El Defensor del Pueblo distingue a solicitantes de asilo de quienes están “mostrando su pobreza” en Barajas

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido “medidas estructurales” para “mejorar” la atención de las personas que solicitan protección internacional en la frontera después de la “grave situación” detectada en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Sin embargo, las ha diferenciado de las personas sin hogar que pernoctan allí y “que no están pidiendo asilo”, sino “mostrando su pobreza” a una sociedad “insensible”.

“Las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en el puesto fronterizo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras las quejas recibidas y las visitas realizadas, han puesto de relieve un año más la necesidad de mejorar sus instalaciones, así como los procedimientos de protección internacional que allí se sustancian”, ha indicado Gabilondo este martes. Lo ha hecho durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para presentar el Informe anual de la actividad de la institución en 2024.

Según ha señalado, el análisis pone de manifiesto “la necesidad urgente de adoptar medidas estructurales que aborden el registro y formalización de las solicitudes, las condiciones de acogida, las garantías procedimentales y el acceso a la tutela judicial efectiva de las personas solicitantes de protección internacional”. También ha visitado a algunas de las cientos de personas que duermen en las instalaciones, hacia las cuales ha pedido más comprensión y menos crispación: “Pensemos a qué obedece eso, no nos esforcemos en ver cómo hacemos para que desaparezca de nuestra vista, que parece que es lo único que nos importa, que no los veamos. 'Póngalos usted en un sitio que no se les vea, quítemelos de la Gran Vía, mándemelos a un sitio que no me incomode'”, ha criticado Gabilondo.

En este sentido, Gabilondo ha explicado que se han reunido con AENA, con el Ayuntamiento de Madrid y con la Mesa de la Hospitalidad (entidad responsable de un estudio sobre la composición de estas personas sin hogar) y están “buscado fórmulas” entre todos para encontrar una solución.

Más de 34.000 quejas al Defensor del Pueblo en 2024

Gabilondo ha acudido a la Cámara Baja junto a la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, y la adjunta segunda, Patricia Bárcena. Durante su intervención, han repasado las principales actuaciones de la institución en 2024 y ha precisado que en ese año tramitaron 34.402 quejas.

Según ha precisado, los asuntos relacionados con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, la Función Pública, asilo, migraciones, Interior, Educación, Economía o Sanidad protagonizaron el mayor número de quejas. Las comunidades desde las que más escritos se recibieron fueron las de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Catalunya (3.441) y Comunitat Valenciana (3.231).

Entre otras sugerencias recogidas en el informe, Gabilondo ha pedido incrementar el número de profesionales de salud mental, mantener y mejorar los programas de ayudas al pago del alquiler, solucionar los retrasos para la valoración de la discapacidad, y garantizar una protección específica a las mujeres mayores víctimas de violencia de género.

En materia migratoria, ha recordado que la institución ha solicitado información sobre el estado de los trabajos de elaboración del protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a las costas españolas y, sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE), ha advertido de que “sigue sin darse cumplimiento a la obligación de creación de un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico.

Además, Gabilondo ha constatado que un año más la mayoría de personas que solicitan protección son de nacionalidad venezolana, casi un 40%, por lo que ha propuesto poner en marcha “un procedimiento alternativo para estas personas” de origen venezolano para “aligerar y racionalizar la carga de trabajo que padece la oficina de asilo y refugio”.

Sobre las quejas recibidas por reintegro de prestaciones sociales por cobro indebido, Gabilondo considera que ha llegado el momento de revisar la Ley General de la Seguridad Social -artículo 55- para paliar los efectos “injustos” que estos procedimientos de reintegro pueden causar a las familias vulnerables. Entre otros asuntos, también se ha referido a la implantación de las zonas de bajas emisiones, al edadismo, al “desfase” entre el desarrollo tecnológico y los mayores, que quedan “orillados”, o a las quejas contra Cercanías en Madrid y Barcelona.

Gabilondo ha hecho mención especial a la “dolorosa situación” de “extrema vulnerabilidad” en la que viven los habitantes de la Cañada Real Galiana, que desde hace más de cuatro años no disponen de suministro eléctrico y ha dicho que están a la espera de las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, al que la institución remitió un informe.