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La ONU urge a Nauru a investigar los abusos a menores refugiados

Un niño muestra un cartel en el centro de detenciones de Nauru // Facebook: Free the Children NAURU

Helen Davidson

El gobierno de Nauru debe tomar “medidas de inmediato” para investigar todas las acusaciones de maltrato, abuso y agresión sexual contra niños refugiados y solicitantes de asilo, según ha indicado la ONU en un informe sobre el país isleño del Pacífico.

Los archivos de Nauru: 2.000 informes filtrados revelan abusos a niños refugiados en Australia

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El informe aparece tras la audiencia del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, el cual ha revisado la situación de los menores en Nauru. Muchos de sus hallazgos o conclusiones se refieren a los menores refugiados o solicitantes de asilo retenidos o acogidos en la isla como parte de su acuerdo con Australia para controlar las llegadas de embarcaciones.

El comité ha concluido que el gobierno de Nauru había aceptado de Australia menores solicitantes de asilo “sin tener en cuenta sus intereses”. El acuerdo entre ambos países también fracasa en este sentido, ha señalado.

También se han criticado las restricciones a los grupos de la sociedad civil y los medios de comunicación en el país y la ONU se ha mostrado preocupada por la intimidación que reciben algunas organizaciones internacionales.

The Guardian publicó este año miles de documentos filtrados de dentro del centro de detención de Nauru, donde se detallaban golpes y abusos generalizados, incluido a niños.

Los hallazgos fueron desestimados por los gobiernos de Australia y de Nauru por tratarse solo de acusaciones y del pasado, a pesar de que las informaciones incluían testimonios de primera mano de empleados del centro hasta octubre de 2015.

Este viernes, el comité de la ONU ha pedido al gobierno de Nauru que tome “acciones inmediatas para investigar de forma independiente las acusaciones de maltrato, abuso y agresión sexual” contra los menores refugiados y solicitantes de asilo y contra menores nauruanos.

El comité es consciente de los esfuerzos de Nauru por desarrollar un sistema de protección infantil, pero ha expresado su preocupación por la capacidad limitada de la fuerza policial para investigar las acusaciones de abusos sexuales y violencia contra menores.

El comité también se ha mostrado preocupado por el “trato denigrante, inhumano, incluido físico, psicológico y abuso sexual, contra menores refugiados y solicitantes de asilo que viven en centros de detención regionales” y por informaciones sobre la intimidación y la violencia ejercida contra la población que vive en la comunidad.

También se ha criticado la falta de asistencia para la recuperación de niños que “sufren traumas previos a su llegada a Nauru y el consecuente impacto de vivir en condiciones próximas a la detención durante largos periodos de tiempo, lo que ha resultado en muchos casos en intentos de suicidio, inmolaciones a lo bonzo, depresiones y autolesiones”.

La ONU ha solicitado requisitos de información y formación obligatoria para todos los profesionales que trabajan con menores, así como medidas inmediatas de protección, prevención y rehabilitación. De forma separada ha instado a la creación de una base de datos nacional de violencia doméstica contra menores y una evaluación exhaustiva del alcance, causas y naturaleza de la violencia para poder desarrollar programas efectivos de prevención y protección.

El comité ha señalado que, a pesar de la reciente reforma legislativa, los castigos corporales continúan siendo amplia y socialmente aceptados y siguen siendo utilizados en los centros de detención.

Restricciones a periodistas y ONG

El comité ha expresado serias preocupaciones por las restricciones a organizaciones internacionales y periodistas para llevar a cabo investigaciones relacionadas con los derechos de los menores y por la intimidación ejercida contra ellos.

En este sentido, se ha recomendado al gobierno de Nauru que involucre a grupos de la sociedad civil en la creación de políticas y que cree “un ambiente de confianza y cooperación” con ONG y periodistas. El ejecutivo del país ha incrementado sus esfuerzos para intentar evitar que entren al país potenciales voces críticas.

A los periodistas se les está exigiendo el pago de una tarifa de 7.191 euros no reembolsables para la solicitud del visado y solo a dos periodistas australianos se les ha concedido el acceso desde entonces. En septiembre, Nauru no permitió el acceso a los centros de detención a una delegación política danesa que incluía miembros del parlamento parte de una misión de investigación sobre la política de inmigración australiana.

El mes pasado, el presidente nauruano, Baron Waqa, contó en la cumbre de refugiados y migrantes de la ONU que el sistema de control del país había proporcionado protección y al mismo tiempo debilitado el modelo de negocio de los traficantes de personas.

Waqa explicó que, aunque “la implementación de este modelo tiene sus problemas”, tiene un sistema de determinación justo y robusto que cumple con las directrices de ACNUR.

El comité de la ONU se mostró contento por la reciente ratificación de Nauru del Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Denigrantes, inhumanos o crueles, la Convención de los Derechos las Personas con Discapacidad y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres, así como piezas clave de la reforma legislativa y de políticas.

Aun así, el comité se ha mostrado preocupado por los esfuerzos mínimos o estancados en la implementación de la ley y las regulaciones internas.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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