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Euskadi cierra 2019 con 52.455 perceptores de ayudas sociales, el dato más bajo de la última década

Casi 10.500 reciben la RGI para complementar su salario laboral, es lo que se conoce como trabajadores pobres

Manifestación en defensa de la RGI

Manifestación en defensa de la RGI EH BILDU

El año 2019 se ha cerrado con 52.455 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Se trata de la cifra más baja de la última década. Es decir, unos 12.000 menos  que en los peores años de la crisis. ¿Cómo se explica este descenso? La recuperación del mercado laboral en los últimos años es la primera respuesta de los especialistas, incluidos los responsables del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, que es el organismo que se encarga de gestionar estas ayudas. 

Pero, aún son demasiadas las familias que viven pendientes de esta ayuda. A lo que hay que sumar las precarias condiciones laborales, especialmente de los jóvenes, que en algunos casos les lleva a solicitar la RGI para complementar el salario que obtienen de su trabajo. Casi 10.500 perceptores de la RGI del total de los 52.455 recibe este complemento. Es lo que se conoce como trabajadores pobres. Con este escenario como telón de fondo, el Gobierno camina hacia la reforma del sistema con el objetivo de hacerlo sostenible.

De momento, el importe que percibe cada perceptor de la RGI crecerá un 4 % este año gracias al acuerdo del Gobierno con Elkarrekin Podemos para los presupuestos de 2020. La RGI básica mensual quedaría con la subida en 694 euros, aproximadamente, por 667 de 2018 y 680 previstos en la propuesta inicial de PNV y PSE-EE. La mejora sigue a otra del 3,5 % en 2018 acordada también por el Ejecutivo con Elkarrekin Podemos dentro de las tres leyes tramitadas a principios de año para hacer algunos ajustes y gestionar la situación de prórroga al no contar con un presupuesto vigente para el ejercicio. 

Estas dos subidas trata de paliar los retrocesos sufridos por esta prestación en anteriores legislaturas. Así, en 2011 se ejecutó una reforma restrictiva, elevándose de uno a tres años, con carácter general, el requisito de empadronamiento para acceder al sistema. En 2012 entró en vigor un recorte del 7 % en todas las prestaciones, percibidas en ese momento por unas 60.000 familias. 

Además, Lanbide acumula 244 sentencias en su contra en los últimos tres años por denegar, recortar o restringir el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a las familias con menos recursos.

Aunque la RGI es la envidia de otras comunidades en cuanto a sistema de protección social, lo cierto es que su gestión no ha estado exenta de problemas. En varias ocasiones, el Ararteko ha advertido de que las quejas ciudadanas por la gestión que realiza Lanbide de la prestación le han desbordado. Sobre todo, en los momentos más acuciantes de la crisis. 

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