La corrala de 'Antidisturbios' que pudo ser vivienda social y que ahora rehabilitan los Cortina Koplowitz

Cuando el equipo de Antidisturbios buscaba localización para el desahucio con el que arrancaría la ficción televisiva de Rodrigo Sorogoyen encontró en Lavapiés la corrala perfecta: Ventorrillo 7. Céntrica, tranquila y, sobre todo, destartalada, apuntalada, con viviendas tapiadas y dejada de la mano de cualquier dios, poco atrezo necesitaba.

El piso de 50 metros cuadrados de Juliana, uno de los tres únicos que continuaban habitados en septiembre de 2019 -en un inmueble de 43 viviendas-, fue el elegido para ubicar el lanzamiento judicial de la serie y a ella “los del cine” le pagaron 10.000 euros por un mes de rodaje, según recuerda feliz.

El éxito de Antidisturbios, estrenada en octubre de 2020, puso el foco en la corrala de Ventorrillo 7 que, sin embargo, ya había acaparado todo el interés informativo en 2007, cuando los medios de comunicación se hicieron eco de la lucha que, con respaldo vecinal, emprendió un grupo de ocho mujeres veteranas de ese espacio -de entre 62 y 85 años- que se negaron a ceder a la presión ejercida por Sistemas 23 para que se marcharan de sus casas de alquiler de renta antigua.

La citada empresa, que acababa de comprar por aquel entonces el edificio, trató de convencer con dinero a las llamadas Abuelas de Ventorrillo para que se marcharan y, tras fracasar en su intento, las condenó a vivir entre puntales de inacabables obras, materiales de construcción, cortes de luz y tuberías rotas, mientras perseguía una declaración de ruina del edificio que, de haberla logrado, le hubiera dejado las manos libres para disponer de él a su antojo. Las vecinas, por su parte, denunciaron a la empresa por acoso inmobiliario.

Entre ambos grandes momentos de luz mediática sobre el número 7 de Ventorrillo, años de sombras y olvido y una trama propia tan potente y real que podría haber servido como inspiración a Sorogoyen para firmar otro taquillazo audiovisual.

Expropiación interrupta

Cuentan, a modo de denuncia, desde la asociación vecinal Yo no me voy y desde NUH -periódico ciudadano de Lavapiés, Latina y Embajadores- que, solo de vez en cuando, “en tiempos de elecciones especialmente”, distintos políticos han estado realizando visitas recurrentes a la corrala de Ventorrillo 7 para interesarse por la situación del edificio y de sus habitantes, pero que la Administración se ha movido de forma extremadamente lenta a la hora de recordar a los distintos propietarios del inmueble, durante cuatro lustros, su deber de mantenerlo en condiciones óptimas de habitabilidad.

Y es que desde 2001 en Ventorrillo 7 se fueron desatendiendo distintas órdenes de ejecución de trabajos destinados a su mantenimiento, una situación que empeoró a partir de 2007, cuando a la muerte de su anterior dueño Sistemas 23 se hizo con la propiedad.

Quedaban entonces 10 familias allí en régimen de alquiler y el Ayuntamiento de Madrid comenzó a advertir de que podría declarar el incumplimiento del deber de conservar el edificio, lo cual podría acabar con una expropiación, según el artículo 46 de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones. A la postre, esos apercibimientos solo acabaron en multas.

Dos años más tarde, en 2009, fue cuando por vez primera un grupo político habló seriamente de expropiar la corrala. Lo hizo el PSOE, para ser precisos, en boca de su entonces portavoz municipal, David Lucas. Ese mismo año la empresa Coarsa realizó obras en acción sustitutoria por mandato municipal.

Sin embargo, hubo que esperar toda una década para que el tema de la expropiación del inmueble por falta de mantenimiento de la propiedad no solo volviera a estar sobre la mesa política sino que comenzara a andar. En marzo de 2019 el ejecutivo de Manuela Carmena, en las postrimerías de la legislatura, anunció el inicio de la vía para expropiar y rehabilitar el bloque de viviendas de Ventorrillo 7, por aquel entonces propiedad del banco BBVA, a cuyas manos llegó tras una ejecución hipotecaria.

El gobierno de Ahora Madrid declaró entonces su intención de destinar la corrala, con una superficie total de 1.977 metros cuadrados -distribuidos en un local comercial, dos almacenes y 43 viviendas-, a vivienda pública, en una actuación “contra la especulación” y “para garantizar la conservación del patrimonio residencial de la ciudad y adquirir viviendas para alquiler social en un barrio con un mercado inmobiliario especialmente tensionado por el alza de precios que está sufriendo casos de expulsión de sus residentes”.

Dos meses y medio después, la derrota en las elecciones municipales de Ahora Madrid mandó al limbo la incipiente expropiación. El ejecutivo de Almeida no recogió el testigo y, preguntado por Somos Lavapiés, no se ha manifestado al respecto.

Juliana, Juana, los Gallart y los Cortina Koplowitz

Desde este pasado septiembre no queda nadie viviendo en Ventorrillo 7. Los últimos en salir de la corrala han sido los familiares de Ángela Gallart, ya fallecida y una de las abuelas que decidieron pelear en 2007 y quedarse en el edificio en el que había nacido y al que llegó su propia abuela. Antes, en diciembre de 2020 lo había abandonado Juana, la penúltima resistente, mientras que Juliana, la antepenúltima, había salido de él en febrero de ese mismo año.

El destino de todos ellos, el número 6 de la cercana calle de Miquel Servet, propiedad de la empresa Decor II, nueva dueña de Ventorrillo 7 que les ha ofrecido una vivienda alternativa, en buenas condiciones y respetando los contratos de renta antigua que tenían, cuando no mejorándolos.

“Estoy muy contenta. No he tenido que irme del barrio y me han firmado un contrato de alquiler por el que pago sólo 1 euro al mes, cuando antes pagaba 40 euros, y al que se puede subrogar mi hijo cuando yo muera. Ni agua ni luz pago”, cuenta Juliana para quien haber optado por resistir y vivir en un edificio apuntalado y en malas condiciones de conservación -“aunque seguro”- durante tantos años ha merecido la pena.

Su vecina de toda la vida y compañera de lucha, Juana, vive ahora puerta con puerta con ella. Son las dos últimas abuelas vivas de Ventorrillo.

Una planta más abajo están los Gallart: Ángela no llegó a poner un pie en el nuevo piso, falleció antes, comenta su hijo Eugenio, muy contento también con la solución habitacional que han pactado con Decor II, “con los Koplowitz”, dice, seguro de que su madre habría estado también feliz con cómo han finalizado para ellos todos estos años de resistencia.

Los nuevos dueños

El buen entendimiento que parece haber habido entre Decor II Proyectos Inmobiliarios SL y los últimos habitantes de Ventorrillo 7, abogados mediante, resulta evidente.

Con el acuerdo, la empresa ha logrado poder disponer de Ventorrillo 7 en su totalidad y, lejos de perder el tiempo, ya habría empezado con los trabajos de rehabilitación del edificio que, perteneciendo al Conjunto Histórico de la Villa de Madrid, tiene protección estructural, por lo que sus muros y fachada son intocables.

Tras Decor II se encuentran los hermanos Alberto Cortina Koplowitz y Pedro Cortina Koplowitz, hijos de los empresarios Alicia Koplowitz y Alberto Cortina. Esta sociedad tiene como administrador mancomunado a Palcok 2002 SL, una firma de intermediación financiera cuya administración mancomunada ostentan ambos hermanos y que a su vez es administradora única de Cardiff Dreams SL.

A través de estas empresas la apuesta de Cortina Koplowitz por proyectos relacionados con el ladrillo en el distrito Centro de Madrid es clara y Ventorrillo 7 encaja con su estrategia inversora: también están rehabilitando Pez 3 y Manuela Malasaña 18, mientras que poseerían aún otros edificios en San Bernardo, todos ellos en la zona de Malasaña; adquirieron el edificio de Orellana 1 y tendrían otro más en la calle Prim, ambos en Chueca; en Lavapiés son dueños del citado Miguel Servet 6, mientras que en la zona de Huertas-Letras poseerían otros inmuebles en las calles San Pedro, León y en la plaza de Santa Ana.

Todos ellos son interesantes oportunidades de negocio surgidos en barrios consolidados urbanísticamente antes del inicio del siglo XX, con un parque de edificios envejecido, donde a muchos de los propietarios les resulta difícil mantener sus inmuebles, con numerosas reformas pendientes.

Oportunidad perdida

Este lunes, el grupo municipal de Más Madrid ha presentado una enmienda a los presupuestos del distrito Centro para 2022 en la que, con el objetivo de aumentar el parque de vivienda pública de la ciudad de Madrid y, más concretamente, en las zonas de Lavapiés y Malasaña, solicita que se acabe con la expropiación iniciada de Ventorrillo 7 y que se compre el edificio del número 21 de la calle Pez, dedicando tres millones de euros a ello.

Vista la reciente adquisición de Ventorrillo 7 por parte de Decor II está claro que la enmienda, al menos en parte, llega a destiempo para la consecución de su objetivo.

La falta de vivienda pública que hay en Madrid deberá tratar de paliarse adquiriendo nuevas plazas. Ventorrillo 7 ha sido una oportunidad perdida.