El Gobierno de Navarra estudia las fórmulas jurídicas para pagar sobrecostes del modificado de los túneles de Belate

El secretario general técnico del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Eduardo Jiménez, ha manifestado este miércoles que su departamento está estudiando “las fórmulas jurídicas para poder abonar los sobrecostes” que recogía el modificado de las obras de los túneles de Belate que ha recibido el reparo suspensivo por parte de la Intervención General. Según ha explicado, él ha “avalado jurídicamente” dichos cambios propuestos en el modificado de la obra, aunque ha señalado que no siente que tenga “ninguna responsabilidad”. “Emití un informe jurídico con una dirección facultativa que asegura unos imprevisibles y lo razona con motivos que figuran en el informe jurídico”, ha confesado durante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra.

El de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate es el mayor contrato que se llevó en Navarra Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el epicentro de la presunta trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo después de haber encontrado en el domicilio particular del empresario vasco un documento privado por el que Santos Cerdán adquirió en 2016 el 45% de las participaciones de la compañía. También es la obra de infraestructuras viarias más relevante de Navarra.

La obra fue licitada por el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, del que forma parte Eduardo Jiménez. Para ello se conformó una mesa de contratación, que a diferencia de otras anteriores contó con más miembros. Estuvo conformada por ocho, de los que cinco eran ingenieros (los que emitieron las puntuaciones) y tres, personal jurídico. El presidente de la mesa fue Jesús Polo Soriano, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Administración Foral. Tenía 73 años en el momento de la licitación y se le permitió seguir como funcionario pese a estar en edad de jubilación merced a tres prórrogas especiales contempladas en la ley navarra.

Según ha relatado en la comisión el presidente de la mesa, Jesús Polo, durante el proceso se generó un muy mal ambiente de trabajo entre la parte técnica (los ingenieros) y la jurídica (los letrados). Polo se llegó a referir a una “guerra abierta” entre ambas partes. ¿El motivo? Las discrepancias que surgieron sobre la forma de valorar técnicamente las ofertas. Mientras los letrados reclamaron “mayor justificación” de las valoraciones, los ingenieros acusaron a los letrados de ser “técnicamente ignorantes” en sus cuestionamientos. Estas tensiones llevaron a que los miembros de la mesa de contratación se reunieran de forma presencial únicamente en tres ocasiones y que la propuesta de adjudicación se terminase decidiendo a través de una sucesión de correos electrónicos.

Según ha detallado Jiménez, se incorporó como secretario general técnico de Cohesión Territorial en octubre de 2023, por lo que la propuesta de la adjudicación de la obra ya estaba hecha, pero era consciente de las discrepancias técnicas dentro del proyecto de la adjudicación de la obra de los túneles de Belate. “Ha habido discrepancias entre los técnicos y los vocales jurídicos y el interventor del procedimiento y al final se aprobó una adjudicación con unos votos particulares o se hizo una propuesta de la Mesa de contratación con unos votos particulares de los vocales técnicos y del vocal de intervención”, ha confesado.

Preguntado sobre si tuvo información de que hubiera habido influencia externa en algún miembro de la mesa o si escuchó hablar de los rumores sobre la adjudicación, Eduardo Jiménez ha explicado que a él no le llegó “nada”. “Se comentó algo del rumor, que habían comentado los técnicos, pero para nada ningún motivo de influencia, todo lo contrario. Yo creo que en las comparecencias todos los técnicos y todo el personal han votado y han valorado en conciencia, sin ningún tipo de presión”, ha señalado.

Además, Eduardo Jiménez no ha considerado que la adjudicación de Belate se pueda considerar nula de pleno derecho. “La nulidad de pleno derecho es la sanción más grave que hay en derecho y tiene que ser para un caso en el que hay una infracción absoluta del procedimiento. En este caso, nosotros entendemos que se han cumplido los requisitos -en la mesa de contratación- porque hay actas, hay correos. Los correos se consideran documentos de trabajo y la ley, en principio, lo admite como forma de comunicación en la que se plasma la voluntad de los distintos miembros de la mesa de contratación a la hora de tomar las decisiones. Por lo tanto, vemos que se ajusta la normativa y entendemos que no hay una causa de nulidad de pleno derecho”, ha indicado.

Sobre quién va a asumir el coste derivado del modificado, Jiménez ha señalado que “eso es competencia de la Dirección General de Obras Públicas”. “Con este informe lo que plantea ahora, están las certificaciones desde mayo sin abonar y se van a abonar quitando las unidades modificadas. Ahora mismo se está trabajando desde la Dirección General de Obras Públicas, que ya ha remitido a Intervención esas certificaciones y se está trabajando para sacarlas adelante. A la vez se están estudiando posibilidades jurídicas a futuro con la cuestión de estas unidades. En el informe lo que se propone son modificaciones de unas unidades que se consideran necesarias. Ahora Intervención ha entendido que hay unos incrementos de precios hacia algunas unidades. Es una propuesta por los órganos competentes de modificación de un contrato”, ha declarado tras negar que “hace un simple seguidismo del Gobierno” en su informe como le ha acusado el parlamentario de UPN Pedro González en su interrogatorio.