El fin de la complicidad
Mariano Rajoy no hubiera podido permanecer en la presidencia del Gobierno tras su investidura a finales de diciembre de 2011 sin la complicidad de Luis Bárcenas. En el mes de enero de 2012 la justicia suiza ya puso a disposición de la justicia española la información sobre las cuentas de Luis Bárcenas en el país helvético. Sin el recurso de Luis Bárcenas contra la decisión judicial de primera instancia, que retrasó más de dos años la entrega de dicha información, Mariano Rajoy no hubiera podido asentarse como presidente del Gobierno.
Más o menos lo mismo cabe decir respecto de Francisco Correa, que parece que estuvo considerando la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el Ministerio Fiscal, que al final no se concretó durante la fase de instrucción y que se ha intentado alcanzar en el momento del juicio que todavía está desarrollándose en la Audiencia Nacional. Sin la complicidad de Francisco Correa durante todos los años iniciales de su mandato como presidente del Gobierno, hubiera sido prácticamente imposible que Mariano Rajoy se hubiera mantenido como tal.
Francisco Camps no hubiera podido mantenerse al frente de la Generalitat valenciana sin la complicidad de Juan Costa y de los empresarios que financiaron irregularmente al PP y que han mantenido oculta dicha financiación hasta estos últimos meses.
Y Esperanza Aguirre no hubiera podido ser presidenta de la Comunidad de Madrid sin el “tamayazo” y sin la complicidad, por tanto, de aquellos que lo ejecutaron, que no sabemos quiénes fueron, entre otras razones, porque el frente de la Fiscalía General del Estado estaba en aquel momento Jesús Cardenal, que se encargó de que el tema no se investigara. Gracias a ese acto de corrupción inicial Miguel Blesa siguió al frente de Caja Madrid, Ignacio González estuvo al frente del Canal de Isabel II y un largo etcétera. La complicidad de todos ellos es lo que ha dificultado la investigación de las prácticas delictivas, que finalmente está saliendo a la luz.
El PP ha podido gobernar gracias a una complicidad delictiva extraordinariamente extendida en el espacio y en el tiempo. Esta complicidad ha permitido que quienes ocupaban los lugares más elevados en la organización hayan podido escapar durante muchos años a la acción de la justicia y se hayan podido mantener en el ejercicio del poder.
A esta complicidad es a la que se está poniendo fin. Aunque está costando mucho trabajo llegar hasta la cúspide, se está llegando. En Valencia se avanza claramente en esa dirección y no parece que esté lejano el momento de la imputación de Francisco Camps. En Madrid ya se ha llegado a Ignacio González y tampoco parece que esté lejos la imputación de los dos anteriores presidentes, Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre. Y queda por ver cuánto tiempo queda para que la marea llegue hasta Mariano Rajoy.
La estrategia de la complicidad le ha permitido al PP resistir durante bastantes años, pero a costa de que la corrupción haya corroído al partido hasta convertirlo en una organización política inviable. Para el PP, y por extensión para la derecha española, el problema no es ya la continuidad de Mariano Rajoy, sino la continuidad del PP como opción política. La estrategia de una complicidad delictiva tan prolongada y tan extensa ha condenado las siglas PP, que no va a poder continuar siendo las siglas definitivas de representación de la derecha española. El PP está condenado a desaparecer.
En realidad, el PP no está suspendido o disuelto como partido político porque la Fiscalía General del Estado no está cumpliendo con la misión que tiene constitucionalmente encomendada. La Constitución dice categóricamente que “las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificado como delitos son ilegales” (art. 22.2 CE). Y los indicios de que el PP ha perseguido fines y ha utilizado medios tipificados como delitos son en este momento abrumadores.
¿Por qué no ha puesto en marcha ya una investigación la Fiscalía General del Estado? ¿Por qué no ha coordinado una investigación sobre las prácticas delictivas extendidas por todo el territorio del Estado? Dada la condición de partido de gobierno del Estado y de numerosas comunidades autónomas y municipios, y el daño que de esa indiciaria actividad delictiva podía derivarse para la democracia española, la investigación era obligada. El daño que le está haciendo el PP a la democracia española es muy superior al que hizo Batasuna. La agresión de Batasuna ha fortalecido el sistema político español, que ha sido capaz de poner fin al terrorismo sin tener que suspender la vigencia de la Constitución en ningún momento. La agresión del PP es una agresión soterrada y espuria, que está minando el proceso de formación de la voluntad general mediante el ejercicio del derecho del sufragio y el funcionamiento regular de las instituciones del Estado, entendiendo por tal también las comunidades autónomas y municipios.
La democracia española no ha tenido que recuperarse de la agresión de Batasuna. La democracia española sí va a tener que recuperarse de la agresión continuada del que ha sido su partido de gobierno durante muchos años. Todavía nos queda por ver cómo consigue hacerlo. La Fiscalía General del Estado debería haber intervenido antes de que la inundación se extendiera de la forma en que lo ha hecho.
