de que se realicen cambios en la normativa del IRPF.

A la espera de que la zona tensionada esté operativa al cien por cien, la entrada en vigor para Vitoria de forma definitiva, se producirá probablemente a finales del mes de octubre con la actualización del listado estatal en el que también entrarán Bilbao, Astigarraga y Usurbil. En ese momento las tres capitales vascas serán zona tensionadas y Euskadi contará en total el 47,7% de la población de residiendo en zona tensionada en 14 municipio: Errenteria, Lasarte-Oria, Zumaia, Irún, Barakaldo, Donostia y un distrito de Galdakao. Con trámites pendientes están, Hernani, Astigarraga, Lezo, Usurbil, Zestoa, Bilbao y Vitoria. En los próximos meses se llegará al 50% de la población con las declaraciones de Lezo, Zestoa, Arrasate-Mondragón, Tolosa y Hernani, que se encuentran en trámites.

Cuando la declaración sea oficial, Vitoria será zona tensionada para el 97,92% de la población del municipio, incluidas las entidades locales menores (Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoño, Ali y Gardélegui) pero no la zona rural. Durante tres años el municipio podrá aplicar el tope de subida anual de los alquileres en función de índice de revalorización de alquileres, que ahora está en el 2,8%. No podrá subirse los alquileres por encima de ese tope. También se posibilita la posibilidad de prórroga durante tres años del contrato en las mismas condiciones que el anterior cuando finalice después de cinco años. Además, en los nuevos contratos se limitará el precio del alquiler que no podrá superar la renta del último contrato. Es decir, no podrá subirse el precio de la mensualidad aprovechado el cambio de inquilino.

La excepción que marca la legislación permite incrementar los contratos en un 10% en alquileres de más de 10 años o para mejoras relacionadas con la rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad de la vivienda. Quedarán pendientes las cuestiones que dependen del Índice de Precios de Referencia para el alquiler. Es decir, los pisos de los grandes tenedores, aquellos que tengan cinco o más viviendas, y los contratos de pisos que no hayan sido alquilados antes. Aunque según recuerda el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, aún sin ese índice operativo, su cubre el 90% de los contratos de alquiler.

Itxaso ha recordado Itxaso que “el objetivo es salir del tensionamiento, pero eso solamente lo conseguiremos construyendo más vivienda protegida en alquiler y equilibrando la oferta con la demanda”. Mientras tanto, ha destacado, “es nuestra obligación proteger a las personas inquilinas, sometidas hoy a una auténtica ley inmobiliaria de la selva”.

Por su parte, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha destacado que “con esta publicación en el Boletín del País Vasco se dan los condicionantes legalmente establecidos para proceder a la calificación de Vitoria como zona de mercado residencial tensionado para los próximos ttes años”. Según la alcaldesa, “gracias a esta medida va a ser posible la aplicación de una batería de políticas públicas orientadas a corregir las disfunciones del mercado y a ampliar la oferta residencial accesible”.

El plan que se desarrollará a lo largo de los tres próximos en los que Vitoria será zona tensionada supondrá la construcción de 3.012 nuevas viviendas, de las cuales un 53% serán de alquiler protegido. Entre ellas se incluyen 950 de iniciativa pública que el Gobierno vasco y el Ayuntamiento promoverán en Zabalgana, Salburua, Ibaiondo y Abetxuko. Habrá otras 1.383 que surgirán de promociones para viviendas sociales y tasadas, impulsadas por la iniciativa privada; y en tercer lugar las 679 viviendas, en Arkaiate y Larrein, fruto del convenio firmado por el Ayuntamiento y el Gobierno vasco en febrero del año pasado.

Poe otra parte, se mantendrán y reforzarán las ayudas para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la habitabilidad de viviendas y edificios residenciales. Un claro ejemplo de ello es el proyecto de regeneración urbana que se está llevando a cabo en Zaramaga. La operación, en la que participan 322 viviendas de 22 portales, supone una inversión de 31,5 millones entre fondos autonómicos y municipales, a los que habría que sumar la aportación prevista por las y los vecinos, cercana a los 2,9 millones.

El Ayuntamiento aplica un recargo del 50% en el IBI a las viviendas deshabitadas, medida que podrá complementarse con nuevas fórmulas fiscales para movilizar el parque vacío hacia el alquiler. Está previsto también mantener las bonificaciones en el ICIO recogidas en las Ordenanzas Fiscales para construcción de VPO, rehabilitación energética o eliminación de barreras arquitectónicas. En el convenio rubricado entre ambas instituciones en febrero de 2024 la bonificación en la cuota se situó en el 95%. Además, se impulsará la habilitación de locales en planta baja y otras fórmulas de alojamiento transitorio dirigidas a jóvenes, mayores y colectivos vulnerables. La declaración de zona tensionada supondrá cuando se apruebe el decreto de medidas urgentes por parte del Gobierno vasco, la prohibición de registrar nuevos pisos turísticos en la ciudad.