Empezar por lo urgente
Este es nuestro primer 8 de marzo en las instituciones, y llegamos a ellas sin terminar de llegar. Todavía no hay gobierno, no hay investidura, y Congreso y Senado funcionan sólo a medio gas. Se constituyeron las comisiones de Igualdad tanto del Congreso como del Senado, y corrimos a formar parte de ellas. Los días pasan y aunque seguimos sin gobierno, el trabajo pendiente es ingente y apremiante. Así que hemos decidido empezar a trabajar, y empezar por el lugar más urgente, por donde más duele: la violencia machista. El extremo del sistema partriarcal.
Desde principios de este año ha habido en España once asesinatos machistas según datos oficiales del Ministerio del Interior; dieciocho si incluimos a niñas y a mujeres asesinadas fuera de relaciones afectivas (según feminicidio.net). Este dato dramático es una constante, y contamos ya más de 800 asesinatos machistas en España en los últimos 12 años. Esta es, pues, una violencia que no cesa ni remite si no se la combate. Y el combate está siendo claramente insuficiente.
Al mismo tiempo, bien es sabido que los feminicidios son solo la punta del iceberg ya que, según la Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer de 2015, un 13% de las españolas ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, y una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de violencia psicológica y control emocional. Una de cada cuatro significa que todas y todos convivimos cotidianamente con esa realidad. Probablemente con una terrible normalidad. Por supuesto, desde lo político el abordaje de la violencia debería ser mucho más ambicioso y multisectorial de lo que es hoy en día.
Ante esta realidad, ¿da el sistema una tratamiento adecuado? ¿Está protegiendo a esas mujeres? ¿Penando a sus agresores? ¿Reparando esos daños? La respuesta es que no suficientemente.
En la web del Observatorio iQ encontramos una comparativa alarmante entre los datos oficiales de que disponemos. Según esos datos, 540.000 mujeres han sufrido violencia durante el último año en España, pero solo 127.000 han denunciado. De estas, las denuncias admitidas a trámite son únicamente 46.000; y si nos fijamos en aquellas que han terminado en una sentencia condenatoria hablamos de 28.000. La distancia entre las 540.000 mujeres que habrían sufrido violencia machista y las 28.000 sentencias condenatorias muestra que el sistema de protección integral y la Ley contra la violencia de género en su epicentro, necesitan una revisión en profundidad.
Porque lo cierto es que tenemos un sistema de gestión de las situaciones de violencia que pone todo su empeño en la denuncia -mujer, denuncia- y que vincula la protección y el tratamiento del caso a la decisión judicial. Y a la vez tenemos un sistema legal y judicial que mayormente desconoce el fenómeno de la violencia machista, con lo que expulsa muchas mujeres de ese mismo proceso de denuncia que se le reclama. La mayoría de violencias, grandes y pequeñas, quedan por desvelar. Es por ahí por donde debemos empezar. Tras doce años de implementación de la ley de violencia, necesitamos saber qué funciona, qué no funciona, qué hay que mejorar.
Por otro lado, el Estado español lleva años desoyendo los tratados internacionales que él mismo ha firmado y ratificado. Muy concretamente, es grave que siga ignorando el Convenio de Estambul, que data del 2011 y que España ratificó el 18 de marzo de 2014, convenio que insta a los estados a reconocer en sus leyes todos los tipos de violencia machista. Pues bien, nuestra Ley reconoce la violencia de género únicamente en el ámbito de la pareja y expareja. Sin embargo, la realidad y la justicia de género imponen seguir el convenio e incluir otras muchas violencias, como el acoso, la violencia sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos, la explotación sexual, el aborto y la esterilización forzosos, o los malos llamados crímenes de honor.
Es por ello que hoy pedimos aquí, y también en propuesta legislativa en sede parlamentaria, la evaluación de la Ley de violencia de género. Pedimos un pleno extraordinario en el Congreso. Y pedimos una ponencia de estudio en el Senado. Y pedimos también, mediante una propuesta no de ley, la inclusión en la Ley de todo tipo de violencias machistas. Necesitamos urgentemente empezar este debate, poder llamar a los movimientos sociales organizados, al feminismo, así como a educadoras, técnicas, abogadas, juezas y fiscales que tratan diariamente con las leyes; con la violencia machista y con las herramientas a disposición para hacerle frente. Necesitamos llamarlas y pedirles opinión. Participación. Para poder, entre todas, operar los cambios que permitan que la violencia machista deje de ser mayoritariamente impune; o, mejor aún, que deje de ser.
