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Varias decenas de familias corren peligro de perder su alquiler social pese al acuerdo entre el Gobierno de Navarra y el fondo buitre Testa Residencial

Maite, una de las vecinas del barrio de San Jorge de Pamplona, afectada por el fondo buitre

Rodrigo Saiz

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A pesar del acuerdo alcanzado por el fondo buitre Testa Residencial, propiedad del gigante Blackstone, y el Gobierno de Navarra para poner un techo al alquiler de 392 viviendas que el fondo tiene en Pamplona que recientemente han perdido su calificación de vivienda protegida, lo cierto es que muchas familias todavía corren peligro de perder el alquiler social que les permite vivir en estos inmuebles situados en los barrios de San Jorge, la Rochapea y Etxabakoitz de Pamplona.

Hace unos días el miedo y a preocupación se adueñó de varias casas de estos barrios cuando a algunos vecinos el fondo buitre les envió un mail en el que se les explicaba que sus condiciones contractuales de alquiler “habían cambiado”. Así en el caso de Ximena, que vive en un piso de tres habitaciones junto a su pareja y sus dos hijos menores, se le comunicó que pasaría a pagar una renta mensual de 739 euros a partir del 31 de marzo, cuando hasta entonces venía pagando unos 200 euros. En realidad, la renta de su vivienda es de unos 500 euros, pero el Gobierno de Navarra le cubre una gran parte del alquiler a través de un programa de ayudas para el alquiler social. El problema residía en que a este programa de ayudas uno solo se puede acoger cuando el alquiler no supere los 650 euros. Al ascender hasta los 750 euros, Ximena perdería la ayuda y de repente se vería pagando más del triple de renta. Ella contaba a este periódico entre lágrimas que tendría que abandonar su casa siete años después sin tener a dónde ir.

Ante esta situación en la que se vieron tantas familias como la de Ximena, el Ejecutivo navarro encabezado por la socialista María Chivite y Manuel Aierdi (de Geroa Bai) en la consejería de Vivienda, tomó cartas en el asunto y propuso una reunión a la dirección de Testa Residencial en España, en la que se acordó que el fondo de inversión dejaría un precio máximo de alquiler para las viviendas de 650 euros para que las familias que recibían la ayuda del Gobierno pudieran seguir haciéndolo.

En la negociación no se habló sin embargo de qué pasaría con aquellas viviendas en las que no residían familias que tuvieran ayudas al alquiler, que ahora temen que Testa Residencial les aplique la subida que pretendía ejecutar en un principio a todos los inmuebles. Y no son pocas, sólo en el barrio de San Jorge ya hay cerca de 30 familias en esta situación. Es el caso de Maite, cuyo contrato de alquiler finaliza el 1 de agosto y que no sabe cuánto le pedirán de renta para renovar. Maite que vive con su marido en uno de los pisos que compró Testa Residencial hace dos años paga un alquiler de unos 500 euros, que más la comunidad se le queda en unos 570 euros mensuales. “Llegamos justos a fin de mes, si nos suben algo nos tenemos que ir”, cuenta a este periódico. Los dos viven con un único sueldo de 1.200 euros después de que ella se quedara en paro el pasado mes de octubre cuando se rompió la rodilla y le despidieron del restaurante en el que trabajaba como cocinera.

Subidas en el alquiler de hasta 200 euros

Maite vive intranquila pensando en el momento en el que le pueda llegar el e-mail con su nueva tarifa de alquiler. No cree que a las personas que no reciben ayudas del Gobierno de Navarra les pongan el precio de 650 euros y ya están “buscando alternativas”. “Nuestras viviendas seguramente quedarán fuera del acuerdo y Testa las va a poner a precio que anunció, unos 850 euros. Con un solo sueldo de 1.200 nos es imposible”, lamenta. Asegura que ella y su marido ya están buscando otras viviendas, aunque añade que “todos los alquileres ahora están muy altos, cuesta encontrar algo por debajo de los 1.000 euros”.

Por su parte, fuentes del departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra confirman a este periódico que están negociando “los flecos” del acuerdo con Testa Residencial y que entre esos flecos se encuentra el poner la cifra máxima de 650 euros para todos los inquilinos del fondo buitre, reciban a no subvención. Aún con ese acuerdo varias familias le han trasladado al consejero que no podrán asumir la subida, que en algunos casos se acerca a los 200 euros. El Gobierno, apuntan desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Navarra, le va a trasladar la situación a Testa Residencial en una nueva reunión la próxima semana. Será entonces cuando se resuelva para bien o para mal la situación de incertidumbre en la que viven centenares de vecinos de Pamplona en las últimas semanas.

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