Los ambientólogos se unen a la defensa del suelo rústico frente a la “construcción descontrolada” de PP y Vox en Balears

El Colegio Profesional de Licenciados y Doctores en Ciencias Ambientales de Balears (Coamibib) se ha sumado a la defensa del suelo rústico efectuada esta semana por el Colegio Oficial de Arquitectos (Coaib) y han alertado, frente a flexibilización urbanística que contempla la ley de liberalización del suelo aprobada recientemente con los votos de PP y Vox, de que la construcción “descontrolada” supone una amenaza para los valores naturales y territoriales.

Los ambientólogos se han alineado así con la preocupación de los arquitectos acerca del impacto de esta práctica al amparo de la nueva normativa, concretamente en las denominadas áreas de transición -consideradas suelo rústico en la actualidad-, además de los perjuicios que supondrá sobre el modelo territorial, los recursos naturales, la biodiversidad y el paisaje.

Como señalan en un comunicado, el suelo rústico cumple con la función de ser una reserva de biodiversidad, espacio de recarga de acuíferos, áreas de producción agroecológica y ser un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Permitir o fomentar la construcción de nuevas viviendas en estos espacios, “muchas veces con una justificación legalmente cuestionable”, implicará “una presión ambiental inasumible” y acelerará la “fragmentación” del territorio.

Esta realidad, consideran desde el Coambib, debería ser objeto de un análisis riguroso a través de procedimientos de evaluación e impacto ambiental, instrumentos jurídicos que no solo son en muchos casos obligatorios sino que son “fundamentales” para valorar los efectos acumulativos y sinérgicos de este tipo de desarrollos.

“Los criterios ambientales deben de formar parte central de la planificación territorial y urbanística, no pueden ser relegados a un segundo plano por intereses puntuales o dinámicas de mercado. El crecimiento dispersos y desordenado del suelo rústico implica un sobrecoste ambiental y económico en infraestructuras, transporte, consumo energético y servicios públicos que acaban pagando toda la ciudadanía”, advierten.

Teniendo en cuenta estos aspectos, desde la institución colegial han puesto en valor el trabajo de los profesionales del sector para garantizar una “visión global y transversal” en la evaluación de los proyectos urbanísticos y han reclamado que se refuercen los mecanismos de control, planificación y evaluación ambiental “desde los ayuntamientos hasta las instituciones autonómicas”. “El futuro de nuestro territorio no puede quedar hipotecado por decisiones que no tienen en cuenta los impactos ambientales ni el principio de sostenibilidad”, han sentenciado.

Por todo ello, instan a las administraciones públicas a actuar con responsabilidad y valentía y “frenar la urbanización encubierta” del suelo rústico y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.

En concreto, la 'ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos' recién aprobada contempla liberalizar suelo y construir 20.000 nuevas viviendas en Palma, si bien populares y extrema derecha prevén extenderla a los 24 municipios del archipiélago que cuentan con más de 10.000 habitantes. En otros 13, con más de 20.000 residentes, y siempre que así lo decidan los ayuntamientos, se podrá recalificar suelo rústico para llevar a cabo más edificaciones. Por exigencia de los de Santiago Abascal, la normativa permitirá, también con la última palabra de los consistorios, construir en suelo rústico sin necesidad de haber agotado el urbanizable.

El PP dio además apoyo a una enmienda de Vox con la que se permitirá legalizar centenares de edificaciones construidas en suelo rústico de la Serra de Tramuntana -el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO-, cuya infracción haya prescrito, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección. Una regularización que alcanzará incluso a las viviendas erigidas fuera de ordenación antes de 1991, año en que fue aprobada la ley de espacios naturales, que introdujo mayores restricciones en materia medioambiental ante la urgente necesidad de preservar el patrimonio natural y paisajístico de las islas.

La norma flexibiliza así las restricciones urbanísticas y permitirá recalificar suelos rústicos en determinadas condiciones con el objetivo, según defiende el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. Mientras en el hemiciclo se debatía la nueva ley, más de 200 personas convocadas por entidades ecologistas y plataformas ciudadanas se concentraban a las puertas de la Cámara para protestar contra un texto que, denuncian, pone en riesgo el territorio balear y reduce los controles públicos en un momento de creciente saturación turística y falta de recursos.