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The Guardian en español

Yemeníes denuncian que agentes fronterizos les obligaron a renunciar a su residencia permanente en EEUU

Trump dice que el veto de viaje a siete países no es una "prohibición" contra los musulmanes.

Oliver Laughland / Joanna Walters

Dos hermanos yemeníes detenidos el pasado sábado por agentes de inmigración estadounidenses fueron obligados ilegalmente a renunciar a su 'green card' (permiso de residencia permanente en Estados Unidos) y forzados a volver a Etiopía, según han denunciado los afectados en los tribunales. El incidente se produjo tan solo unas horas después de la firma del decreto de Donald Trump que prohíbe la entrada al país a ciudadanos de siete Estados de mayoría musulmana.

Tareq Aziz, de 21 años, y Ammar Aziz, de 19, fueron esposados, detenidos y “forzados a firmar documentos que ni leyeron ni eran capaces de entender” y posteriormente metidos en un vuelo de vuelta a Addis Abeba unas horas después de llegar al aeropuerto internacional de Dulles, en Virginia, el sábado por la mañana, según sostienen los abogados. Los hermanos iban camino de Michigan para reunirse con su padre, Aqel Aziz, un ciudadano estadounidense radicado en Flint.

A ambos se les concedió la residencia permanente tras solicitar la 'green card' en la embajada estadounidense en Yibuti, el Estado de África oriental donde miles de yemeníes han huido durante la sangrienta guerra civil que azota su país.

Los hermanos Aziz, sostiene la demanda, fueron forzados a firmar el formulario I-407, mediante el cual renunciaron a su residencia permanente en Estados Unidos. Agentes de aduanas y protección fronteriza aseguraron falsamente que si no firmaban el formulario, se les prohibiría la entrada a Estados Unidos durante cinco años.

La demanda sugiere que hasta otros 60 individuos con el permiso de residencia permanente en Estados Unidos pueden haber sido ilegalmente obligados a firmar los formularios estando detenidos en aeropuertos estadounidenses. Trump ha señalado que en total se ha detenido a 109 personas como resultado del decreto.

Los hermanos firmaron los documentos y fueron expulsados del país tan solo unas horas antes de que un juez de Brooklyn fijase una suspensión de las deportaciones a nivel nacional para las personas llegadas a Estados Unidos con visado pero a las que se les impidió pasar por aduanas tras la orden de Trump.

Firmada el pasado viernes, la orden ejecutiva de Trump veta la entrada a refugiados, inmigrantes y viajeros de ciertos países de mayoría musulmana, Yemen incluido. También cierra las fronteras de forma indefinida a los refugiados que huyen de la crisis humanitaria en Siria.

Los abogados de los dos hermanos han declarado a the Guardian que tuvieron que dormir el lunes en el aeropuerto de Addis Abeba, Etiopía. Con un precario servicio de telefonía, ambos intentaron comunicarse con abogados estadounidenses.

“Se les concedió el estatus de inmigrante permanente y legal en Estados Unidos y todo se fue por la borda el sábado por la mañana”, afirma Paul Hughes, uno de los abogados radicados en Estados Unidos que representan a la pareja. “Ahora duermen en sillas en el aeropuerto de Addis Abeba, con sus mochilas y completamente desconcertados. Hasta nosotros estamos teniendo problemas para poder hablar con ellos”.

Hughes explica que los demandantes hablan inglés pero no se les dio acceso a asesoramiento legal en el aeropuerto de Dulles. La demanda sostiene además que ambos hermanos fueron forzados a pagar sus vuelos de vuelta a Addis Abeba.

Abogados que trabajan en nombre de la pareja argumentan que su caso revela un patrón de comportamiento “perturbador” por parte de los agentes de aduanas y protección de fronteras.

“Creemos que la agencia forzó ilegalmente a nuestros clientes, dos hermanos yemeníes, y a otras personas a firmar formularios administrativos para suspender sus derechos migratorios”, explica Simon Sandoval Moshenberg, director del departamento legal del programa defensor de la inmigración del Legal Aid Justice Center. “Sus firmas no fueron voluntarias”, añade. El Departamento de Seguridad Interior no ha respondido a las solicitudes de declaraciones de the Guardian.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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