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Se complica el acuerdo presupuestario con EH Bildu: exige 233 millones y subir las pensiones

El lehendakari, Iñigo Urkullu

eldiarionorte.es

Las exigencias de EH Bildu complican el acuerdo presupuestario aunque la coalición no haya presentado una enmienda de totalidad al proyecto del Gobierno de PNV y PSE-EE. La formación ha planteado la incorporación de 19 enmiendas parciales que movilizarían 233 millones, con los que se pretende, entre otros objetivos, incrementar el complemento que perciben los pensionistas a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Las parlamentarias de la coalición soberanista EH Bildu Leire Pinedo y Nerea Kortajarena han registrado este viernes las 19 enmiendas en la Cámara vasca, después de presentarlas en rueda de prensa a los medios informativos. Según han explicado, el importe total de las iniciativas planteadas se eleva a 233 millones de euros, que servirían, entre otros objetivos, para que el actual complemento que perciben los pensionistas a través de la RGI, permita pasar de los 732 euros de pensión mínima a los 858 euros.

Preguntadas por si esta estimación económica supone un cambio a la baja respecto a su exigencia inicial al Gobierno en las Cuentas, cifrada en 420 millones (350 de ellos a pensiones), ambas parlamentarias han respondido que no. Según han apuntado, a final de año “al tratarse de un derecho subjetivo” se superará la cifra establecida y el dinero que deberá destinar el Gobierno vasco para cubrir todas las solicitudes se acercará a la cantidad planteada en su propuesta inicial.

Por su parte, Elkarrekin Podemos ha registrado una enmienda de totalidad y 450 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos de Euskadi para 2019, unas propuestas que plantean cambios presupuestarios por valor de 320 millones de euros, y entre las que se incluye la aportación de 15 millones para el “rescate” de La Naval y un incremento de 30 millones de euros en las partidas para revitalizar las zonas desfavorecidas. El parlamentario Julen Bollain ha explicado que las propuestas responden al objetivo de dar un “giro” social a las cuentas elaboradas por el Gobierno.

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