Justicia y Xunta investigan si la empresa de buses Arriva mintió para deshacerse de trabajadores
En el reciente concurso convocado por la Xunta para reestructurar diversas líneas de autobús en toda Galicia la empresa Arriva Noroeste, filial gallega de la multinacional del transporte de viajeros, perdió a manos de Autos Morán, con sede en Mondoñedo, el servicio que venía prestando en la costa de Lugo. El Gobierno gallego estableció que, cuando hubiese cambio de concesionarias, los trabajadores que venían prestando los servicios en cuestión fuesen asumidos por las nuevas adjudicatarias. Sin embargo, Morán rechazó asumir todos los empleados que le remitió Arriva argumentando que el listado elaborado por esa empresa estaba inflado, lo que dejó a una docena de trabajadores en un limbo legal después de que la multinacional los diese de baja. Ahora, además de las acciones iniciadas por los propios empleados, la Justicia ha admitido a trámite una querella de Morán contra Arriva y el Gobierno gallego dice que el documento con el que la empresa comunicó los trabajadores a transferir “no se corresponde” con lo reflejado en otra documentación de la propia firma.
En el concurso convocado el pasado verano por el Gobierno gallego para replantear líneas de bus en un total de 41 zonas de Galicia, motivado por una condena previa del Tribunal Supremo contra la Xunta y que desembocó en una huelga que el propio Feijóo consideró un cierre patronal, cada empresa sólo podía aspirar a un máximo de diez contratos. De las empresas que ya estaban operando previamente en esas zonas, la principal ganadora fue Monbus, que obtuvo el máximo de diez contratos, seguida por Arriva, que obtuvo tres concesiones en el norte de las provincias de A Coruña y Lugo, área en la que ya venía trabajando (A Coruña-Lugo, Betanzos/Eume y Lugo noroeste y Terra Cha). Sin embargo, Arriva no fue capaz de ganar el contrato correspondiente a la zona de la Mariña lucense, en la que era la anterior concesionaria pero que tras el concurso fue a parar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Autos Morán y Autocares Rodríguez Domínguez.
La Xunta impuso la condición de que, cuando cambiase la concesionaria, la nueva subrogase los trabajadores que venían prestando para la vieja esos mismos servicios. Fue en ese contexto en el que el director general de Arriva Noroeste, Juan Manuel Gómez Piña, remitió al Gobierno gallego un documento en el que “certifica” que una docena de conductores que trabajaban en las líneas que habían cambiado de concesionaria debían ser subrogados por Morán.
Arriva dio de baja a los trabajadores pero Morán no dio de alta a todos sino a una parte argumentando que estos realmente no realizaban para la primera empresa esos servicios, que eran prestados por muchos menos empleados. Los trabajadores quedaron en un limbo legal, inicialmente sin poder siquiera cobrar el paro hasta que medió la Xunta. Esta también abrió un expediente a Morán con la amenaza incluso de retirarle la concesión y devolvérsela a Arriva, mientras los sindicatos denunciaban lo que consideraban una maniobra de esta empresa para deshacerse de empleados sin ningún coste.
Ante esta situación Morán presentó una querella contra Arriva, que ahora ha sido admitida a trámite, por los delitos de falsificación de certificado, estafa, alteración de precios en concurso público y contra los derechos de los trabajadores. Al tiempo, el expediente abierto por la Xunta contra Morán ha dado la vuelta y las pruebas recogidas por el Gobierno gallego avalan la versión de la nueva adjudicataria, que seguirá prestando el servicio.
La Xunta dice que el certificado de Arriva con el listado de trabajadores puesto en cuestión por Morán “no se corresponde” con otros documentos sobre esas mismas líneas de transporte facilitados por la propia empresa. Además, según fuentes consultadas por este diario, inspectores de la Xunta comprobaron en los sistemas informáticos de gestión del transporte que conductores a los que Arriva atribuía la prestación de los servicios que cambiaron de concesionaria hacía meses que no trabajaban en ellos.
La Xunta no aclara si va a tomar alguna medida contra Arriva y destaca que su prioridad es que los trabajadores vuelvan a trabajar. Mientras, diversas fuentes consultadas indican que el problema de base del actual conflicto está en los errores que presentaban los pliegos de condiciones elaborados en su momento por la Xunta cuando sacó a concurso el servicio.
Este diario se puso en contacto con el gabinete de comunicación de Arriva para pedirle su versión de los hechos pero esta rechazó hacerlo.
