El PP rechaza crear una Comisión para investigar la desaladora de Escombreras
El diputado socialista Manuel Soler ha pedido en el Pleno de la Asamblea la constitución de una Comisión Especial para investigar todas las acciones del Gobierno regional con respecto a la desaladora de Escombreras, desde 2006 hasta la actualidad. La petición fue apoyada por el portavoz de Izquierda Unida-Verdes, José Antonio Pujante, pero como en otras ocasiones y con otros asuntos, el Partido Popular la ha rechazado al considerarla innecesaria. Los populares han alegado que en su día ya se dieron todas las explicaciones necesarias.
Tanto Soler como Pujante han mostrado su desacuerdo con la apreciación del PP. Según Manuel Soler, “es necesario conocer los motivos por los que la planta se encuentra infrautilizada desde su puesta en funcionamiento en el año 2009, y por qué en algunos ejercicios el coste del metro cúbico de agua desalada ha tenido un coste superior a los 10 euros”. Por su parte, José Antonio Pujante ha incidido en que la desaladora es “innecesaria” y está “infrautilizada”, y ha añadido que “se hizo para la especulación urbanística y está asociada a la corrupción”, ya que “era una garantía de suministro de agua para Novo Carthago”.
El diputado socialista Manuel Soler ha explicado que es necesario esclarecer los hechos e informar a los murcianos sobre “el gran enredo” que existe en torno a esta infraestructura, que fue construida por la empresa Hydro Management S.L, propiedad al 80% del empresario Florentino Pérez, y según Soler, se hizo a petición de Valcárcel y Cerdá. “Ambos firmaron un contrato para pagar en un plazo de 25 años alrededor de 445 millones de euros, a pesar de que el coste real de la industria y la red de tuberías fue de unos 140 millones de euros”, ha profundizado Soler.
Manuel Soler ha recordado también que el compromiso que el Gobierno regional adquirió con la empresa de Florentino Pérez se está incumpliendo, y ha dado lugar a que se interpusiera una demanda judicial por la cual ha reclamado a la Región de Murcia el pago de 600 millones de euros, incluyendo pagos e intereses atrasados y la rescisión total del contrato.
En esa misma línea, el diputado de Izquierda Unida, José Antonio Pujante, ha argumentado que su formación lleva mucho tiempo solicitando información y exigiendo una investigación sobre la desaladora, por la que “hay que abonar casi 700 millones de euros”, lo que a su juicio de Pujante, supone “una auténtica barbaridad”.
Pujante ha insistido en que “la responsabilidad política es coral”, porque según Izquierda Unida, “hay decenas de personajes, entre ellos alcaldes de más de veinte municipios, que pactaron con el Ente Público del Agua acuerdos para el suministro de agua, aunque fuese ficticiamente, para engordar de forma artificial las previsiones de crecimiento poblacional y construcción de viviendas”.
Por otro lado, Manuel Soler ha relatado que el Gobierno regional negoció y llegó a un acuerdo para el pago de los atrasos con la empresa que construyó y que explota la planta, pero ese hecho también reviste dudas: “Creemos que ese acuerdo se vuelve a incumplir por parte del Ejecutivo regional, pues nos llegan informaciones de que la empresa está pensando en presentar ya una nueva demanda judicial por los reiterados incumplimientos de pago por parte de la Comunidad Autónoma”.
Soler ha afirmado que su Grupo Parlamentario está sorprendido “por la pésima gestión que sobre esta industria está realizando la Consejería de Agricultura”. “No podemos comprender que no habiendo aportado el PP ninguna solución al problema del agua, estando en plena sequía y pagando los murcianos con nuestros impuestos entorno a 20 millones de euros anuales para el pago de esta planta, no se esté utilizando a pleno rendimiento para paliar parte del problema que tienen nuestros regantes”.
El diputado socialista ha concluido añadiendo que tanto la construcción como las posteriores operaciones relacionadas con la desaladora de Escombreras “están plagadas de dudas e incertidumbres”, y que se trata de una obra que la Región de Murcia “no necesitaba”, además de que “desde su construcción hasta la fecha se está gestionando mal”.
