Sector Naval y 7-J: hablarán los tribunales

“Pleitos tengas y los ganes”, decía aquel, como queriendo dar a entender que si no pasas por un juzgado en tu vida es que te has perdido algo importante. Pues la aplicacion de la reforma laboral va a llevar a muchos trabajadores a los juzgados para intentar mantener sus derechos laborales, ahora en cuestión, tras decaer buena parte de los convenios que estaban vigentes hasta el 7-J.

Los sindicatos ya han puesto a trabajar a sus servicios jurídicos. En las sedes de las centrales los expertos en legislación laboral se enfrentan a un variopinto ramillete de comunicaciones remitido por los empresarios, incluso antes de que llegara el ya famoso 7 de julio. Algunos mantienen las condiciones laborales hasta el 31 de enero de 2013, otros anuncian la aplicación inmediata del convenio estatal -lo que en todas las ocasiones implica una merma considerable de derechos laborales- una vez ha decaído el correspondiente convenio del sector el pasado 8 de julio. Los sindicatos han advertido a los trabajadores afectados que desde que las nuevas condiciones entran en vigor tienen 20 días para ir a los tribunales.

De la incertidumbre inicial, se ha pasado a la aplicación inmediata de la reforma laboral en muchas empresas. Y miles de trabajadores han visto mermadas sus condiciones laborales o tienen la espada de Damócles en sus cabezas ante lo que puede pasar el próximo 31 de enero de 2013, ya que muchas comunicaciones de los empresarios postponen también la aplicación de las nuevas jornadas y salarios a final de año.

Los expertos ya lo venían vaticinando. “Estamos en un momento especialmente complicado de la negociación colectiva, por el elevado número de convenios que pueden perder su vigencia el 8 de julio. La falta de acuerdo entre las partes, y el incremento del poder de dirección empresarial tras la reforma del Partido Popular, llevan a una mayor conflictividad laboral que se traslada a la vía judicial, algo que no ayuda en modo alguno a una ordenación racional de las relaciones de trabajo basadas en el diálogo y acuerdo entre los agentes sociales”, alertaba recientemente en una entrevista en EDN el catedrático de Derecho del Trabajo, Eduardo Rojo Torrecilla.

El sector Naval, que el próximo miércoles se juega su futuro definitivamente, tiene también su derivada judicial. En el caso de los astilleros, el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, para intentar salvar su imagen y no pasar a la historia como el comisario socialista vasco que puso la puntilla al sector Naval español y mandó al paro a 87.000 personas, ha elaborado un discurso un tanto cuestionable. Su estrategia de defensa para intentar salir airoso ha sido la de explicar que la devolución de las bonificaciones fiscales por el sistema 'tax lease' en ningún caso va a afectar a los armadores que compraron los buques, ni a los astilleros españoles que los fabricaron entre 2005 y 2011, fecha en la que se abrió el expediente sancionador por incumplimiento de la normativa sobre competencia y ayudas públicas. Que en realidad los paganos de toda esta historia serán los inversores y las entidades que financiaron la construcción de esos buques.

Manuel Velado es eterno, como Lola Flores. Un histórico del sector Naval, ugetista de proa y popa, es de los pocos que estos días ponen nombre a esos “inversores” de los que habla Almunia. “Son grupos muy reconocidos por parte de todos, El Corte Inglés, Inditex, Zara, Banco Santander...”, y empezarán a llover demandas lo que “va a crear un estado de inseguridad jurídica que no posibilite la financiación de nuevos proyectos”, advierte Velado.

Almunia tiene todo el derecho de mundo a no estar cómodo por actuar como comisario europeo y no como socialista bilbaíno en éste y en cualquier asunto. Y tiene razón porque responde a su cargo y no a su carné de partido o DNI y, de hecho, lo contrario sería una causa para apartarle de su responsabilidad actual comunitaria. Tal vez por eso el viernes admitió recibir a los sindicalistas de los astilleros que le habían hecho un sonoro recibimiento en San Sebastián al grito de “Almunia escucha, sector Naval en lucha”. Y les recibió para contarles toda la historia. Y, como dijo luego públicamente, no les ocultó su profunda preocupación porque “algunos, para desviar su propia responsablidad están metiendo miedo a los astilleros”, en alusión a todos esos bancos y empresas que han financiado los barcos en España con las bonificaciones fiscales que ahora la UE previsiblemente les va a pedir que devuelvan a las arcas españolas.

Pero hay cierta trampa en ese planteamiento. Se ha dicho hasta la saciedad que cuando los inversores, ahora de carne y hueso gracias a personas como Manuel Velado, se involucraban en un contrato para construir un barco dejaban escrito en la letra pequeña de los contratos que cualquier reclamación en relación con el sistema empleado para la financiación no recaería sobre sus espaldas, sino sobre la de los astilleros, como ha recordado la patronal de los astilleros Pymar. ¿Y quién se arriesgará a poner dinero dinero para construir barcos en el futuro? Es la “muerte de los astilleros”, como repite el sector.

Desdel el mundo judicial, ya se advirtió hace tiempo de las implicaciones que estaba teniendo en los juzgados la aplicación de la reforma. Y como el Gobierno español no está por la labor de reforzar los juzgados de este país para hacer frente a la previsible avalancha de demandas que van a llegar a los tribunales, el colapso de los tribunales es la consecuencia clara. No será algo inmediato, pero llegará. Y cuando los diferentes tribunales superiores de este país y el propio Consejo General del Poder Judicial presenten en 2014 las memorias judiciales de este año, todo el mundo se echará las manos de la cabeza. Pero para cuando esto pase, los funcionarios que día a día hacen que administrar Justicia sea una realidad en los juzgados y no un mero desideratum, ya estarán sepultados por el trabajo diario. Y los jueces que imparten Justicia lo habrán hecho con sentencias y resoluciones judiciales de menor calidad. No es una opinión, es lo ellos ya están advirtiendo. Y los datos, que no mienten: en los juzgados de lo Social se han presentado durante el primer trimestre 41.878 demandas por despido, un 24,4% más que en el primer trimestre de 2012.