El Gobierno de Murcia impulsa por decreto ley denuncias anónimas y cortes de suministros básicos a 'ocupas'

El consejero de Fomento e Infraestructuras del Gobierno de la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha anunciado este jueves la aprobación de un decreto ley para luchar contra la ocupación de viviendas. “Somos la primera Comunidad que establece medidas contundentes para poner freno a esta práctica, y al creciente número de ocupaciones”, ha argumentado. Según el titular de Fomento del Ejecutivo murciano, “se trata de proteger el derecho constitucional recogido en el artículo 33 a la propiedad privada, así como de evitar la degradación de viviendas y el incremento de la conflictividad social en aquellos lugares donde se producen los allanamientos”.

Las novedades de este decreto ley, ha señalado el consejero en su presentación, es el establecimiento de un canal de denuncias anónimo “que proteja la identidad de los denunciantes para que no sufran represalias”, así como la obligación de los ayuntamientos de denunciar los casos que detecten sus policías locales y ponerlos en conocimiento del Gobierno regional “centralizando la información”. Las empresas de suministros urbanos -luz, teléfono y agua- deberán a partir de ahora “cerciorarse de que los solicitantes de estos servicios son los legítimos propietarios y comunicar los casos en los que no sea de esta manera”.

El Gobierno del popular Fernando López Miras, en coalición con Ciudadanos, pone en marcha esta iniciativa para disuadir a las bandas organizadas y que no se implanten en la Región “para desarrollar aquí sus actividades delictivas como ya sucede en comunidades vecinas”.

De las en torno a 1.078 viviendas que hay ocupadas ilegalmente en la Región de Murcia, según datos del Gobierno de Murcia, más de un centenar son viviendas sociales de la Comunidad, las únicas a las que afectará la nueva normativa en materia de sanciones económicas, dado que las competencias sobre viviendas de particulares o propiedad de bancos quedan fuera de las competencias del Ejecutivo autonómico. Los 'ocupas', ha denunciado el consejero, están impidiendo que un centenar de familias vulnerables en la Región “no puedan acogerse a viviendas sociales”, por lo que el régimen sancionador que acompaña al decreto contempla como infracción muy grave la ocupación de este tipo de viviendas con multas de entre 15.001 euros y 90.000 euros. Incitar a la ocupación ilegal supondrá multas entre 3.001 euros hasta los 15.000“.

Díez de Revenga ha anunciado que el decreto ley tendrá que ser ratificado en la Asamblea regional, “donde propondremos que sea transformado en proyecto de ley para obtener las aportaciones de los demás grupos”.

Las condenas por allanamiento, a la baja desde 2016

Según datos del Ministerio del Interior, las denuncias por ocupación en la Región fueron un total de 176 en los seis primeros meses de 2020, frente a las 147 del mismo período en 2019, un 20 por ciento más. Las denuncias son por el concepto genérico de ocupación, sin diferenciar si se trata de primeras y segundas viviendas o de otro tipo de inmuebles. No obstante, Interior no registra si posteriormente su clasificación cambió o cuál fue el resultado del proceso judicial. El Instituto Nacional de Estadística contempla 238 delitos de allanamiento de morada en toda España durante 2019 -no desgrana el dato a nivel comunitario-, una tendencia a la baja desde 2016. Un delito que no necesariamente implica que se haya privado a alguien de la posesión de su vivienda, ya que el allanamiento se considera cualquier intromisión ilícita en un hogar, y se puede producir por ejemplo en conflictos de pareja o familia.