Los limpiadores de Torrelodones inician una huelga indefinida tras cinco meses sin cobrar: “Es un maltrato en toda regla”

Nico Dumitrescu (59 años) acude desde hace dos semanas todos los días a la plaza del Ayuntamiento de Torrelodones. Tiene una gorra de lana roja que lo protege del frío intenso de estos días de enero, el chaleco del sindicato y un micrófono entre las manos. “No nos vamos hasta que cobremos”, insiste hasta el cansancio. Trabaja como limpiador para la empresa DLR Facility Services, una compañía fundada en 2012 por el empresario Ángel de la Rúa, que creó recientemente un grupo mediático ultraconservador y de la órbita de Vox, Decisión Media. 

“Limpio la biblioteca, el polideportivo, o los despachos del Ayuntamiento. Pero, si no me pagan, no vuelvo a trabajar para ellos ni un solo día”, afirma Dumistrescu, que lleva sin cobrar la nómina desde agosto de 2022. Tras meses de ninguneo por parte de DLR –la firma subcontratada por el Ayuntamiento del pueblo de 24.775 habitantes en la sierra de Madrid–, la plantilla empezó una huelga indefinida que ha llegado a su segunda semana y no parece destinada a terminar pronto. 

Desde entonces, CCOO pide al Ayuntamiento “celeridad” a la hora de solucionar el problema, procediendo nombrar a otra empresa que se haga cargo de los impagos. “La situación es de extrema urgencia. Después de cinco meses sin cobrar, los compañeros están fatal, económica y mentalmente”, afirma Carmen Vázquez, trabajadora de limpieza en Torrelodones y delegada del sindicato. 

El caso de Dumitrescu es aún más complicado, ya que en su familia trabajan tanto él como su esposa para la misma empresa. También su pareja se quedó sin ingresos desde el verano y para llegar a fin de mes, han tenido que gastarse los ahorros destinados a sus años de jubilación. “Después de cinco meses sin sueldo, ya no nos queda nada. En Navidad han venido a visitarnos nuestros hijos desde Rumanía y nos prestaron dinero. Ha sido terrible tenerles que pedir ayuda”, explica el hombre. 

“Nos tienen si cobrar y además exigen que limpiemos sus despachos. Es un maltrato en toda regla”, denuncia Alexandra Saa, ecuatoriana de 49 años que vive desde hace dos décadas en España. Vive en Galapagar, a nueve kilómetros de Torrelodones, para ahorrar en el precio del alquiler. Se mantiene gracias a los ingresos de su marido Javier, que dejó la firma de limpieza tras encontrar un trabajo temporal en las oficinas de Correos.

“Un solo sueldo no llega para todos los gastos que tenemos. No me puedo pagar ni el autobús para venir a protestar todos los días”, asegura Saa que, además de vivir con una niña menor de edad, también intenta ayudar a su hija mayor y a sus tres nietos. 

Con miedo al despido

Desde que empezó el paro, DLR Facility Services está completamente desaparecida, o por lo menos evita tomar contacto con los trabajadores de Torrelodones y el sindicato. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la empresa de Ángel de la Rúa a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas en repetidas ocasiones, pero no ha recibido ninguna respuesta. 

Además de la frustración ante la imposibilidad de encontrar una solución a su problema, la plantilla de Torrelodones también tiene que lidiar con el propio Ayuntamiento, que les amenazó con despedirles por no cumplir con los servicios mínimos. “Se ha puesto en conocimiento de la responsable del contrato que, en la mayor parte de las dependencias, se están incumpliendo los servicios mínimos”, señala una carta que el Consistorio hizo llegar al comité de huelga del 16 de enero. “El incumplimiento de estas funciones acarrearía para el trabajador causa justa de despido y la Administración podría, viendo peligrar la realización de los servicios mínimos establecidos legalmente, recurrir a la contratación de trabajadores ajenos para sustituir a los designados para dichas funciones”, sigue el comunicado. 

El comité de huelga insiste en que la empresa titular del contrato es la responsable de comunicar los servicios mínimos, que son un 10% del personal diario, algo que según ellos no han hecho en ningún momento desde que empezó el paro. “Si no lo han realizado, son ellos los que estarían incumpliendo la ley. En este sentido, todas las actuaciones legales y punitivas que tendría que tomar el Ayuntamiento deberían ser contra DLR y no contra los trabajadores”, remata Vázquez. 

El Ayuntamiento –que asegura estar trabajando en la resolución del conflicto– anunció con una nota de prensa que, a partir de febrero, contarán con una nueva firma de limpieza que subrogará al personal y asumirá los sueldos impagados por el grupo DLR. 

“Entendemos y respetamos las manifestaciones que a las puertas de este Ayuntamiento están llevando a cabo los trabajadores. Entendemos que con ello buscan visibilizar al máximo su problemática laboral, y les apoyamos en sus reivindicaciones, como hemos hecho desde el primer día. Pero de igual modo, creemos que dichas manifestaciones deberían llevarse a cabo ante la sede de DLR”, destacaba el alcalde, Alfredo García-Plata.

“Me encantaría plantarme delante de la puerta de DLR, pero contra esta gente no podemos hacer nada. Ese señor se paga su medio de comunicación privado con nuestros sueldos, y el Ayuntamiento no hace nada. Limpiamos sus despachos y cuando las cosas se ponen feas dicen que tenemos que quejarnos con la empresa”, reclama Dumitrescu.

A la huelga en la Biblioteca Nacional 

No es la primera vez que el Grupo DLR Facility Services deja a sus trabajadores en una situación de vulnerabilidad. La firma también tiene contratos en Madrid capital, como en la Biblioteca Nacional de España (BNE), donde tampoco está abonando las nóminas desde septiembre de 2022. Tras los paros de una hora en días alternos que protagonizaron el pasado noviembre, los 32 trabajadores de la BNE han convocado una huelga indefinida, que empezará este viernes 27. 

Alberto León (58 años), limpiador y delegado sindical, asegura que después de tantos meses sin recibir la nómina, sus compañeros se encuentran en situaciones cada vez más precarias y complicadas. “La gente va aguantando gracias al salario de su pareja, los ahorros o los préstamos de amigos y familiares. Hay personas que han perdido el alquiler, otros que están incluso peor, pero por orgullo no lo dicen”, cuenta. 

También recuerda que la empresa demostró desde el primer momento de ser “poco fiable” con la plantilla de la Biblioteca Nacional. “Las nóminas han llegado siempre con retraso. Pero había problemas incluso con los contratos fraudulentos: compañeros que estaban de suplencia y cobraban por días trabajados, sin contar los fines de semana, las vacaciones o los festivos”, añade.