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Por tus pelotas

Protesta nocturna en el aeropouerto

Violeta Assiego

No pueden usar pelotas de goma. Los Mossos d'Esquadra no pueden hacer uso de estos proyectiles en Cataluña, pero los antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sí. La prohibición que decretó el Parlament, en abril de 2014, no alcanza a estos Cuerpos de Seguridad del Estado. Como si la peligrosidad de un arma y su potencial lesivo entendiera de competencias territoriales. Cuando un arma es peligrosa sí o sí por lo incontrolable que resulta la dirección que puede tomar la pelota de goma que dispara a gran velocidad, la valoración sirve para todos y cada uno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Máxime cuando, hasta 2016, las balas de goma habían causado 16 muertos y 28 mutilados.

Fue el conocido caso de Ester Quintana, una barcelonesa que perdió su ojo por una pelota de goma de los Mossos durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012, el que desató la ola de indignación, preocupación y reacciones que obligó a los responsables de Interior de la Generalitat a replantearse el uso de estos proyectiles. Ester recibió una indemnización económica, pero –hasta ahora– no siente que se haya hecho justicia porque, realmente, no se ha hecho. No solo los jueces sentenciaron que no podían determinar la autoría de aquel hecho, sino que los responsables de Interior no hicieron ningún esfuerzo por depurar responsabilidades a nivel interno, más bien todo lo contrario, parece que una falsa idea de corporativismo primó por encima de los derechos humanos de los ciudadanos.

El de Ester Quintana no era el primer caso en el que un manifestante resultaba herido por las pelotas de goma en Cataluña ni tampoco el primero en el que alguien perdía un ojo a consecuencia del impacto. Dos años antes, también en una forma de proceder dudosa por parte de los Mossos, un proyectil de goma dejo tuerto a Nicola Tanno cuando celebraba la victoria de España en el Mundial de fútbol en una zona donde no tenía lugar ningún disturbio que justificase la intervención policial. De aquella agresión surgió la asociación Stop Bales de Goma, –de la que Nicola Tanno es uno de los fundadores– y que junto con la organización “Ojo con tu Ojo”, el Centro para la Defensa de Derechos Humanos Irídia, Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones de derechos humanos lograron meter en la agenda política y en el debate social la peligrosidad y alta lesividad del uso de las pelotas de goma hasta alcanzar su prohibición para los Mossos d'Esquadra.

Después de 2014, las pelotas de goma regresaron a Cataluña por el 1 de octubre de 2017 y del lado de la Policía Nacional. Con su regreso volvieron a dejar otra víctima. Nuevamente, una pelota de goma reventó el ojo a un manifestante (a Roger Español) durante la intervención policial en el colegio Ramón Llul. Tampoco él ha sido el último. Este mismo lunes, un joven de 22 años ha sido herido por lo que todo parece indicar es una pelota de goma. Ha sido durante la intervención los antidisturbios de la Policía Nacional en el parking de la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat, cuando trataban de disolver las protestas que estaban teniendo por la sentencia del Procés. Ya el solo lugar donde parece que ha tenido lugar el lanzamiento de las pelotas de goma induce a que se investigue si se han podido cometer irregularidades respecto a las recomendaciones que se hacen para un uso adecuado: una distancia mínima de 50 metros, apuntar al suelo para buscar el rebote (con el riesgo que este implica en un espacio cerrado como un parking) o si se avisó de forma reiterada por megafonía de que se abandonase la actitud o de lo contrario habría una carga policial.

En todo este tiempo, y tras numerosos sucesos de muy dudosa legalidad (algunos de ellos letales como el caso de Tarajal), el Ministerio del Interior no se ha planteado la elaboración de una normativa que regule de manera específica –tal y como le ha pedido en repetidas ocasiones el Defensor del Pueblo– unos protocolos que nos ofrezcan seguridad jurídica sobre el uso, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de material que puede resultar lesivo e, incluso, letal. Tampoco parece que los sindicatos policiales se pongan de acuerdo, Mientras algunos ponen énfasis en la necesidad de mayor claridad en protocolos y reglamentos internos, coordinación de las acciones o formación para el uso del material antidisturbios, otros centran sus exigencias en ampliar los arsenales con materiales y armas cada vez más contundentes y sofisticadas, pero no menos lesivas, como las famosas pistolas eléctricas.

Viendo los últimos heridos por pelotas de goma y por balas de foam, está claro que la prohibición a los Mossos en su momento de usar este material antidisturbios no ha implicado, a efectos prácticos, una revisión de fondo de los métodos de intervención policial por parte de las administraciones competentes en materia de Seguridad, de manera que estos se ajusten a los derechos humanos.

Lejos de encontrarnos una actitud reflexiva y crítica ante actuaciones desproporcionadas que han llegado a ser letales y que tienen altas probabilidades de ser lesivas, nos encontramos –como bien señalaba Laia Serra (la abogada de Ester Quintana) – que el problema de fondo no se aborda: la cultura policial frente al libre ejercicio del derecho a la protesta, la manifestación y la reunión de la ciudadanía. “Con independencia de que se retiren las balas de goma y aparezcan nuevos repertorios policiales como el cañón de agua, las balas de foam y los cañones de sonido, es importante señalar que la cuestión fundamental a tratar son los protocolos de actuación policial, el modelo, la óptica desde la que se entiende la cultura policial. Es decir, de nada nos sirve retirar todo el material que puedan utilizar los Mossos si luego los métodos de intervención policiales no se ajustan a los derechos humanos y a un mínimo de sentido común” decía Laia Serra a Diagonal. De eso se trata, de respetar los derechos humanos, de lo contrario carece de sentido la intervención policial.

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