La Xunta justifica que sigue pagando los gastos del piso del fiscal jefe de Ourense para que no la acuse de coacción
La Xunta sigue pagando los suministros del piso que desde su llegada al cargo a finales de 2004 ocupa el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, cuyo alquiler el Gobierno gallego dejó de abonar a su propietario en agosto de 2016. El fiscal no asumió el pago del alquiler y el propietario denunció a la Xunta, que argumenta que sigue pagando los servicios de la vivienda a la espera de que se resuelva el pleito sobre el alquiler para que el fiscal no la pueda acusar de coacción inmobiliaria. Precisamente el mismo fiscal jefe de Ourense se querelló hace unos meses contra cargos de la Xunta por acoso inmobiliario a una anciana inquilina de una vivienda de renta antigua propiedad autonómica.
A finales de 2004 la Xunta decidió asumir el alquiler de una vivienda para el fiscal jefe de Ourense que acababa de tomar posesión del cargo. Tanto en 2007 como en 2010 el Gobierno gallego le avisó de su intención de dar por finalizado aquel contrato y esa “ventaja”, como la denomina, de la que disfrutaba, pero el fiscal no dejó el piso. A pesar de eso, no fue hasta agosto de 2016 que la Xunta dejó de pagar el alquiler. Tampoco así el fiscal dejó el piso y ahora su propietario reclama judicialmente los retrasos desde entonces al Gobierno gallego. El pleito está pendiente de resolverse y en él la Xunta considera que ya no está ligada a aquel contrato y que debe ser el propietario quien inste al fiscal a abandonar el piso, insinuando que “si lo que existe es un pacto tácito entre arrendador y ocupante para mantener los efectos del contrato, eso no puede afectar a la administración autonómica ni obligarle a pagar la renta”.
Sin embargo, a pesar de dejar de pagar el alquiler, la Xunta ha seguido abonando los servicios del piso, según avanzó Faro de Vigo. La explicación que da el Gobierno gallego este diario es que lo hace para que el fiscal no la pueda acusar de coacción. “Dado que la administración autonómica ha requerido al ocupante del inmueble [el fiscal] para que abandone la vivienda y este se ha negado, cuestionando la resolución del contrato, debe evitarse cualquier conducta de la administración que pueda entenderse como una forma de coacción ilegítima al ocupante para forzarlo a abandonarla”. La Xunta dice que “la conducta de no abonar los suministros podría entenderse como una coacción inmobiliaria” y añade que “si la autoridad judicial determina que la administración resultaba obligada al pago de la renta, cabe entender que también venía obligada al pago de los suministros”. Por el contrario, dice, si la justicia considera que la Xunta finalizó el contrato de alquiler correctamente, ésta podrá “reclamar el importe de esos gastos al ocupante de la vivienda”.
Precisamente por un caso de presunto acoso inmobiliario el fiscal jefe de Ourense se querelló hace unos meses contra dos cargos de la Xunta. Consideró que estaban dificultando la vida de una anciana residente en una vivienda de renta antigua en un edificio propiedad de la Xunta para forzarla a abandonar el inmueble. Según el escrito del fiscal en aquel caso, en el que acusó a la Xunta de dejar de realizar tareas de mantenimiento en el edificio, “dejando de cumplir los deberes de la propiedad intentaban presionar en los inquilinos para el desalojo”.
