La pandemia desactiva las mafias y reduce a la mitad los temporeros en la vendimia

Vendimia mecanizada, en La Rioja

En las inmediaciones de la estación de autobuses de Logroño han dejado de verse jóvenes temporeros deambulando por las calles a la espera de ser subcontratados. Ni se les ve durmiendo en la calle ni se observan, tampoco, furgonetas que lleguen a buscar cuadrillas de vendimiadores. Esta es la insólita fotografía de la segunda campaña de la vendimia marcada por la pandemia. La ausencia de estos trabajadores, en gran parte jóvenes de origen extranjero, se repite en los cuatro albergues impulsados por el Gobierno regional riojano y las administraciones locales. En las instalaciones de Alfaro, Nájera, Fuenmayor y Logroño, a la mitad de su capacidad en el mejor de los casos, nadie se lo esperaba. Y mientras se preguntan qué está pasando, la uva o se recoge o se pasa. La denominación de origen Rioja abarca, además de a la comunidad homónima, a una parte de Navarra y al sur de Álava, la Rioja Alavesa.

La 'mafia' de la vendimia: semiesclavitud con denominación de origen

La 'mafia' de la vendimia: semiesclavitud con denominación de origen

La desaparición casi total de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y subcontratas, en su mayoría de origen portugués, es algo que han percibido este año los cuerpos policiales que se dedican a la investigación de grupos que ofrecen trabajo a los temporeros en condiciones de semiesclavitud. “La pandemia ha reducido los viajes transfronterizos y la movilidad. Ha habido un frenazo importante [en todos los delitos]. Pero creo que se irá recuperando y volverá lo que ocurría antes de la pandemia”. Así de claro lo ve el subteniente de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en Navarra, Óscar Silva, quien estima que estos grupos volverán a operar con la paulatina recuperación de la normalidad.

El mayor control para velar por el cumplimiento de los protocolos sanitarios en la vendimia no solo ha conllevado la prevención de brotes en la actual campaña y en la pasada, cuando apenas se registró un 2% de positividad en más de 1.700 pruebas realizadas. También ha provocado una importante transformación que se torna más pronunciada este año, con la paradoja de que las restricciones de movilidad han ido decayendo. Durante días nadie ha aparecido por las instalaciones gestionadas por Cruz Roja en Nájera y en Fuenmayor, en La Rioja Alta. En el mejor de los casos apenas han recibido entre un 1% y un 2% de las personas alojadas en años anteriores. “Todos los dispositivos estaban preparados con los protocolos del año pasado. Y cuál ha sido nuestra sorpresa que la afluencia de temporeros ha bajado a una cifra que no esperábamos”, apunta Ana Arnáez, responsable de servicios sociales de esta entidad. En un año normal, ambos albergues han llegado a dar respuesta, cada uno, a un máximo de 170 personas en los 21 días que permanecen abiertos.

Tampoco se lo esperaban en Logroño. De hecho, el dispositivo habilitado por el ayuntamiento en un polideportivo municipal ha aumentado en esta ocasión sus plazas en medio centenar más, hasta alcanzar las 150. Sólo en los últimos días, a poco de cerrar sus puertas el 14 de octubre, han logrado completar el aforo. En las jornadas de menor demanda han llegado a ocupar la mitad y esto es algo que no se recuerda haber vivido en años anteriores. Para el concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario en el consistorio, Iván Reinares, son múltiples las causas de la reducción “sustancial” de vendimiadores, también de aquellos en situación administrativa irregular que llegan sin haber sido contratados previamente. Entre ellas, apunta, se encuentra el mayor control y coordinación entre administraciones. Esto es algo que, estima, desincentiva la presencia de subcontratas. “Todas las partes estamos haciendo mejor nuestro trabajo. La COVID-19 ha ayudado a esto también. La situación sanitaria para lograr una vendimia segura hizo a aflorar una situación de los temporeros que la gente no conocía”, considera.

En este sentido también apunta el sindicato UGT, uno de los primeros en comenzar a denunciar la presencia de grupos que operan como mafias desde el 2016. Según explica Carlos Alfaro, secretario general de UGT-FICA en la Rioja, está calando además en los agricultores el mensaje para que contraten de manera directa a las cuadrillas. Esta mayor concienciación en los empleadores, unida a la vigilancia realizada por la Inspección de Trabajo para aflorar el empleo sumergido, así como el control de los servicios de prevención sobre los protocolos sanitarios, considera, ha terminado por dejar de hacer interesante a los intermediarios y las ETT la campaña de la vendimia.

El gran problema es que ni ellos mismos saben que son víctimas

Óscar Silva, subteniente de la UOJP de la Guardia Civil

Pero las “mafias” no han desaparecido del mapa del todo. En un bar de una localidad ubicada en la Ribera del Ebro desayunan habitualmente varias cuadrillas de temporeros. Algunos de ellos casi acaban su trabajo sin ver un solo euro. Según apunta Jesús Ceras, secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO en Navarra, el intermediario de origen portugués que los subcontrató para una gran empresa de la zona se fue sin pagarles. El intermediario se llevó más de 60.000 euros. Los trabajadores acudieron al empresario a reclamar la nómina prometida y el asunto se resolvió con éste costeando la deuda y sin denuncia.En el municipio todos se conocen y comentan lo sucedido con el dueño que les pone el café. Pero prefieren no hablar de ello con las autoridades. “El gran problema es que ni ellos mismos saben que son víctimas”, apunta el subteniente de UOPJ en Navarra, Óscar Silva, quien reconoce la gran dificultad de que estas personas acudan a una comisaría conscientes de sus derechos.

“En las inspecciones que hacemos están aleccionado. La empresa les impone lo que deben contestar sobre las cantidades que cobran. Y, por supuesto, nunca es cierto”, abunda. Hasta este viernes, según datos de la Guardia Civil en La Rioja, se han llevado a cabo una veintena de inspecciones. Los agentes han contactado con 167 trabajadores de diferentes nacionalidades en las que se les explican sus derechos.

El impulso de la mecanización y trabas burocráticas

Mientras los dispositivos especiales para los temporeros más vulnerables van echando el cierre, la vendimia avanza hacia el norte con 270.000 kilos de uva recogidos. Este volumen supone más de la mitad de la producción esperada para las 11.000 explotaciones agrícolas repartidas por todo el territorio.

“Antes en La Rioja era la fiesta de la vendimia. Ahora es el calvario de la vendimia”. Así retrata las consecuencias de la escasez de mano de obra Néstor Alcolea, secretario de Organización en la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en el territorio. No en pocas ocasiones suena el teléfono para esta entidad con llamadas de viticultores que preguntan por cuadrillas a las que contratar. Son aquellos que no pueden mecanizar sus viñas, como ya han hecho más del 40% de las explotaciones. De hecho, durante la pasada campaña los agricultores optaron definitivamente por recurrir a las cosechadoras que han llegado para quedarse, al menos en aquellos casos donde las viñas se organizan en espalderas, soporte o barra que guía y conduce la planta de la vid. El problema lo tienen, no obstante, quienes cultivan en vaso -sistema tradicional sin este tipo de conducción-, y son estos empresarios los que, en ocasiones, están viendo peligrar sus cultivos.

Este es el primer año que suena también el teléfono de la trabajadora de Cruz Roja Ana Arnáez mientras atiende en los albergues de Nájera y Fuenmayor. Asegura que jamás ningún agricultor le había llamado antes preguntando dónde contratar cuadrillas. Algo bien distinto, asegura, ocurrió el pasado año. Y es que mientras las cosechadoras entraban en las explotaciones, no pocos temporeros se marcharon sin trabajar. “Esto corre como la pólvora y, entre ellos, el ‘boca a boca’ funciona”, explica.

La decisión de mecanizar el trabajo agrícola no sólo radica en los bajos costes derivados de la mano de obra y en la rapidez que garantiza la cosechadora. Según apunta Alcolea, la obligación de ofrecer alojamiento a los temporeros que no residen en la comunidad es uno de los motivos principales. “La realidad que vivimos en La Rioja, y en general en la Ribera del Ebro, es que no hay alojamientos disponibles para los temporeros que vienen. Y se da la paradoja de que un agricultor no puede contratar a un trabajador porque no dispone de alojamiento durante los cinco o seis días que dure la vendimia”, abunda. En este sentido, desde su organización insisten en solicitar a las administraciones una red público-privada de albergues disponibles para que los viticultores puedan ofrecer un techo a los temporeros itinerantes.

En una campaña de la vendimia previa a la pandemia el volumen de contrataciones de temporeros oscila entre las 5.000 y 7.000. Desde la patronal agraria ARAG-Asaja, su secretario general Igor Fonseca, estima que este año la reducción los mismos ronda el 20%, por encima de la anterior campaña. En este sentido, Fonseca lleva tiempo criticando los procedimientos administrativos para dar de alta a un temporero. “Hemos contabilizado hasta 20 gestiones diferentes para contratar a un solo trabajador. Cualquier desliz o imperfección administrativa puede conllevar importantes sanciones”, asegura. Y el riesgo de perder un solo día de maduración de la uva es algo que el agricultor no se puede permitir. Esta circunstancia, añade, junto a los protocolos sanitarios, ha dado el impulso definitivo a la mecanización de las campañas agrícolas. En medio de ello, señala a la Inspección de Trabajo, a la que acusa de poner el foco en los pequeños y medianos empresarios y no en los intermediarios que no dan de alta a los temporeros, ni ofrecen alojamiento o pagan por debajo del convenio.

Evaluar las causas de la reducción de estos trabajadores es algo que las distintas administraciones involucradas en una de las campañas más importantes del país analizarán a partir de noviembre. No obstante Fonseca sí advierte que, en concreto, los intermediarios que operan irregularmente siguen existiendo: “Lo que nos gustaría es que los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ministerio de Trabajo se centrasen en acabar con este tipo de mafias y no en perseguir al agricultor por pequeñas deficiencias administrativas”.

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