Política, responsabilidad y autonomía

En este escenario, el ejercicio del poder institucional exige algo más que presencia mediática o capacidad de impacto comunicativo. Requiere solvencia, responsabilidad y una comprensión clara del papel que corresponde a cada nivel de la administración.

Extremadura no es ajena a esta exigencia. Municipios con recursos limitados, sectores productivos sometidos a una presión creciente, retos demográficos estructurales y administraciones locales que reclaman coordinación configuran un panorama que no admite frivolidades. La ciudadanía no espera gestos simbólicos ni declaraciones efectistas; espera políticas sostenidas en el tiempo.

Conviene recordarlo: gobernar no equivale a vivir en una campaña permanente. Gobernar implica asumir costes políticos cuando es necesario y dotar de coherencia a la acción pública, incluso cuando esa tarea discurre lejos del foco mediático y carece de rédito inmediato. Por el contrario, si la política institucional se reduce a una sucesión de declaraciones, se resiente su legitimidad y se vacía de contenido la acción de gobierno.

La distancia entre responsabilidad institucional y política del gesto se hace visible cuando el debate público se desplaza de los problemas reales del territorio hacia controversias diseñadas para la confrontación, cuando se reemplaza la gestión por la escenificación y el interés general por la búsqueda de notoriedad.

En las últimas semanas, esta lógica se ha manifestado con claridad. En lugar de concentrar el esfuerzo político en los retos inmediatos de la comunidad —financiación autonómica, servicios públicos, desarrollo económico o cohesión territorial— se ha optado por introducir en la agenda regional enunciados de alcance estatal, sin utilidad práctica y basados en la descalificación. El resultado no es una mayor capacidad de respuesta, sino una confusión deliberada entre gobernar y representar.

Cuando una presidencia autonómica adopta una lógica de sobreactuación constante, el riesgo va más allá de la ineficacia coyuntural. Se pone en cuestión la propia función del autogobierno. La autonomía no se fortalece amplificando consignas nacionales ni compitiendo en el ruido político, sino ejerciendo con rigor las competencias disponibles y utilizando el poder institucional para mejorar el territorio.

Las comunidades autónomas no necesitan liderazgos teatrales ni gobiernos que confundan visibilidad con autoridad. Necesitan ejecutivos que planifiquen, dialoguen con los ayuntamientos y coordinen políticas públicas desde el conocimiento del territorio. La política útil suele ser discreta, constante y paciente, muy lejos de chisteras ridículas.

Extremadura necesita hoy decisiones firmes, presencia institucional real y una agenda propia. Necesita una política consciente de que el poder no es una puesta en escena, sino un compromiso con la realidad. Cuando la gestión se diluye en la frivolidad, no solo se erosiona la credibilidad del liderazgo: se debilita la confianza colectiva en la capacidad real de la política, que no es, ni más ni menos, que gobernar.