En Francia y Alemania multan a los diputados

Quizá el Día de la Constitución acabe siendo el único en que no se oyen insultos, juicios de intenciones, acusaciones graves, ataques personales, en el Congreso. Qué paz…por unas horas. Se ha dicho últimamente que allí se produce violencia política. Y se ha dicho también que no se puede hacer nada al respecto. Ninguna de las dos es verdad.

En el Congreso se vierten cada vez más expresiones ofensivas e insultantes y se percibe a la perfección el ánimo provocador y destructivo de quien las pronuncia. Hay una estrategia detrás, porque son palabras que apestan a odio y buscan instilarlo en la población. En el caso de quienes sacan a pasear la vida íntima de la ministra Irene Montero, es evidente que persiguen destruirla, como antes a otras, no solo para que ella desista, sino para desanimar a las jóvenes: el odio es un castigo ejemplarizante. Todo ello constituye una agresión verbal, especialmente inaceptable por venir de diputados y por producirse en sede parlamentaria. Es muy grave, pero no es violencia política. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y la precisión será más relevante cuanto más se tense la atmósfera política en los próximos meses.

Las agresiones verbales inoculan en la sociedad la idea de que el discrepante no merece el respeto elemental que preside una conversación (no hablemos ya de que los argumentos se escuchen). Al tiempo, se lleva por delante la dignidad de la institución y de los propios diputados.

Todo esto es catastrófico, pero no es violencia política. Los recintos parlamentarios, por su propia naturaleza, atraen esa virulencia en tiempos turbulentos: son el corazón de la vida pública, también cuando esta se desborda. En la bóveda del hemiciclo permanecen las muescas de las balas de Tejero para dar testimonio de cuando allí hubo violencia política. Se pudo hacer algo contra él y se hizo. También hubo violencia política en el asalto al Capitolio estadounidense, hace casi dos años, y se está actuando en los tribunales contra los asaltantes y su instigador, Donald Trump.

Una cosa es que la violencia material suela venir precedida de la degradación verbal del adversario; otra segunda es inferir de lo anterior falazmente que toda agresión verbal conduce siempre a la violencia. Y un tercer peldaño inaceptable es equiparar sin más violencia verbal y material. Sencillamente no.

Contaba Bernard Williams con gracia cómo en los seminarios de Filosofía de la Universidad a menudo perdían horas y horas debatiendo sobre si la realidad existe o no. Exasperado, añadía: si al salir de clase, uno de esos estudiantes recibiera un puñetazo, no tendría dudas de que el golpe es real. Una de las cualidades de la violencia es que nos saca de lo especulativo y lo simbólico, lo que no parece estar ocurriendo en el Congreso. Lo peor de todo es que, al equiparar la agresión verbal a la física, se acaba restando importancia a los insultos, las acusaciones, las ofensas y el odio vertido en la Cámara semana a semana.

El Reglamento prevé que la presidenta pueda echar a los diputados que no se comporten. Pero el espectáculo de la expulsión acaba agitando el esperpento victimista, que beneficia a la ultraderecha y perjudica a los moderados y a los cívicos. Un mecanismo mucho más efectivo es la multa, que viene sin épica. El Reglamento del Bundestag alemán recoge en su artículo 37 que “en casos de alteración del orden o violación de la dignidad del Bundestag, el presidente podrá imponer a un parlamentario, aun sin previo llamamiento al orden, una sanción económica por un importe de 1.000 euros”. No hace falta ni avisar. Si el diputado insiste, son 2.000 euros. En la Asamblea francesa, recientemente se ha sancionado al diputado ultraderechista Gregoire de Fournas: se le detraerá la mitad de su sueldo durante dos meses, por gritar desde su escaño “que vuelva a África”, en alusión a un colega de otro partido. El racismo es políticamente abyecto. Punto. Y multa.

La inviolabilidad de los parlamentarios, ese privilegio que impide perseguirlos judicialmente por sus expresiones en la Cámara, no exime de acatar la disciplina, pues está pensada para proteger su libertad, no como carta blanca para destruir la institución desde dentro. No puede ser que se reprenda a los niños en los colegios por hacer lo que se tolera en el Congreso. El Tribunal Constitucional ha abundado en esta idea (STC 78/2016) al dejar claro que la inviolabilidad “en ningún caso puede impedir la aplicación de las reglas de disciplina interna previstas en el Reglamento”.

En el del Congreso, claramente pensado para otra época, no están recogidas las multas, pero nada impide reformarlo. Basta una mayoría absoluta para introducir mecanismos de sanción económica similares a los de otros países.

Con seguridad, es algo a lo que se opondrá Vox porque en las últimas semanas —coincidiendo con su descenso en las encuestas— ha descubierto cómo atraer nuestra atención: convirtiendo el hemiciclo en un estercolero verbal. Y lo va a seguir haciendo. Ha llegado el momento de que los demás diputados lo protejan. Si hay un lugar que vale la pena preservar es aquel donde reside la soberanía nacional y la representación popular. Que nadie pueda decir algún día que la democracia se nos fue al carajo por no cambiar un maldito reglamento.