No hubo “acuerdo” ni convenio: los descuentos para madrileños de la Casa de Alba son una iniciativa privada
El acuerdo entre el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y la Fundación Casa de Alba para reducir cinco euros el precio de la entrada al Palacio de Liria no era tal, sino una iniciativa privada de la entidad que administra el patrimonio de la familia nobiliaria. Pese a ello, el Ejecutivo municipal impulsó la comunicación de la acción mediante un acto al que acudió la concejala de Cultura, Marta Rivera de la Cruz. También mediante una nota de prensa en los canales oficiales del Consistorio.
“Lo que se ha comunicado públicamente es que ambas partes han alcanzado un entendimiento para facilitar una reducción en el precio de la entrada al Palacio de Liria para las personas nacidas y empadronadas en la ciudad de Madrid, decisión que corresponde exclusivamente a la Fundación Casa de Alba como entidad titular y gestora del espacio”, reconocen fuentes del área de Cultura de la corporación municipal en declaraciones a Somos Madrid. Pero Rivera de la Cruz se refirió expresamente a la medida como fruto de un “acuerdo” en la presentación.
“Dicha medida no conlleva contraprestación alguna por parte del Ayuntamiento de Madrid, ni económica ni de ningún otro tipo, ni genera obligación, compromiso o derecho alguno para esta administración”, apostillan desde Cultura. En respuesta a una petición de información de Más Madrid emitida por la coordinación general de Cultura, este organismo habla de nuevo de “un entendimiento” y concreta que “no existe expediente administrativo ni documentación adicional susceptible de ser remitida en los términos solicitados”.
Un gesto que “subraya la relación extraordinaria entre este espacio y Madrid”
El Ayuntamiento de Madrid hizo público el pasado 29 de enero ese supuesto acuerdo con la Fundación Casa de Alba en el que la entidad privada establece tarifas rebajadas en el acceso al Palacio de Liria para aquellas personas nacidas o empadronadas en la capital. Los visitantes madrileños necesitarán enseñar el DNI o el certificado de empadronamiento para acreditar una de esas dos condiciones.
La medida, presentada por Rivera de la Cruz y el director de la Fundación Casa de Alba, Álvaro Romero Sánchez-Arjona, contempla una tarifa de 15 euros para las visitas entre semana y de 17 euros en fines de semana, tanto al propio recinto como a sus exposiciones. El precio general es de 20 y 22 euros, respectivamente, así que la rebaja en ambos casos es de cinco euros.
La concejala recalcó que “el Palacio de Liria es uno de los grandes tesoros culturales de Madrid y este acuerdo permite que los madrileños sientan aún más cercano un espacio que forma parte de la historia y la identidad de la ciudad”. La edil tachó el gesto de “simbólico”, al tiempo que “subraya la relación extraordinaria entre este espacio y la ciudad de Madrid”.
La concejala de Más Madrid Cuca Sánchez, sin embargo, lamenta este episodio: “El Ayuntamiento de Madrid admite por escrito que los descuentas de la Casa de Alba en las entradas para el Palacio de Liria no están amparados en ningún convenio, ni expediente administrativo, ni ningún informe técnico. Como si el Ayuntamiento de Madrid en lugar de una administración fuese el cortijo de la Casa de Alba, que usan para su autobombo”. También considera que “se ha perdido la oportunidad de acordar precios realmente populares e incluso de introducir días o franjas horarias de gratuidad. Pero es que además, lo poco que se ha anunciado ni siquiera tiene garantías de cumplirse, porque no hay ningún acuerdo escrito ni ningún procedimiento administrativo que vincule a la Casa de Alba, y mañana podrían cambiar de criterio o subir el precio y el Ayuntamiento no tendría cómo reclamarles nada por el incumplimiento de lo anunciado”.
“Es una absoluta vergüenza por la que exigimos explicaciones a la delegada de Cultura”, añade la edil, a la vez que muestra su preocupación porque también “se discrimina a las personas migrantes por no dejarles presentar su tarjeta de identificación TIE para acreditar su residencia, ya que sólo aceptan el DNI”.
“Entendimiento” en mitad de un polémico proceso de desahucios
La presentación tuvo lugar en el propio Palacio de Liria en un momento especialmente tenso en el entorno por la acción de la Casa de Alba. En la calle Duque de Liria, a pocos metros de este icónico inmueble cercano a la Plaza de España, decenas de familias de seis bloques (incluidos arrendatarios de renta antigua) se enfrentan a los intentos de expulsión por parte de la familia nobiliaria, ahora con el duque de Alba Carlos Fitz-James Stuart al frente. En diciembre, la empresa intermediaria Bala Investment comenzó a remitir cartas en las que asegura hablar en nombre de la propiedad y les anuncia el desalojo de las viviendas por necesidades de rehabilitación.
El representante de comunicación de la propiedad, a preguntas de este diario, confirmó “el inicio de un proceso de no renovación de contratos de alquiler” en los bloques cercanos al Palacio de Liria. “Se han reunido conmigo amigablemente, quieren que nos vayamos por las buenas. Pero nosotros no nos vamos a ir, ni por las buenas ni por las malas”, aseveraba en conversación con este medio una de las inquilinas. “Llevo 53 años aquí y soy la que tiene el contrato más joven”, remataba.
La concejala delegada no quiso valorar la polémica y se limitó a recalcar que trabaja en “acuerdos que tienen que ver con Cultura, sin entrar en otras apreciaciones”. Dicho acuerdo, sin embargo, no ha sido suscrito por su ramo ni por ninguna otra área del Consistorio. Cree que el proceso de expulsión de las decenas de familias “no tiene nada que ver con que los madrileños puedan entrar en el Palacio de Liria en mejores condiciones de las que lo hacían”.
En los seis bloques afectados vivien diez familias de renta antigua, con contratos firmados antes de 1982 que les otorgan unas garantías especiales. El resto de inquilinos se cuentan por decenas, pero es difícil saber su número exacto. Según datos del Registro de la Propiedad, los seis edificios de la manzana suman 88 viviendas y 10.913 metros cuadrados de suelo residencial.
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