Guerra abierta por las plazas de aparcamiento de la Plaza de la Villa de París

Ángela Martialay, periodista de Libertad Digital, se hacía eco el sábado del malestar existente entre los miembros del Tribunal Supremo ante las obras de ampliación de la Audiencia Nacional que van a impedir que puedan aparcar sus vehículos (particulares y oficiales) gratuitamente en la Plaza de la Villa de París a partir de mañana martes.

Hasta el momento el personal del Alto Tribunal –magistrados, fiscales, secretarios y funcionarios del órgano– podían aparcar al aire libre en esa zona de la plaza pero, con la reforma del espacio, la nueva configuración la cierra al tráfico rodado

y obliga a los actuales usuarios de ese aparcamiento a buscar una alternativa. De hecho, desde hace meses negocian con el Ministerio de Justicia una solución y el problema es de tal calado que, según apunta Libertad Digital, ha sido incluso abordado por la Sala de Gobierno del Alto Tribunal.

El encargado de solucionar este asunto, Ángel Juanes, vicepresidente del Supremo, ha tratado de mantener la misma disponibilidad de plazas con las que se cuenta actualmente pero los ya de por sí problemas para estacionar del lugar, donde las plazas de aparcamiento son muy escasas, ha obligado a reducir el número de beneficiarios, aunque será el Ministerio de Justicia quien se encargue de sufragar el coste de esas plazas de aparcamiento.

Según señala esa publicación, 57 estarán en el aparcamiento de la Plaza de la Villa de París (una planta y media aproximadamente) y otras 27 en el aparcamiento del Centro Colón, y supondrán al Ministerio de Rafael Catalá un coste anual de 113.490 euros para el estacionamiento tanto de los vehículos del parque móvil como de los particulares de los magistrados.

Una medida no exenta de polémica

El hecho de que el reparto de las nuevas plazas de aparcamiento deje fuera a los funcionarios del Alto Tribunal ha ocasionado un gran descontento entre este colectivo. Hasta tal punto que, según LD, la magistrada de la Sala Tercera, Margarita Robles, ha enviado un escrito a Ángel Juanes señalando que esta situación «genera una desigualdad en modo alguno aceptable» entre los jueces y el resto del personal del Supremo.

Asimismo, Robles ha puesto de manifiesto en su escrito que «no deben ser los contribuyentes españoles, los que a través de sus impuestos, satisfagan el importe de dichas plazas» y que ella se ofrece a pagar de su propio bolsillo su nueva plaza de aparcamiento. Una idea que algunos compañeros ven con recelo, puesto que pondría en evidencia a quienes sí quieren que las arcas públicas costeen su estacionamiento.

También hay descontento en la Policía Nacional, que consideraba que las plazas del aparcamiento de la Villa de París debían ser no sólo para estacionar los vehículos de protección dinámica de los magistrados sino también para los coches que ejercen el denominado servicio de contravigilancia. Según recoge el acuerdo de la Sala de Gobierno –fechado el pasado 14 de enero y al que ha tenido acceso LD–, Mario Jiménez, jefe de la Comisaría Especial en el CGPJ, Supremo y Audiencia Nacional,  aconsejó en un primer momento que dichas plazas fueran para «los vehículos policiales que dan servicio a la Audiencia Nacional».

Sin embargo fuentes policiales puntualizaron a esa publicación que, en realidad, se trataba de los vehículos oficiales –exclusivos o compartidos– que tiene asignada la Comisaría del Poder Judicial y cuya utilización no es “en absoluto exclusiva” de los magistrados de la Audiencia Nacional. Entre otras cosas, porque esos vehículos también dan cobertura a los miembros del Supremo y del CGPJ.