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La ley para el suicidio asistido evitará chocar con el Código Penal

Los grupos debatirán sus enmiendas sobre la proposición no de ley a partir del 28 de febrero

Natalia González de Uriarte

El Parlamento vasco afronta a partir de marzo el debate final del que saldrá, previsiblemente en esta legislatura y si la capacidad de negociación y entendimiento de los parlamentarios lo permite, una regulación autonómica sobre el derecho a morir dignamente. Euskadi se sumaría así a otras comunidades, como Navarra, Aragón o Andalucía, que ya han aprobado leyes similares propias. Aunque en la práctica, esas normativas tienen un techo: el Código Penal. En su artículo 143 se penaliza el suicidio asistido al castigar la conducta de auxiliar a una persona a quitarse la vida, así como ejecutar la muerte de quien no desea seguir viviendo y la cooperación necesaria a un suicidio “eutanásico”. Las penas van de dos a diez años de cárcel dependiendo del grado de cooperación.

Así que el trabajo parlamentario que en este ámbito desarrolla la Cámara vasca, estará de momento, supeditado al Código Penal. Es un obstáculo insalvable y por ello, como paso previo, todos los grupos, a excepción del PP, acordaron hace unos meses solicitar al Congreso la modificación del Código Penal. El artículo sigue sin enmendarse y sin la despenalización del suicidio asistido no se puede garantizar plenamente en la práctica el derecho de una persona a morir dignamente.

No obstante, este impedimento no ha frenado las aspiraciones de los grupos parlamentarios vascos. A partir del 29 de febrero echará a andar la ponencia en la que se van a estudiar y negociar las enmiendas presentadas por los partidos, después de que a lo largo de más de un año hayan escuchado la opinión de más de una veintena de profesionales de comités éticos asistenciales, responsables de áreas de cuidados paliativos, expertos en bioética, abogados penalistas o representantes, entre otros, del Registro de Voluntades Anticipadas de Euskadi. Tienen cuatro meses para deliberar y engendrar, antes de que acabe la legislatura, una regulación propia para la comunidad vasca.

La decisión final, ¿en manos del paciente o del médico?

Y esas conversaciones van a venir marcadas por dos posturas, una más pragmática, la del PNV y otra, la de EH Bildu, el grupo proponente de la iniciativa, más ambiciosa. En la coalición soberanista son conscientes de que ese tope legal del Código Civil va a condicionar el debate pero aseguran que no les va a limitar. Para EH Bildu es una oportunidad de abrir camino. “Las Leyes cambian, no son perpetuas, han de adaptarse a la sociedad. Los partidos e instituciones parece que siempre vamos por detrás de lo que demanda la ciudadanía. Tenemos que dar respuesta a este problema con el que todos, antes o después, nos vamos a encontrar y por ello confiamos en sacar adelante una buena norma. Sabemos que luego puede ser recurrida en alguno de sus artículos pero servirá de ejemplo y ayudará a impulsar el debate también a nivel estatal. Tenemos que ser audaces e ir evolucionando al ritmo de la sociedad”, explica Rebeka Ubera, de EH Bildu.

En esta línea se enmarcan sus enmiendas. Además de pedir la actualización de la regulación jurídica, quieren dejar la decisión final en manos del paciente, de modo que su opinión, prevalezca sobre la del profesional sanitario.

El PNV, que también espera cambios en el Código Penal, quiere avanzar pero con más cautela, al menos, hasta que estos lleguen. Abogan por una ley que tenga una aplicación práctica. “No vamos a aprobar una ley que supere las competencias que tenemos y que luego no vaya a tener recorrido”, aclara la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Leixuri Arrizabalaga.

En su Asamblea General, celebrada el pasado fin de semana en Pamplona, el PNV fijó en una comunicación leída en el plenario que debe ser un adulto con una enfermedad en fase terminal o gravemente penosa e irreversible el que realice la petición por escrito a su médico de forma libre, consciente, voluntaria y de forma mantenida durante “un tiempo prudencial”. En caso de duda, se deberá consultar a un psiquiatra para la autorización.

Puntos de encuentro

En este sentido el grupo plantea una serie de condiciones que no contemplan ceder la decisión al paciente, como pide EH Bildu. Para el PNV, la posible despenalización de estas prácticas exige establecer “con absoluta claridad” unas circunstancias bien delimitadas para acceder a las mismas. Piden que se trate de un adulto con una enfermedad en fase terminal o gravemente penosa e irreversible y que realice la petición por escrito a su médico de forma libre, consciente, voluntaria y de forma mantenida durante “un tiempo prudencial”. Y la solicitud del paciente deberá ser analizada por otro médico distinto que la rechazará o aprobará, algo que no comparte EH Bildu. “Lo envuelven de forma que parece que la decisión se toma de manera conjunta pero al final no queda en manos del paciente. No estamos de acuerdo en esto. Para EH Bildu somos las personas las que tenemos que decidir cómo, dónde y cuándo morir”, resalta Ubera.

Pese a las diferencias iniciales, los grupos esperan alcanzar puntos de encuentro y una buena sintonía para encarar esta recta final de la tramitación de la ley.

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