¡Es la guerra: más madera!

¡Vaya semanita! ¡Y la que se avecina no parece menor! Y no me refiero ya a la semana, sino a la legislatura en sí misma. Apenas iban el pasado lunes a tomar posesión de los ministerios sus titulares, cuando poquito antes saltaba la noticia: Dolores Delegado iba a ser propuesta por el Gobierno como nueva fiscal general del Estado (FGE), como así ha sido.

Se mire como se mire, no cabe duda de que la decisión del presidente Sánchez –luego decisión del Consejo de Ministros– es arriesgada, osada y supone un órdago y un golpe de efecto innegable. ¿Pero un golpe hacia qué o hacia quién? Pues, seguramente, en varias direcciones. De un lado, para dejar claro quién manda, en el Gobierno y en España. Ha sido la primera prueba de fuego –¡y qué prueba!– de la solidez del Gobierno de coalición y parece haberse superado sin dificultad –¡quién lo iba a decir!– y la constatación de la arrogancia del presidente, a quien parecen importar muy poco las opiniones ajenas, salvo en tiempo de campaña electoral.

Lo mire yo como lo mire, no me cabe duda de que la señora Delgado no es idónea para el puesto de FGE, esto es, no es adecuada o apropiada. De un lado, porque después de las tremendas conversaciones con Villarejo –acerca de las que, se diga lo que se diga, no ha pedido disculpa alguna– nadie entendió que pudiera continuar como ministra de Justicia –solo la salvaron los previos ceses-dimisión de Huerta y Montón–, y así se consideró también desde Podemos –o Unidas Podemos, no lo sé con certeza–, lo que la inhabilitaba también para este nuevo puesto, pues no se acierta a comprender que quien no sea digna de un Ministerio lo sea de la FGE. Así pareció entenderlo también Sánchez, que hace tiempo había apostado por su cese en tal función.

De otro lado, porque, por más que personas cercanas al PP hayan sido promovidas con anterioridad a puestos de alta responsabilidad en el ámbito del Poder Judicial, tanto en el CGPJ como en el Supremo como en la propia FGE –respecto de lo que ahora huelga citar nombres, aunque cabe dar el del propio presidente Lesmes, para que no se diga que evito el tema–, lo cierto es que ello no explica ni justifica este nombramiento. Nombramiento producido de una manera especialmente abrupta –de ministra de Justicia y diputada del PSOE a la FGE–, en lo que supone una clara y expresa vinculación de Delgado no solo a un Gobierno, sino también a un partido político, con el que ha hecho campaña en las dos últimas elecciones generales.

Pero no es la idoneidad criterio legalmente previsto para la designación de la FGE, pues ninguna norma así lo exige. El procedimiento refiere, en lo que ahora importa, la audiencia –no vinculante– del CGPJ a este respecto, sin que en ningún momento se aluda a que el informe haya de versar sobre su idoneidad. Razón por la cual, con independencia de lo que se haya hecho en el pasado, el CGPJ ha dado respuesta a lo que se exige constitucional y legalmente, esto es, a si Delgado reúne o no los requisitos para el puesto –ser jurista de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo en su profesión–, algo respecto de lo que no hay duda. Por tanto, olvídese el tema de la idoneidad desde el punto de vista del informe del CGPJ, que no resta un ápice de legitimidad –ni lo añade– al tan discutible nombramiento.

Lo cierto es que con esta designación quedan claras otras dos cuestiones: la una, que, como tanta gente intuye, el Poder Judicial en su conjunto y la FGE en particular, son controlados por las mayorías políticas –o las minorías u otras fuerzas de todo tipo o vaya usted a saber, pero controlados, en cualquier caso– y, la otra, que la nueva mayoría no ha sabido sustraerse a esta nefasta tentación.

No sé si ello tiene que ver con la idea de “desjudicializar la política” solamente o si va más lejos, o si solo se pretende tener el control –porque lo de “desjudicializar” aún está por ver, máxime en quien en noviembre pasado, hace apenas dos meses, apostaba por tipificar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal–. O si se sigue “politizando la justicia”. Tengo derecho a dudar de todo. Porque las cosas no debieran ser tan coyunturales ni caprichosas ni fáciles, ya que con ello se vierte una sospecha más que relevante sobre la falta de independencia del Poder Judicial y de autonomía de la FGE. Es posible que este caso solo sea la prueba de que las cosas hace tiempo que vienen siendo así.

Claro que no es fácil hablar abstrayéndome del contexto y de mis propios sentimientos de pertenencia, lealtad y amistad –que, créanme, me generan una amarga desazón que procuro superar– y que el nombramiento de Delgado no es el único problema para la legitimidad del Poder Judicial. Ya sé que el CGPJ ha lanzado un mensaje de respuesta a unas palabras del vicepresidente Iglesias, revelando una inusitada sensibilidad por la independencia judicial a dos días de constituirse el legítimo Gobierno.

Ya sé también que el CGPJ lleva trece meses prorrogado –todo el mundo recuerda lo que ocurrió en noviembre de 2018 con el lamentable mensaje de Cosidó y lo que ello realmente revelaba– y que en este tiempo, este CGPJ ha realizado una cincuentena de nombramientos y que ahora dice que, por el momento, no hará ninguno más. Pero, ¿de qué sirve todo esto? ¿Qué quiere decirse, que no se cubrirán las plazas relevantes de quienes se jubilen o que se mantendrán prorrogados los nombramientos que vayan venciendo? Pues menudo consuelo y menuda solución… Lo que urge es, por el momento, la renovación del CGPJ y luego, inmediatamente, una profunda reflexión sobre este órgano, su modo de elección y sus competencias, desde el respeto al derecho humano a la independencia judicial, si no es mucho pedir.

Hay guerra, sin duda. Y se ha echado madera. Solo espero que no sea la única que arda y permita el combate. Debe haber más y mejor madera que la que arde ahora y espero sentir su calor bien pronto.