Cómo destruir la Constitución

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet y el presidente del Senado, Ander Gil, durante el acto institucional por el Día de la Constitución.

Pere Rusiñol


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La Constitución española acaba de cumplir 44 años y semejante longevidad supone todo un hito en la convulsa historia del país. Pero en realidad se trata de otra Constitución, reconstituida por los sectores derechistas que en su día la vieron con enorme recelo. Y sin necesidad de ninguna gran reforma formal.

El texto que los diputados constituyentes aprobaron, y que el pueblo español ratificó en el referéndum del 6 de diciembre de 1978, es el mayor logro del espíritu de consenso de la Transición tantas veces ensalzado. Pero demasiado a menudo se olvida cuáles fueron las fuerzas políticas que integraron el núcleo central del gran acuerdo de país: socialistas, comunistas, Unión de Centro Democrático (UCD) y nacionalistas catalanes.

Exacto: todos han sido arrojados a las tinieblas de la Anti-España por los que han acabado ejerciendo de sumos sacerdotes del relato sobre la Constitución, transformándolo según sus intereses particulares. Y ello a pesar de que muchos de los nuevos fundamentalistas de la Constitución proceden de una tradición política que desempeñó como mucho el papel de actor secundario, cuando no abiertamente hostil, en el gran pacto totémico de la Transición. 

Ciertamente Alianza Popular (AP), el antecesor del actual Partido Popular y en cierta medida, aunque no jurídicamente, también de Vox, fundado por destacados ministros del franquismo, acabó sumándose al consenso constitucional y pidió formalmente el voto afirmativo en el referéndum. Sin embargo, fue la pata cuantitativamente menor de los grandes acuerdos y, con diferencia, la menos comprometida con la voluntad de consenso: el partido de los magníficos del franquismo -en el que ya militaban José María Aznar y Mariano Rajoy- no solo se dividió en la votación en el pleno del Congreso -nueve votos a favor, dos abstenciones, cinco en contra-, sino que en comisión se había opuesto, y con virulencia, a algunos de los acuerdos que luego fueron clave para garantizar las décadas de estabilidad que vinieron a continuación.

La oposición de los antecesores del PP llegó a aspectos realmente sustanciales de la Constitución: nada menos que la organización territorial, que dio paso al Estado de las Autonomías; el papel de los sindicatos, que la Constitución blinda al máximo nivel a pesar de que la propaganda de la derecha suele reducirlos a un hatajo de vividores, y el derecho al divorcio, punto de partida de las reivindicaciones feministas más elementales a los que la derecha suele oponerse inicialmente, como fuerza de choque de la jerarquía católica, y  acaba finalmente aceptando cuando no le queda más remedio.

La Constitución contiene innumerables apartados que muestran hasta qué punto el papel de la derecha dura de la época, la hegemónica en nuestros días, fue completamente subalterno en el gran consenso alcanzado: distingue entre “nacionalidades” y “regiones” (artículo 2); otorga la máxima protección a la libertad de expresión (artículo 20), dibuja un sistema tributario “inspirado en los principios de igualdad y progresividad” (artículo 31), define la salud, el trabajo y la vivienda como derechos y no como servicios o activos de mercado (artículos 35, 43 y 47), exige para los trabajadores  “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus familias” prohibiendo expresamente la discriminación salarial por razón de sexo, así como garantía de “suficiencia económica” para los pensionistas; deja la puerta abierta a la planificación de la economía por parte de los poderes públicos (artículo 38) y subraya de forma tajante que “toda la riqueza del país en sus distitntas formas, y sea cuál fuere su titularidad resta subordinada al interés general” (artículo 128).

Y sin embargo, el último macrosondeo del CIS sobre tendencias sociales, del mes pasado, refleja cómo la Constitución se está convirtiendo en la gran bandera de la derecha menos involucrada en su gestación: los electores que más dicen confiar en la Carta Magna son los votantes del PP (7,65, en una escala del 1 al 10) y de Ciudadanos (7,48). Los votantes de Vox se sitúan en una franja similar de confianza que los del PSOE (6,93 y 6,99, respectivamente), claramente por encima de la media (6,36).

¿Se la habrán leído? Poco importa: diga lo que diga el texto original, la clave es cómo ha ido evolucionando la interpretación de la norma, que ha acabado convirtiendo muchos derechos fundamentales en papel mojado -como sucedía en las Constituciones soviéticas-, al tiempo que ha ido reforzando su lectura conservadora, asimilándola casi a una especie de Tablas de la Ley de la Unidad de la Patria.

Esos sectores inicialmente más reacios a la Constitución la han acabado tamizando para que sea una herramienta al servicio de su visión de España -con el 155 como nueva piedra filosofal- y ya pueden permitirse considerar meros brindis al sol muchos de los derechos cuya inclusión en el texto justificó en su día que la izquierda se sumara al famoso consenso. Por esto les gusta tanto lo que antes veían con muchas reticencias.

Esta transmutación ha sido posible sobre todo a través de la paciente y continuada toma del Tribunal Constitucional, el intérprete último de la norma, por parte de estos sectores más derechistas. Lo ha explicado muy bien Bonifacio de la Cuadra, uno de los periodistas que mejor cubrió los debates constitucionales y que luego fue referencia del periodismo jurídico durante tres décadas en El País, en el libro Democracia de papel (Catarata, 2015) y otros trabajos, en los que demuestra cómo muchas de las críticas habituales a la Transición y a la Constitución deberían dirigirse en realidad a la evolución posterior y a sus relecturas, más que al proceso original y a su texto fundacional resultante.

Durante muchos años, la derecha ha ido situando y moviendo peones en lugares clave de la judicatura y singularmente del Tribunal Constitucional, mientras la izquierda parecía a por uvas o incluso facilitaba la contrarreforma nombrando a jueces de marcado carácter conservador en pos del consenso.

De ahí la enorme importancia de tomarse en serio el golpe judicial en marcha desde hace meses, incluso incumpliendo la propia Constitución en el proceso de renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que la derecha mantenga en la práctica el control del organismo clave con independencia de que llueva, truene o haga sol.

Si el golpe prospera, sería la mejor garantía de que la Constitución que una vez fue de consenso acabe convirtiéndose definitivamente en la Constitución de la derecha más reacia a su aprobación. Es decir: en la mejor forma de destruirla aunque sea dedicándole las más grandilocuentes alabanzas.

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