Manuela Carmena se enfrenta a cuatro operaciones urbanísticas tras las vacaciones

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, disfruta de unas vacaciones que han sido objeto de polémica y debate, como casi todo lo que le ocurre a la regidora madrileña. A su vuelta le espera un nuevo curso político con diversos retos para la corporación que dirige Ahora Madrid. Especialmente, Carmena y su equipo de Gobierno tienen que afrontar cuatro operaciones urbanísticas encalladas, algunas desde hace años, y a las que el Ayuntamiento busca dar salida.

A partir de septiembre, Ahora Madrid intentará desbloquear algunos de los proyectos más importantes de la ciudad, como la antigua Operación Chamartín o el Edificio España. El Ayuntamiento también tendrá que lidiar con Metro de Madrid para sacar adelante el proyecto de las cocheras de Cuatro Caminos y está a la espera de una decisión judicial sobre la operación inmobiliaria de lujo que se asentará sobre el antiguo Taller de Artillería.

Madrid Puerta Norte contra la Operación Chamartín

La primera y más importante de las operaciones urbanísticas que están pendientes es Madrid Puerta Norte, la antigua Operación Chamartín. A pesar de los planes del Ayuntamiento para sacar adelante su nuevo proyecto y buscar el acuerdo con los otros actores implicados, promotores privados, Ministerio de Fomento, ADIF y Comunidad de Madrid, el plan se ha encallado y amenaza con atascarse en los tribunales.

La Operación Chamartín era uno de los proyectos urbanísticos más veteranos del municipio. Un desarrollo urbanístico que ha estado en el aire más de 20 años y que, básicamente, suponía el crecimiento de la ciudad hacia el norte con la prolongación del Paseo de la Castellana varios kilómetros. El plan implicaba la remodelación de la estación de Chamartín, el soterramiento de las vías y la construcción de 16.000 viviendas.

El Ayuntamiento de Carmena quiere sustituir el proyecto, lastrado por problemas políticos y judiciales, por otro llamado Madrid, Puerta Norte que trocea el desarrollo en varias fases, reduce la superficie afectada y el número de viviendas nuevas de forma muy significativa, entre otras modificaciones.

La Comunidad de Madrid ya ha interpuesto un recurso ante lo contencioso-administrativo contra la anulación del antiguo proyecto. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, argumentó que el Ayuntamiento había “prescindido del procedimiento legalmente establecido”, y su decisión de rechazar el convenio de la Operación Chamartín “conculca los principios de buena fe y de confianza legítima entre administraciones públicas”.

Distrito Castellana Norte, que agrupa a los impulsores de la Operación Chamartín, la constructora San José y al BBVA, también han presentado un recurso en los tribunales contra la denegación de su proyecto.

El Ayuntamiento espera reanudar las conversaciones con el resto de actores a la vuelta de las vacaciones. Fuentes de Urbanismo aseguran que los recursos tiene poca viabilidad y que los servicios jurídicos del Ayuntamiento no les ven suficiente base como para prosperar. “Estamos tranquilos”, dice la Concejalía ante las iniciativas judiciales que tomen Fomento y la Comunidad de Madrid.

De hecho, desde Urbanismo apuntan que los recursos judiciales no tienen sentido porque las administraciones que quieren presentarlos no ratificaron el convenio del la extinta Operación Chamartín, un proyecto paralizado desde hace más de dos décadas. Por el contrario, ahora hay “un acuerdo plenario” para que se ponga en marcha Madrid Puerta Norte, contra el que es complicado enfrentarse judicialmente.

Desbloquear el proyecto no será fácil, y más después de las primeras reuniones. Fomento anunció que iba a reclamar 700 millones por la anulación de el plan anterior y Carmena sugirió que el Ministerio y ADIF buscaban una mayor rentabilidad de la operación urbanística, forzando la edificabilidad, para tapar los agujeros financieros del gestor ferroviario. Las posiciones están, por lo tanto, muy alejadas de un posible acuerdo.

Nuevo dueño para el Edificio España

La reforma del Edificio España parecía encarrilada. El Ayuntamiento anunció un acuerdo con el grupo Wanda para rehabilitar el inmueble sin tocar la fachada, el elemento de fricción entre el Consistorio y la multinacional china. Cuando al proyecto solo le faltaba el papeleo, Wanda anunció que había llegado a un acuerdo de venta: se deshizo del icónico edificio por 272 millones de euros, siete más de los que pagó por él al Banco Santander.

El nuevo propietario es el empresario murciano Trinitario Casanova. El Ayuntamiento quiere que Casanova reforme cuanto antes el edificio, cuya puesta en funcionamiento lleva pendiente varios años. Lo ha pedido públicamente el concejal de Desarrollo Urbanístico Sostenible, José Manuel Calvo. “Lo más adecuado sería, sencillamente, rehabilitar el edificio, adecuarlo y ponerlo en uso cuanto antes”, dijo en una entrevista.

Según fuentes de Urbanismo, la primera reunión con el empresario fue muy satisfactoria. Casanova ha prometido al Ayuntamiento que reformará el edificio sin tirarlo, como sí quería hacer Wanda, y que lo pondrá en funcionamiento. El Consistorio se ha comprometido a acelerar los trámites necesarios para que eso sea posible.

El Ayuntamiento también tendrá que tratar con Casanova su papel en la futura reforma de la Plaza de España, cuya configuración final será votada por los madrileños. Wanda había prometido 30 millones de euros. Aunque no es una obligación aportar dinero para la remodelación, fuentes de Urbanismo explican que lo normal es que los empresarios de la zona contribuyan a una obra que les va a beneficiar, y que esperan llegar a algún tipo de acuerdo con el empresario murciano.

Las cocheras de Cuatro Caminos

Es una de las que más ruido ha generado en los últimos meses, en parte por el enfado de los cooperativistas que esperan levantar sus viviendas sobre el terreno que ahora acoge unas cocheras de Metro de Madrid. En total, el proyecto incluye la construcción de 443 viviendas en una de las parcelas más codiciadas de la capital.

El Ayuntamiento de Madrid paralizó en mayo el plan de la promotora, el Grupo Ibosa. Ahora Madrid argumentó que el proyecto incumple el Plan General de Ordenación Urbana porque no contempla la obligación de eliminar en superficie las cocheras e instalaciones de Metro y de soterrar todas esas instalaciones. El Pleno tumbó, gracias a los votos del PSOE, la iniciativa de Ahora Madrid de anular el plan. Los socialistas quieren que se encuentre una solución sobre la base del actual proyecto.

En junio, eldiario.es reveló que Metro de Madrid había inutilizado una obra millonaria antes de vender los terrenos a la promotora. Se trataba de la construcción de un ramal que uniría las estaciones de Moncloa y Cuatro Caminos. Se iniciaron los trabajos previos, pero se abandonaron tras vender la parcela por casi 90 millones de euros.

El Ayuntamiento y Metro de Madrid siguen reuniéndose para buscar una solución. “Hay negociaciones de manera permanente”, explican desde la concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible, que afirman que la pelota está en el tejado de Metro. Tiene que hacer una nueva propuesta en la que las cocheras estén soterradas a la profundidad que dicta el Plan General de Ordenación Urbana, que Ahora Madrid no está dispuesto a saltarse. “Eso sería prevaricar”, apuntan fuentes de Urbanismo.

El Taller de Artillería

La última operación urbanística que espera a Carmena a su vuelta de vacaciones es un proyecto inmobiliario que parecía cerrado, pero que la intervención de los tribunales ha vuelto a reabrir. El Ayuntamiento aprobó, con la oposición de seis ediles de Ahora Madrid, una promoción de pisos de lujo que se iban edificar en la parcela del Taller de Artillería, donde se encuentra un edificio del siglo XIX y “una arboleda centenaria”, según Ecologistas en Acción.

Fue este colectivo el que interpuso un recurso contra la operación urbanística alegando que el edificio tiene una protección especial. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha abierto diligencias y paralizado el derribo del edificio y el plan de la promotora, Domo Gestora, que le compró los terrenos al Ministerio de Defensa en 2014.

El Ayuntamiento tiene poco que decir en este contencioso. Urbanismo explica que está a la espera de lo que dicte la justicia, y dice que la decisión de derribar el edificio que acogía el Taller de Artillería no fue suya, sino que el Ayuntamiento se limitó a aprobar el plan que les planteó la inmobiliaria.

Sin embargo, la paralización del derribo vuelve a abrir el debate sobre este edificio histórico, cuyo futuro enfrentó a los miembros del gobierno municipal. Algunos de ellos defendieron en una tribuna pública que la operación urbanística no debería llevarse a cabo tal como está diseñada.