El recorte al hospital de Lugo alimenta la tormenta interna en el PP
En 2011 el PP tenía el viento a favor ante las elecciones municipales, también en Galicia. La crisis económica y el tremendo desgaste sufrido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsaban a los conservadores hacia una gran victoria y por eso aspiraban a recuperar plazas que se habían tornado inexpugnables para ellos. Lugo era uno de los objetivos señalados en la agenda de los de Alberto Núñez Feijóo: cuatro años después del fin del cacharrismo en la Diputación y tras doce años de Xosé López Orozco en la Alcaldía capitalina de la provincia, apostaban por regresar triunfantes. Por eso no escatimaron esfuerzos en esa contienda electoral y por eso, también, hicieron la pegada de carteles de la campaña en la ciudad de Lugo. Tres años y medio después y a las puertas del año electoral, los conservadores lucenses tienen ante sí un panorama más tormentoso, en el que los conatos de crisis interna son alimentados con la indignación que, en diversos ámbitos de la sociedad lucense, está provocando el recorte de la iniciativa legislativa popular (ILP) para dotar al Hospital Lucus Augusti (HULA) de los servicios de hemodinámica 24 horas, radioterapia y medicina nuclear.
En el ámbito puramente interno la batalla saltó a la esfera pública cuando, en pleno puente de diciembre, la actual delegada provincial de la Xunta y ex alcaldesa de Sober, Raquel Arias, colocó en la prensa su intención de postularse como candidata del PP a presidir la Diputación de Lugo en caso de que los resultados municipales lo permitan. El paso adelante fue leído no solo como un menosprecio a la actual portavoz popular en la institución provincial, Elena Candia, sino también como una réplica del pulso protagonizado entre 2005 y 2006 por el actual portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro y Alberto Núñez Feijóo para sustituir a Manuel Fraga en el liderazho del PPdeG y, en última instancia, como una reedición de la tensión entre boinas y birretes, entre el PP más rural y el más urbano y enraizado en la madrileña calle de Génova, el de Feijóo.
Como era de esperar, la tensión interna se negó oficialmente, también por boca de Candia que, no obstante, aprovechó una rueda de prensa para acompañar una respuesta ritual, “estoy a disposición del partido”, con otra que sonó a advertencia: “puedo afirmar que tengo el apoyo mayoritario de alcaldes y portavoces”. En este punto entró en escena Barreiro, presidente provincial del partido, que atribuyó a la “imaginación acentuada” de algunas personas que haya “una candidata de Feijóo”, Arias, y “otra, de Barreiro”. Así todo, aprovechó, en respuesta a Europa Press, para explicar que Raquel Arias le había preguntado por la posibilidad de que él mismo volviera a ser candidato a ocupar la presidencia que ahora ejerce el socialista José Ramón Gómez Besteiro. Le dije que no me parecía coherente“ porque ”hay outra persona votada por los diputados provinciales que hace la tarea con brillantez“, esto es, Elena Candia.
El hospital erosiona a Castiñeira
En este clima de tensión, y mientras Feijóo señala que “las dos son compañeras muy preparadas” y que ambas “hablaron primero con el presidente provincial y luego, conmigo” sobre sus intenciones, llegó la pasada semana el debate final de la ILP del hospital. En esa sesión parlamentaria el PP sacó adelante las enmiendas que, en la práctica, vacían de contenido la propuesta ciudadana, dilatando plazos y difuminando los compromisos que el propio presidente de la Xunta asumió en la inauguración del HULA, en febrero de 2011. Para aprobar el recorte hicieron falta todos los votos del Grupo Popular y, por lo tanto, también el de Jaime Castiñeira, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Lugo y quien, excepto sorpresa mayúscula, repetirá como candidato a la Alcaldía.
Veinticuatro horas después de ser objeto de duras críticas de oposición y grupos vecinales por colaborar en el tijeretazo a una ley que él mismo había defendido, Castiñeira emitió un comunicado para asegurar que “en tres meses” quedaría “resuelto” el concurso público “en el que se incluye la instalación de radioterapia y medicina nuclear”. “Los lucenses tendremos los servicios que merecemos, por mucho que le pese al PSOE”, al que acusa de “ruín, mezquino” y “miserable” por “hacer política de la enfermedad”. La contundencia de Castiñeira se topó pocos días después no con los socialistas o con otro partido, sino con la conselleira de Sanidad, Rocío Mosquera, que en una entrevista a la Radio Galega prolongaba los plazos para la entrada en funcionamiento de estos servicios hasta finales de 2016, aun más allá de los 18 meses que marca la versión recortada de la ley y media década después de lo prometido por Feijóo.
Castiñeira respondió a la desautorización de su compañera de partido con un nuevo comunicado, diciendo confiar en que las palabras de Mosquera se traten de un “malentendido”, porque “los nueve diputados de la provincia votamos la ley con un plazo de 18 meses y de ahí no vamos a permitir ni un día más de retraso”. Mientras tanto, colectivos vecinales, colegios profesionales, sindicatos y partidos políticos anuncian nuevas movilizaciones en defensa de los servicios para el hospital y centran sus reproches en un debilitado Castiñeira, sobre quien sus adversarios empiezan a ver cernirse el riesgo de que pueda llegar a ser sustituido en el cartel electoral del PP por otro candidato menos erosionado por este asunto. Sea como fuere, el incendio continúa vivo y no parece que se haya sofocado, al menos de momento, toda vez que la cuestión del HULA retornará al pleno de la Diputación lucense el próximo día 30, cuando se prevé que la mayoría de PSdeG y BNG apruebe una moción promovida por Besteiro en defensa de los servicios del hospital y pidiendo la “inmediata dimisión” de la conselleira Mosquera.
