Multan a una alcaldesa del PP en Mallorca por increpar a varios guardias civiles: “No merecéis vestir ese uniforme”

Lo que comenzó con un alto de la Guardia Civil por exceso de velocidad ha derivado en la apertura de un expediente sancionador contra la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), por encararse con cuatro agentes que le ordenaron detener su vehículo mientras atravesaba una rotonda. El expediente, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que durante la actuación policial se enfrentó a los funcionarios y cuestionó su labor con frases como “no merecéis vestir ese uniforme”, “no sabéis hacer vuestro trabajo” y “esta tierra no exige mucho”. La primera edil, sin embargo, asegura que no les faltó al respeto y ha interpuesto recurso de alzada ante el Ministerio del Interior.

Los hechos, avanzados por la Cadena Ser, tuvieron lugar en agosto de 2025, cuando los agentes se encontraban prestando servicio de prevención de la seguridad ciudadana en la glorieta que converge con la carretera que une los municipios de Felanitx y Campos (MA-5120). De acuerdo al oficio del Instituto Armado, los efectivos dieron el alto al coche que conducía Soler por circular “a una velocidad ostensiblemente superior a la permitida” en un tramo limitado a 40 km/h. La alcaldesa, según el relato policial, profirió entonces expresiones que habrían desacreditado la intervención de los agentes, quienes aseguran, además, que Soler insistió, “en tono amenazante”, en su condición de alcaldesa, “presionando a la fuerza actuante en el desempeño de su función”.

Tras tener conocimiento de la apertura del expediente, la primera edil tildó de “absolutamente falso” haber faltado respeto a los efectivos de la Guardia Civil, asegurando que en ningún momento profirió expresiones ofensivas o injuriosas y que su comportamiento fue correcto en todo momento, limitándose a interesarse por el motivo de la intervención: “Me sorprende profundamente que se haya podido interpretar mi comportamiento como una falta de respeto”, incide la histórica dirigente del PP, quien asegura ser “plenamente consciente del respeto que merece la autoridad”.

La alcaldesa señala que, en cambio, sí que se sintió “intimidada por un abuso de poder por parte de los agentes”, quienes -siempre según la versión de Soler- mostraron “un comportamiento y un tono de voz” con lo que, dice, no se sintió “cómoda en ningún momento”. Asegura que la situación se tensó cuando solicitó realizar una llamada telefónica y no se le permitió hacerla, un extremo que los funcionarios niegan de plano. Éstos precisan que, tras preguntarles si podía efectuar la llamada, le informaron de que “debido a que se encuentra en un control policial, a efectos de que se desarrolle el mismo en el menor tiempo posible se le recomienda que proceda una vez el mismo haya finalizado”.

La primera edil cuestiona incluso el motivo inicial del alto: asevera que circulaba a la velocidad permitida, deslizando a continuación: “¿Cuál es el medio probatorio que demuestra esta 'velocidad ostensiblemente superior' a la permitida que indican los agentes?”. Soler incide en que el procedimiento sancionador “se basa exclusivamente en la versión de los agentes actuantes” y que no hay grabaciones, testigos independientes ni otros elementos objetivos que corroboren los hechos.

En otro escrito, la alto cargo del PP reitera que “en ningún momento existió intención de eludir la autoridad ni de poner en peligro la integridad de los agentes”, si bien argumenta que, en caso de que se hubieran producido manifestaciones verbales críticas, éstas estarían amparadas por el derecho a la libertad de expresión, “máxima si dichas expresiones no incurren en insulto o desprecio directos, sino que reflejan una opinión crítica o una protesta personal”.

Multa de 100 euros

Tras recibir las alegaciones de la edil, la Delegación del Gobierno dio traslado a los cuatro agentes, quienes ratificaron por escrito su versión y dejaron constancia de que “sin lugar a dudas” habían escuchado los comentarios ofensivos de Soler contra ellos. La posterior resolución del organismo dependiente del Ejecutivo central considera acreditados los hechos sobre la base de dicha ratificación y recuerda que las denuncias de los agentes gozan de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, por lo que decidió imponer una multa de 100 euros a la alcaldesa al considerar acreditadas las “faltas de respeto y consideración” hacia los efectivos de la Benemérita.

El documento, firmado en agosto de 2025, concluye que los hechos encajan en el artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica como infracción leve las faltas de respeto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones. La primera edil decidió interponer un recurso de alzada en el que cuestiona la proporcionalidad de la sanción y denuncia la “omisión de pruebas solicitadas”, entre ellas la declaración individual de los agentes actuantes y la incorporación de cualquier soporte gráfico o documental que pudiera existir.

Después de la Cadena Ser informase sobre el expediente, Soler ha salido al paso en redes sociales asegurando que la multa de 100 euros es “de tráfico”, a pesar de que la propia resolución de la Delegación del Gobierno, que la alcaldesa adjuntó junto a su recurso de alzada, la tipifica explícitamente como una sanción por faltar al respeto a los agentes. “Yo, en Delegación del Gobierno solo tengo, que sepa, una multa de tráfico. Se ve que la Cadena Ser ha recibido información de Delegación de Gobierno sesgada sobre esta multa con el ánimo de hacerme daño, personal y políticamente. Si es así, es un delito”, concluye en una publicación en X. El expediente continúa ahora su tramitación en vía administrativa a la espera de la resolución de su recurso.

Se da la circunstancia de que Soler fue recientemente investigada a raíz de la denuncia que un policía local de Felanitx interpuso contra ella por supuesta resistencia y desobediencia a agente de la autoridad. El Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor, sin embargo, acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al considerar que los hechos denunciados no quedaron debidamente justificados.

La denuncia se enmarcaba en el cruce de acusaciones que el funcionario y la alcaldesa protagonizaron el pasado verano a raíz de un informe redactado por el primero, en el que acusaba a Soler de haberla amenazado durante la celebración de la Festa del Vi de Portocolom del pasado 12 de julio. Desde el primer momento, la primera edil negó los hechos relatados por el oficial, incluido que fuera “borracha”. “Bebí una copa de vino en toda la noche”, aseguró en la comparecencia que ofreció ante los medios después de que la oposición reclamara su dimisión.