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MADRID

La Fiscalía pide 23 meses de prisión para Isa Serra por "desórdenes públicos" al intentar parar un desahucio en 2014

Los altercados se produjeron en una protesta para parar el desahucio de una persona discapacitada en la calle Tribulete, situada en el barrio de Lavapiés

En el auto se acusa a Serra de insultar y lanzar objetos a los agentes, unos hechos que la diputada madrileña siempre ha negado

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La dirigente y diputad de Podemos, Isabel Serra, en la Asamblea de Madrid.

La diputada de Unidas Podemos, Isabel Serra, en la Asamblea de Madrid. Marta Jara / Madrid

La Fiscalía ha solicitado 23 meses de prisión para la diputada de Unidas Podemos-IU de la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por "la presunta comisión de un delito de desórdenes públicos, un delito de atentado y un delito de daños" durante un desahucio en 2014. Los hechos se produjeron antes de su condición de parlamentaria, el 31 de enero de 2014, cuando la ahora portavoz de Unidas Podemos en la Cámara madrileña participó en el impedimento de un desahucio.

La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) procesó el pasado 18 de noviembre a la diputada. El tribunal dictó auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para los delitos castigados con menos de nueve años de cárcel. Esta decisión era recurrible por las partes en el plazo de cinco días desde la notificación del auto. Era el paso previo a que se sienten en el banquillo de los acusados.

Los altercados se produjeron con motivo de un desahucio de una persona discapacitada en la calle Tribulete, situado en el barrio de Lavapiés. Cuatro personas fueron detenidas entonces por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Según detalla el auto de procesamiento, Isa Serra se encontraba junto con otras personas de la plataforma Stop Desahucios en las inmediaciones del cordón de seguridad que establecieron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado entre las calles Mesón de Paredes y Tribulete "con la intención de contener a quienes impedían el desalojo".

"Acabada la diligencia policial, y cuando los vehículos policiales se disponían a marcharse, personas presentes se enfrentaron a los agentes profiriendo insultos y lanzando objetos contundentes contra policías y furgonetas policiales. Resultado del lanzamiento de objetos, varios agentes fueron heridos y algunas furgonetas dañadas", recoge el auto del TSJM. "Isa Serra fue identificada como una de las personas que insultaba y lanzaba objetos contundentes, así como por llevar la voz cantante de un modo particularmente agresivo, animando a otros a que increpasen a los agentes", añade. Isa Serra siempre ha negado los hechos que se le imputan: "Yo no me increpé ni agredí a nadie. Estuve un rato en el desahucio y me fui", manifestó.

Serra ha lamentado este miércoles haberse enterado por los medios de la solicitud de prisión de la Fiscalía, y ha insistido en que se manifestó "pacíficamente" y que se siente "orgullosa" por ello. "Me entero por los medios que la Fiscalía me pide 23 meses de cárcel por manifestarme frente a un desahucio. Una barbaridad. Para sostener políticas antisociales de especulación sobre la vivienda, hay que criminalizar a quienes las cuestionan", ha lamentado en su cuenta de Twitter.

La Fiscalía defiende para su petición de 23 meses de prisión que Serra junto a otras personas "empujó violentamente" a la fuerza actuante para impedirles que abandonaran el lugar, “al tiempo que les lanzaban objetos contundentes”. "De hecho una agente de la Policía Municipal que sufrió lesiones como consecuencia de los impactos de los objetos que le arrojaron", añade la Fiscalía.

En febrero de 2018, Serra remitió un escrito a la jueza que instruía el caso para solicitar que se le revocara su aforamiento producto de su condición como diputada de la Asamblea de Madrid. "Quiero que se me juzgue en la misma situación que todas las personas que han sido juzgadas por manifestarse contra el drama de los desahucios, una lucha de la que estoy muy orgullosa", manifestó entonces. Esta petición de la diputada no fue atendida y el TSJM asumió el caso.

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