La desaparecida política de vivienda

Los medios de comunicación hablan constantemente de las políticas sociales: Educación y Sanidad. Muy escasamente se habla de Vivienda. No se percibe como política social. Y bien contentos están los nuevos dueños del sector, los fondos-buitre, quienes interpretan, lógicamente, que si la vivienda no es un problema mediático su negocio no corre peligro. Están encantados de que no se hable de ello, de que los españoles no hayan interiorizado aún la vivienda como algo que les afecta todos los días y en todos los ámbitos de su vida.

Enumeremos unos cuantos inputs que nos sitúen en el contexto de lo que significa 'Política de vivienda':

El Gobierno, a instancia de las eléctricas, penaliza las viviendas productoras de su propia energía y no contaminantes. Todo un canto a la coherencia medioambiental: mientras que en Varsovia está comenzando la sustitución del obsoleto Protocolo de Kyoto, los ciudadanos que menos dañan el medio ambiente pagan más impuestos por consumir el sol de España.

El Ayuntamiento de Madrid promulga recientemente una ordenanza que prevé multar con cantidades absurdas e impagables a los mendigos que afeen el devenir urbano.

Paralelamente repasemos negocios vinculados a grandes operaciones estratégicas:

Ciudad Olímpica. Privilegiado entorno de 'apartamentos para atletas' que saldrían al mercado como apartamentos de lujo al acabar las Olimpiadas. Pelotazo inmobiliario asegurado… Y frustrado.

Masiva expropiación de suelo en torno a la T-4 para su recalificación como residencial. Pelotazo de tiempos de Álvarez Cascos al frente de Fomento. Sus plusvalías harían viable económicamente la operación de la nueva terminal.

Suelos residenciales en el entorno de 'La Venta de la Rubia' junto a Eurovegas, tercer gran pelotazo recientemente evaporado.

Las quebradas autopistas radiales, enorme negocio con ingresos cautivos de época de Arias Salgado. Decenas de miles de ciudadanos verían acortados los desplazamientos desde su lejana residencia al trabajo en la capital. De paso generaría importantes plusvalías a terrenos convenientemente recalificados en ciudades del segundo y tercer cinturón metropolitano.

Sufrimos dolorosamente recortes en sanidad, educación, transportes, etc., consecuencia del pacto PP-PSOE, impuesto por la Troika para introducir en la Constitución la “prioridad absoluta del pago de la deuda sobre los demás gastos de las administraciones públicas”. Lo comprobamos a diario sin enterarnos de que la vivienda social se desmorona y que la pública simplemente ha desaparecido. Muchos ciudadanos consideramos imprescindible una política fuerte y universal de sanidad y educación públicas pero no tenemos totalmente asumida la necesidad de una vivienda social pública.

¿Piensa usted que estos dramas tienen que ver con la Política de Vivienda?

La pobreza energética: Millones de familias españolas no pueden pagar ni luz ni calefacción ni agua, y otras tantas, tras pagarlo, no tienen para nada más. Ni para comer. Las iniciativas políticas buscando al menos una moratoria invernal han sido rechazadas por el Grupo Popular en el Parlamento. (En 2012 cortaron la luz a 1.400.000 hogares).

Todos y cada uno de los desahucios que cubren España de vergüenza (127 diarios en 2012).

Queramos o no, hoy la Política de Vivienda, es decir, el conjunto de decisiones políticas por las que las administraciones siguen una línea política de actuación, gira en torno al Banco Malo (SAREB).

En el episodio del pequeño bloque de Salt (Girona), okupado a instancias de la Plataforma Afectados por la Hipoteca, SAREB ha contradicho al nuevo Plan Estatal de Vivienda (Abril 2013), que propone “la creación de un parque público de vivienda protegida sobre suelos o edificios de titularidad pública, destinados a alquiler en rotación para familias de bajos ingresos”.

Es bochornoso que haya tenido que ser el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo quien paralizara el desalojo exigido por SAREB y tolerado por la Generalitat catalana. La bofetada que supone para el Gobierno, independientemente de que los Mossos d'Esquadra hayan expulsado finalmente a los ocupantes, abre la Caja de Pandora de la insurrección contra la política de malvender patrimonio público, sea de SAREB o de las diferentes empresas de vivienda autonómicas o municipales. Un primer efecto ha sido que SAREB anunciara la cesión hasta 4 años de unas 1.500 viviendas para ser gestionadas como alquiler social por comunidades y ayuntamientos.

La vivienda social es la columna vertebral del desarrollo urbano. Las Siedlungen alemanas, Hofen austriacas, ciudades-jardín y New Towns británicas, los Lower East Side y Fort Greene neoyorquinos o los Consorcios urbanísticos madrileños, han ejemplificado desde principios del siglo XX el crecimiento urbano ordenado. En Latinoamérica, desde el histórico Programa de Vivienda Básica chileno a los actuales Proyectos Urbanos Integrados colombianos, están cambiando el perfil de las ciudades. En la rica y exquisitamente urbanizada Holanda, la mitad de las viviendas del país son de alquiler social.

En vivienda social han trabajado, y trabajan, los mejores arquitectos del mundo. Son el campo de experimentación de los avances sociales en materia de convivencia. Actualmente se desarrollan prototipos para unidades familiares muy diferentes a las de hace sólo 30 años. Se materializan nuevas formas de habitar, de construir, de modular y de optimizar recursos y presupuestos. Se crea patrimonio, se hace ciudad.

Y aquí entramos en el eje del problema: La izquierda percibe aquellas áreas de alto contenido social como territorio natural donde practicar sus políticas sociales. La derecha descubre en ellas “áreas de oportunidad, espacios para el negocio”.

Hoy en España la vivienda protegida cuesta igual que la libre en los barrios periféricos de las grandes ciudades, por tanto su futuro no es competir con ella. Su futuro está en crear parques de vivienda de alquiler, públicos o privados. Y aquí aparece el negocio.

Ya hay voces que proponen su desaparición exigiendo libertad absoluta de mercado. No entienden que la vivienda protegida es un potente instrumento de redistribución de rentas y movilidad social. Permite a los jóvenes emanciparse y tener su primera casa, a los jubilados vender su vivienda en propiedad, capitalizarse para su jubilación y vivir dignamente en una vivienda alquilada más pequeña. A los más desfavorecidos, a quienes más duramente ha golpeado la crisis, simplemente seguir viviendo como ciudadanos.

Pero como las demás políticas sociales, la vivienda también depende del dinero público, y por tanto hoy es extremadamente vulnerable. Los fondos especulativos –y sus terminales en la administración- han visto que ahí hay mucho negocio. Una vez privatizada, la “trasnochada” vivienda social será puesta al día, modernizada, adaptada al nuevo tiempo: Liberalizada. Actualmente ya han comenzado campañas de desprestigio de “tan obsoleto e insostenible despilfarro urbano”. En un programa de televisión líder de audiencia un intermediador inmobiliario identificó a los usuarios de viviendas sociales como votantes de izquierda apesebrados que no pagan impuestos. Es totalmente falso, pero transmite un mensaje muy eficaz.

Recordemos un artículo de la Constitución española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Hace unos días Iñaki Gabilondo nos recordó atinadamente un comentario de Pascual Sala, ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo general del Poder Judicial. Decía que frente a la actual política de vivienda, la Constitución es subversiva.

Estamos olvidando nuestros derechos.