Madrid recula y baja a cinco años el padrón para optar a vivienda protegida en alquiler después de quejas de afectados

Las reacciones al borrador del nuevo Reglamento de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid han llevado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a modificar el proyecto. El Ejecutivo rebajará a cinco años el empadronamiento necesario en la región para solicitar alquileres en una vivienda protegida, según ha avanzado este jueves en el Pleno de la Asamblea el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

Fuentes de la Consejería de Vivienda explican además, según recoge Europa Press, que el Gobierno regional mantendrá el requisito general de diez años de empadronamiento previsto para el acceso a vivienda protegida en régimen de compra o uso propio, aunque habrá excepciones. No se exigirá este periodo a quienes, antes de la entrada en vigor del reglamento, hayan suscrito contratos de compraventa u opción de compra, títulos de adjudicación o efectuado aportaciones económicas a cuenta del precio de la vivienda. Tampoco se aplicará a miembros de cooperativas que ya hubieran desembolsado cantidades destinadas a la adquisición del suelo o de la propia vivienda. Se trata del grupo de perjudicados en una situación más delicada, debido a que habían desembolsado miles de euros sin saber con exactitud cuando les serían devueltos en caso de verse damnificados por la iniciativa.

Rodrigo ha avanzado que el objetivo es aprobar el nuevo reglamento en julio, pese a estos nuevos ajustes. “Queremos un empadronamiento que baje hasta los cinco años cuando hablemos de viviendas en alquiler y que no se exija para modelos de residencias de estudiantes o viviendas compartidas”, ha detallado el consejero, quien ha afirmado que están admitiendo todavía enmiendas. Así, ha destacado que mientras en la Comunidad defienden “el arraigo” de todos los madrileños y que tengan la oportunidad de tener una vivienda pública, lo que el PSOE hace es comprometerse “a regulaciones masivas de más de 500.000 inmigrantes que nada van a aportar a los madrileños”.

Estas declaraciones confirman la teoría de muchos de los afectados, que lamentaban una medida autonómica improvisada y tomada en represalia a dicha regularización aunque ello suponga “ir contra una Comunidad de Madrid que siempre se ha caracterizado por su acogida”. Más de 350 adjudicatarios de Viviendas de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) y Vivienda con Protección Pública Básica (VPPB) de régimen cooperativista en desarrollos urbanos como Los Cerros, El Cañaveral o Los Berrocales se han organizado a través de chats de Telegram para estudiar acciones contra el reglamento actualizado. “Tendríamos que encontrar a tantas personas como salgan para sustituirnos. Hay mucha demanda, pero sería una crisis muy grande para los gestores de estas cooperativas. Creemos que no va a salir adelante la nueva ley, pero si ocurre nos tendremos que ir”, explicaba Adrián, uno de los cooperativistas.

La Comunidad de Madrid habla de “seguridad jurídica” frente a la incetidumbre de los damnificados

Los afectados reprochaban un endurecimiento tan severo de los requisitos en viviendas cuya titularidad ni siquiera es pública, ya que la Comunidad de Madrid solo limita el precio máximo del metro cuadrado. “Vivimos de alquiler y necesito ya una casa. Esta VPPL me cuesta 380.000 euros a través de una cooperativa y es lo único a lo que puedo acceder, no sin sacrificios. Puse 60.000 euros y ahora estamos viendo cómo nos echan”, lamentaba en declaraciones a Somos Madrid otra afectada, Elena.

Con estas modificaciones, la Comunidad de Madrid defiende por contra su intención de reforzar “la seguridad jurídica, proteger a quienes ya habían adquirido compromisos previos y adaptar la normativa a las distintas fórmulas residenciales actuales, garantizando un acceso más ágil y realista a la vivienda protegida”. Apostillan que en los supuestos en los que sí resulte exigible el requisito de empadronamiento, bastará con que lo cumpla uno de los miembros de la unidad de convivencia.

En el Pleno, Rodrigo ha indicado que se va a definir un marco regulatorio de la vivienda con protección pública de la Comunidad de Madrid, adaptándose “a la realidad actual” para impulsar la construcción, facilitar su gestión y al mismo tiempo para aumentar la oferta publica de vivienda disponible. Una de las principales novedades, dice, es ahondar en la simplificación de los trámites administrativos incorporando la declaración responsable para la calificación definitiva de viviendas y otros trámites como el visado de contratos de títulos de acceso a las viviendas.