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Los 400 presos, el último 'arsenal' de ETA

Un millar de personas reclama en Bilbao la amnistía para los presos de ETA

Aitor Guenaga

Los expertos policiales y buena parte de la clase política vasca consideran que el material más preciado que le queda a ETA no es ni la docena de activistas que se mantienen en la clandestinidad en Francia, ni el centenar de armas cortas (pistolas y revólveres) robadas en suelo galo en octubre de 2006 durante la tregua de la etapa del Gobierno Zapatero. El auténtico 'arsenal' de la organización terrorista es el compuesto por los cerca de 400 presos dispersados por 71 cárceles españolas y francesas. Y a la vez un recordatorio para la organización terrorista que, pese a la capacidad demostrada durante todas estas décadas para evitar la implosión del colectivo tras los barrotes de las prisiones, el colectivo empieza a dar los primeros síntomas de cansancio.

Justo cuando nadie se lo esperaba, tras una política férrea e implacable del Gobierno del PP en materia penitenciaria, el PP se ha saltado su propio guión. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha movido ficha en el 'frente de makos' de ETA al final de su mandato, después de haber mantenido la política de dispersión durante estos casi cinco años que lleva al frente de una de las carteras más cuestionadas del Gobierno de Mariano Rajoy.

Lejos de promover una flexibilización de la política penitenciaria, reclamada tras cinco sin años desde el final de la violencia terrorista por la práctica totalidad de los partidos políticos de la oposición, Fernández Díaz no ha dado un paso atrás ni para tomar impulso. Incluso, nada más entrar en el ministerio, desbarató la política de encuentros restaurativos entre víctimas y verdugos que tan buenos resultados estaba dando a la hora de que algunos presos se separaran de las directrices de ETA y hicieran su propio recorrido vital de reconocimiento del daño injusto causado.

Hasta que al ser preguntado, en este aniversario del cese definitivo de la violencia de ETA, el ministro del Interior ha realizado unas declaraciones interpretadas por el Gobierno vasco como una “oferta” a la organización terrorista: el representante del Ejecutivo popular ha mostrado su disposición a acabar con la dispersión a cambio de la disolución definitiva de la banda. ¿Un exceso del ministro? ¿Un movimiento con recorrido posterior, ahora que está claro que Fernández Díaz no va a repetir en el cargo y puede ceder el testigo a Dolores de Cospedal?

Nadie quiere entrar en la cárcel y los dirigentes de la izquierda abertzale (Sortu) que han evitado cruzar los umbrales de las prisiones pactando penas por debajo de los dos años han pretendido presentar esos movimientos como la primera fase del proceso de vaciamiento total de las prisiones. Todos estos movimientos se han producido a principios de este año. Pero en las cárceles no se termina de ver el final del túnel. Y los que salen, sí, obtienen su minuto de gloria en los recibimientos que aún se tributan a los exreclusos etarras, pero luego espera el difícil día a día: la vuelta a la normalidad, la inserción laboral, las marcas psíquicas después de tantos años tras los barrotes y, sobre todo, para muchos de ellos el ver de primera mano que no solo “hemos perdido la guerra” -como admiten pocos en público y muchos en privado-, sino que la ciudadanía vasca hace tiempo que ha pasado la página del horror que ellos escribieron mientras formaban parte de la otrora engrasada maquinaria de muerte y destrucción que fue ETA.

Asumir la legalidad penitenciaria

El colectivo de presos políticos vasco (EPKK) -que es como se autodenominan los reclusos de la organización terrorista ETA- se ha movido desde que a finales de 2014 aceptara una evidencia: que la única vía que les queda para es la asunción de la legalidad penitenciaria. Y, además, ha sido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo quien en esta legislatura echó por tierra la 'doctrina Parot', poniendo en un aprieto al Gobierno, que tuvo que excarcelar a decenas de reclusos ante la atenta e inquisitorial mirada de las líderes de las asociaciones de víctimas del terrorismo más radicales.

En estos dos últimos años, sus abogados lo han intentado todo por la vía judicial. Pero se han encontrado con la jurisprudencia asentada ya tanto en la Audiencia Nacional, como en el Tribunal Supremo, sobre la negativa a acceder a sus exigencias de acercamiento a prisiones vascas o sobre la oposición al régimen de dispersión, algo que según han reiterado los jueces en numerosas sentencias no conculca otros derechos fundamentales de los presos de ETA.

Lo que queda de ETA sabe que el tiempo juega en su contra. Las cárceles se pueden ir vaciando de una manera más lenta o más rápida en función de las decisiones que la propia ETA adopte. Hace cinco años había 665 presos y presas en las 71 cárceles. Hoy son 360, según los últimos datos ofrecidos esta semana por la red de apoyo Sare. En octubre de 2011 había 70 presos a los que se les “aplicó una doctrina de excepción para evitar su libertad aún habiendo cumplido su condena”, denuncia Sare. Hoy, cinco años después, son “48 los presos a los que afecta el que no se les compute la condena cumplida” en las cárceles francesas, como ha reiterado el Tribunal Supremo en el caso Pikabea. Por no hablar de los presos etarras con enfermedades graves que deberían estar ya en la calle, actualmente diez, según Sare.

Mientras, tímidamente, hay pasos dentro de las prisiones. Con sordina, a cuentagotas, se ha abierto la espita a situaciones que antes eran imposibles -aceptar mecanismos que siempre han rechazado, por ejemplo en el régimen carcelario- o simplemente suponían el señalamiento de sus compañeros y el ostracismo. “Ahora piden destinos penitenciarios trabajos en la biblioteca, en el comedor, etc para favorecer la evolución de grado del preso y en el futuro un posible acercamiento”, revela el experto en ETA, Florencio Domínguez.

Las calles de las capitales vascas se llenan varias veces al año -sobre todo en la tradicional manifestación de enero- con la liturgia comunitaria en favor del acercamiento de los presos de ETA. Y aunque se mantiene la épica que el grupo Esne Beltza ha resumido muy bien en una de las canciones de su último disco Mugitu Harriak -“Si ofreces una mirad a las palabras que se han pegado a las paredes de la boca / encontrarás la frase ”Pres@s vasc@s al País Vasco“ que durante tantos años hemos gritado /No/, no existe piedra que no se pueda mover / ni tampoco existe una Euskal Herria / que abandone a uno de sus hij@s en una cárcel”- el tiempo pasa.

Y no transcurre de la misma manera fuera que dentro de las prisiones. Arnaldo Otegi lo sabe bien. Ha pasado los últimos seis años y medio de su vida encarcelado por su condena como dirigente de ETA por el caso Bateragune. Su compañero y exsecretario general de LAB, Rafa Díez, sigue en prisión por la misma causa. Otros como Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, la exalcaldesa de Mondragón Inocencia Galparsoro o la exdiputada del PCTV Nekane Erauskin (así hasta 35 acusados incluidos en el sumario 04/08 en el que se pactaron penas y se admitieron los delitos para evitar la cárcel en enero de este año) optaron por no entrar.

Y tiempo (algunos mucho por delante) es lo único que tienen para ver pasar los 400 presos desde el interior de las prisiones.

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