Atención, españoles: estos serán los nuevos requisitos para irse a trabajar a Reino Unido tras el Brexit

Reino Unido planea cerrar sus fronteras a los trabajadores extranjeros poco cualificados y a los que no hablan inglés como parte de una polémica reforma que endurece las leyes de inmigración y supone el mayor cambio estructural en su mercado laboral en décadas. El Gobierno británico ha asegurado que, con esta modificación, pondrá fin a años de “mano de obra barata” procedente de la Unión Europea en fábricas, hoteles y restaurantes. A partir de 2021, según su proyecto, los inmigrantes europeos y los del resto del mundo que quieran vivir en Reino Unido serán tratados con el mismo rasero.

Este miércoles, el Ejecutivo de Boris Johnson ha detallado en un documento político algunos de las líneas básicas que desarrollará en el proyecto de ley que pretende que se apruebe en el Parlamento en los próximos meses. El núcleo de los planes del Gobierno es crear un sistema de puntos, parecido al vigente en Australia, para poder optar a solicitar un visado de entrada en el país

Si se cumplen los planes del Ejecutivo, los cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. Es decir, una vez haya concluido el periodo de transición del Brexit, en el que Reino Unido continúa manteniendo la libre circulación de personas para ciudadanos de la UE. En el documento, hace breves referencias a los europeos que ya están en el país, que tienen derecho a quedarse y trabajar “sin restricciones” tras la salida de la UE, aunque tienen que que registrarse en el programa de asentamiento. Hasta finales de enero, ha habido 3,2 millones de solicitudes. Los ciudadanos de la UE tienen hasta el 30 de junio de 2021 para inscribirse, y, como “medida de transición”, el Gobierno establece que los empresarios acepten sus pasaportes y DNI “como prueba de permiso” hasta esta fecha.

Quienes quieran obtener un permiso para entrar en el país para trabajar a partir de enero del año próximo, podrán hacerlo siempre y cuando superen los requisitos que les imponen las nuevas normas de inmigración. Todos los extranjeros, ya procedan de la UE o no, tendrán que demostrar que tienen una oferta de trabajo de una empresa certificada, que la oferta esté al nivel de las habilidades requeridas y que hablan inglés al nivel requerido.

Sin embargo, estas condiciones no son suficientes. En total, para tener derecho a solicitar la entrada en Reino Unido, hay que obtener 70 puntos en el sistema diseñado por el Gobierno. Estos tres requisitos obligatorios solo suman 50. En la mayoría de los casos, el trabajador deberá cobrar un salario de 25.600 libras o más (cerca de 30.600 euros) al año, lo que añade los 20 puntos necesarios para alcanzar el mínimo. Se trata de una reducción respecto a las 30.000 libras que se exigen ahora a los extranjeros no comunitarios.

No obstante, se podrá entrar en el país si se va a cobrar un mínimo de 20.480 libras en sectores especiales en los que puede haber una escasez de trabajadores (un criterio que añade 10 puntos más), como la enfermería, o si tienen un doctorado en “materia relevante” para el puesto de trabajo (10 puntos).

A priori, por ejemplo, un camarero español que tiene una oferta de trabajo en un hotel por 20.000 libras (unos 24.000 euros), tiene un grado universitario en idiomas y habla inglés con fluidez, en la actualidad puede trabajar en Reino Unido bajo las reglas de la libre circulación. Desde enero de 2021, cumpliría los tres requisitos obligatorios -oferta de trabajo, habla inglés y ha cumplido el umbral de educación- por lo que obtendría 50 puntos. Pero no puntúa ni por sueldo, ni por doctorado, ni por tratarse de un sector con escasez de ocupación. Por lo tanto, no puede entrar al país.

Con la reforma, el Gobierno da un portazo a las personas extranjeras no cualificadas y que no hablen inglés. Tampoco abre una ruta para los trabajadores autónomos, lo que significa el fin, por ejemplo, de los fontaneros o los albañiles de países de la UE que llegan sin trabajo a Reino Unido.

El Gobierno: “Retomaremos el control de las fronteras”

El Ejecutivo de Johnson no esconde la intencionalidad política de la propuesta, asegurando que permitirá que Reino Unido “retome el control” de su política migratoria “por primera vez en décadas”. Se trata de uno de los argumentos más repetidos por los partidarios de la salida de la UE, que se impusieron en el referéndum de 2016.

“Durante demasiado tiempo, un sistema migratorio distorsionado por la libertad de movimientos europea ha fallado a la hora de cumplir con las necesidades de los británicos”, describe el documento, en el que también promete que, con sus planes, “reducirán los niveles generales de migración” y dará “la máxima prioridad a aquellos con las más altas habilidades y los mayores talentos: científicos, ingenieros, académicos y otros trabajadores altamente cualificados”.

“Lo adecuado es que la gente hable inglés antes de venir a nuestro país” y que “tengan una ruta patrocinada, ya sea a través de un empleo o bien de una institución académica”, ha defendido la ministra de Interior, Priti Patel. “Eso significa que tendremos un sistema global que no discriminará entre los ciudadanos europeos y no europeos, y significará básicamente que los mejores y los más brillantes podrán venir al Reino Unido y traer aquí su talento, que reconoceremos con un sistema de puntos”, ha agregado.

Este sistema fue una de las promesas estrellas del Partido Conservador para las elecciones del pasado diciembre, en las que Johnson arrasó con una amplia mayoría absoluta. Australia mantiene un modelo parecido, en el que los aspirantes deben superar un umbral determinado de puntos en función de criterios como el nivel de inglés y educativo o la experiencia laboral. Otros dirigentes como Donald Trump han coqueteado con implantar este sistema.

Ola de críticas: “La propuesta se basa en la xenofobia”

El proyecto de los conservadores británicos ha desencadenado una ola de críticas a lo largo de este miércoles tanto en la oposición y las organizaciones sociales, como en sectores empresariales que se nutren de trabajadores extranjeros.

Los laboristas han afirmado que “será un desastre para la economía y el empleo, incluido el sector de los servicios sociales”. “Debe reconocerse la importancia de los trabajadores sociales y el trabajo vital que realizan”, han afirmado. “La mayoría de la gente que viene ahora a Reino Unido ya habla inglés. ¿Vamos realmente a vetar a genios de las matemáticas porque su nivel de inglés no sea aceptable? Es inhumano y dañino”, ha dicho la portavoz laborista Diane Abbott. Por su parte, los “lib-dem” consideran que la propuesta está “basada en la xenofobia”, no en “las necesidades económicas y políticas de nuestro país”.

Los empresarios del sector industrial han advertido del impacto de la medida argumentando la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de fábricas. Desde la patronal, la Confederación de la Industria Británica (CBI) han celebrado algunas de las medidas del nuevo sistema, pero se muestra preocupada por el impacto en sectores como la atención médica, la construcción, la hostelería y la alimentación.

“Los empleos que el Gobierno considera 'poco cualificados' son vitales para el bienestar y el crecimiento empresarial”, ha asegurado Tom Hadley, director de políticas de la Confederación de Reclutamiento y Empleo. “El anuncio amenaza con excluir a las personas que necesitamos para proporcionar servicios en los que el público confía. Necesitamos acceso a trabajadores que puedan ayudarnos a cuidar de los ancianos, construir casas y que la economía se mantenga firme”.

Por su parte, el sindicato Unison, que representa a los trabajadores sanitarios, ha dicho que la medida “encarna un desastre absoluto para el sector de la atención médica”. También han surgido voces contrarias en el sector de la hostelería. “Descartar una ruta de migración temporal y de baja cualificación en tan solo 10 meses sería desastroso para el sector de la hospitalidad y el pueblo británico”, ha afirmado directora general de UKHospitality, Kate Nicholls.

Asimismo, ONG como Amnistía Internacional se han sumado a las críticas, apuntando que aunque el sistema migratorio británico “necesita una reforma urgente” esta no es la dirección. “Este anuncio solo promete más años de la misma hostilidad que perjudica a las mujeres, hombres y niños inmigrantes”, ha dicho Steve Valdez-Symonds, director de Derechos de los Refugiados y Migrantes de la rama británica de AI. La organización considera que la propuesta “no muestra ningún reconocimiento o respeto por la contribución vital que hacen a la economía muchas personas que vienen a este país sin los privilegios de la riqueza y la educación superior”.

En los mismos términos se ha manifestado la Red por los Derechos de los Migrantes, que ha cuestionado en Twitter que “la gente no es 'no cualificada' cuando trabaja en sectores como el de la atención sanitaria o en cualquier otro lugar” y considera “un absoluto insulto” etiquetar a la gente como tal. “¡La propuesta [del Gobierno] olvida lo mucho que Reino Unido se beneficia de los migrantes económicamente y culturalmente!”, zanjan.

“Esto es un endurecimiento de un sistema de inmigración que ya está construido sobre el elitismo”, ha escrito la investigadora experta en racismo Maya Goodfellow. “Hay una muchas cosas sencillas que se pueden hacer si se quiere de verdad que esto vaya sobre la gente: reducir las astronómicas tasas que la gente debe pagar para solicitar vivir aquí en lugar de aumentarlas, que vuelva la asistencia jurídica o garantizar que haya rutas seguras de paso para las personas que solicitan asilo, para que no tengan que escalar por debajo de los camiones para tratar de llegar aquí”. Los organismos especializados insisten en que la falta de vías legales pone en riesgo a quienes tratan de migrar, que se ven abocados a tomar rutas más peligrosas.

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Con información de The Guardian