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Una sentencia ordena que se oferten en propiedad las comisiones de servicios de la Ertzaintza

Natalia González de Uriarte

Vitoria-Gasteiz —

Todas las plazas que estaban en Comisión de Servicios en la Ertzaintza al convocarse el último despliegue del 19 de enero de 2012 durante la legislatura del socialista Patxi López deberían haber estado incluidas en la convocatoria de provisión de puestos de trabajo. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha estimado una apelación interpuesta por el sindicato S.i.P.E.

Esta organización sindical presentó un recurso de apelación contra una sentencia del Juzgado no 6 que desestimaba la petición de Si.P.E. contra el despliegue de 2012. En el mismo solicitaban que se convocaran todas las plazas y que se declararan nulas las “bolsas de trabajo” en la Ertzaintza. “La titular del juzgado nº6 se había lavado las manos al desestimar la demanda de Si.P.E. y al aceptar las tesis del Departamento cuando dice que ”esas comisiones son una excepcionalidad“ y que ”el Departamento realiza lo que denomina una interpretación armónica del art. 72 de la LPPV, y del art. 25 del Decreto 388/98 , para concluir que “la obligatoriedad de ofertar las plazas ocupadas en comisiones de servicio, solo surge una vez agotado el plazo máximo de 3 años establecido

por los arts. 72.6 LPPV y art. 25.4 RPPV. No agotado el plazo no existe obligación de ofertar“.

Ahora el TSJPV dicta a favor de S.i.P.E. Según cita la sentencia de tribunal, el artículo 72.6 establece claramente que los puestos de trabajo provistos en comisión de servicios deberán ser ofertados en la primera convocatoria. “La norma es clara, y no exige una interpretación 'armónica' como la sostenida en la sentencia- en referencia a la primera- que no compartimos”, recoge la resolución definitiva.

Pelea por el número de plazas

Desde S.i.P.E. han mostrado su satisfacción y hacen una lectura muy positiva del fallo del tribunal. “Nos da la razón y pone así fin a la tan manida práctica del Departamento de utilizar las comisiones de servicio, que tiene un determinado cometido, para todo aquello que les interesa a ellos. Esto es el principio del fin. Se acabó”, manifiesta Juan Carlos Sainz, secretario de organización del Sindicato Profesional de la Ertzaintza.

Los responsables sindicales calculan que el dictamen, que pide también la anulación de las bolsas de trabajo entonces creadas, podría afectar a más de 3.000 puestos cubiertos mediante comisión de servicios. Por su parte, el recuento que hace el Departamento de Interior sobre el alcance real de la sentencia es bien distinto. “La sentencia dice que se hizo algo incorrecto al no sacar todas las vacantes, las plazas que no tenían titular. Estamos hablando de alrededor de unas 59 entre las brigadas de refuerzo, las de rescate y la banda de música”, explican fuentes del Departamento.

La pelea está servida. Aunque Interior reconoce que se obró de manera inadecuada en el último despliegue de la Ertzaintza, no está de acuerdo con las cuentas de los sindicatos. “Cuando pidamos la ejecución de la sentencia se determinará en concreto el número de plazas a ofertar y ni por asomo son las 59 que citan ellos. Quizás no sean 3.000 pero se acerca. Sólo en la Unidad de Escoltas a 1 de enero de 2012 había 200 agentes en comisión de servicios; en la brigada de refuerzo que luego el PNV pasó a denominar Servicio de apoyo a la brigada móvil, 200 en comisión de servicios y suma y sigue. Y todo sin incluir las comisarias de referencia y la macro de Erandio”, detalla Juan Carlos Sainz, que resta cierta importancia a ese cómputo mientras se la otorga a la obligatoriedad de ofertar la comisión de servicios en la convocatoria de provisión de puestos de trabajo. “Se empieza a solucionar la precariedad que padecemos en el cuerpo. Se trata a la Ertzaintza como funcionarios de segunda”, lamenta el sindicalista.

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