El Gobierno de México denuncia a 11 empresas de armas de EEUU por facilitar el tráfico ilícito

El Gobierno mexicano anunció este miércoles una “inédita” demanda contra 11 empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos, a las que acusa de negligencia por facilitar el tráfico ilícito y detonar así la violencia en el país.

El recurso se interpuso en una corte federal de Boston (EEUU) contra algunas de las compañías de armas más grandes de ese país, como Smith & Wesson, Colt, Barrett Firearms y Sturm, Ruger & Co, entre otras, para que reparen el daño y garanticen la no repetición.

“¿Cuál es el objetivo? Primero, que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia será determinado en el juicio”, expuso el ministro mexicano de Exteriores, Marcelo Ebrard, al presentar la demanda.

Más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17.000 homicidios anuales y de daños equivalentes al 1,5% del PIB, según datos presentados por la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores.

Ebrard incluso acusó a los fabricantes de “estar desarrollando diferentes modelos para el narco”. “Los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de uso”, expresó el secretario.

La demanda se presenta cuando México ha registrado los dos años más violentos de su historia coincidiendo con los primeros dos años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 34.681 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020. La tasa de homicidios se mantiene en su nivel más alto de la historia desde 2018, con 29 por cada 100.000 habitantes, reveló la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por ello, la demanda “es correcta, oportuna, valiente y justa”, opinó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal. “No es solo la reparación del daño, sino evitar que se siga generando esta tragedia de violencia que vive México. Yo estoy seguro de que muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso ilegal y la introducción ilegal de armas a nuestro país”, manifestó.

Aunque el canciller se mostró seguro de “ganar el juicio”, se espera un “proceso largo” y de “bastante tiempo”, opina Emerson Segura, asesor parlamentario en el Senado y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

“Esta demanda no va a ocasionar que haya menos armas y que en poco tiempo la violencia disminuya en México. Todo eso me parece poco realista, pero sin duda es un tema que entraña algo muy importante en la relación bilateral, que es la seguridad y el narcotráfico”, dice el analista. La demanda “es una manera de reincorporar una agenda política del canciller que había estado un poco abandonada”.

El proceso judicial se presenta un día después de la visita de Ebrard a El Paso, donde hace dos años murieron 23 personas, nueve de ellas mexicanas, en un ataque racista.

México ha puesto en marcha una agenda para condenar los crímenes de odio, el racismo y el supremacismo blanco desde la presidencia de Donald Trump (2017-2021).

“Lo relevante es que encontraron una vía de presión que solo es viable con un gobierno demócrata. Esto con Trump habría sido impensable”, dice Segura. Exteriores ha destacado que la demanda no es contra el Gobierno de Estados Unidos, al que ha agradecido su cooperación en el tema bajo la Administración de Joe Biden. “No preveo yo ningún tipo de diferencia diplomática con los Estados Unidos”, dijo Ebrard.

Pero el recurso llega cuando ambos países ya afrontan otros roces, en particular por el respeto a las reglas comerciales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El tema de las armas es muy grande y complejo en Estados Unidos, así que más allá de verlo como un acierto, se suma a una lista que tiene que resolver y sobre la que pronunciarse el Gobierno de Joe Biden. No creo que lo vean con muy buenos ojos”, dice Segura.

En su denuncia, el Gobierno mexicano pide a las empresas de armas que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, incluido herramientas para prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas. También que costeen estudios, programas, campañas en medios y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas y que las empresas cesen de inmediato las supuestas prácticas negligentes que ocasionan daño y que podrían ocasionar daños en México. El Gobierno mexicano alega que los demandados tienen conocimiento pleno de que sus prácticas comerciales generan tráfico ilícito de armas a México y que facilitan ese tráfico.