Política contra el humo

Esta semana, los focos en el Parlamento británico estaban puestos en el último trance de Keir Starmer por haber nombrado a Peter Mandelson como embajador británico en Washington (para los muy cafeteros, aquí lo explico). Mientras tanto, pasó algo extraordinario tan invisible en el debate público del momento que casi parecía no haber pasado.

La Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores dieron el visto bueno definitivo a la ley que presentó el Gobierno conservador de Rishi Sunak en 2024 para prohibir progresivamente la venta de tabaco y otros productos con la adictiva nicotina. Como última formalidad, el rey Carlos III firmará la ley que, según lo previsto, entrará en vigor el año que viene. A partir de entonces, estará prohibida la venta de cigarrillos y productos de nicotina a cualquier persona nacida a partir del 1 de enero de 2009. Ahora es ilegal vender cajetillas a menores de 18 años, pero esta medida irá elevando poco a poco la edad legal. El Reino Unido es pionero en una política de salud pública para evitar una de las principales causas de enfermedades que se pueden prevenir y que le cuesta miles de millones al ya presionado Servicio de Salud Nacional. 

Solo en Inglaterra, se estima que el tabaquismo provoca unas 64.000 muertes y 400.000 hospitalizaciones cada año, y esto le cuesta a la sanidad pública al menos 3.000 millones de libras (más de 3.400 millones de euros), según los cálculos del Gobierno en 2023. El impacto en pérdida de tiempo y trabajo para la sociedad es de miles de millones más.  

Uno de los elementos llamativos de la prohibición británica es el consenso. La medida se aprobó en la Cámara de los Comunes por amplia mayoría y, aunque el pequeño Partido Conservador está ahora dividido sobre este asunto, el plan era del conservador Sunak y fue apoyado después por su sucesor laborista. La mayoría de la población está a favor de la prohibición, y más de un 30% cree que debería ser ya para todos, sin importar la edad.

Para quienes alegan el argumento de la libertad, Tom Frieden, el médico responsable de la pionera ley de 2002 que prohibió el humo en los espacios públicos en Nueva York, me decía en una entrevista que, más allá del impacto para los demás y los recursos públicos, la adicción que crea la nicotina impide que seguir fumando sea realmente una elección personal. Él, en realidad, estaba sobre todo a favor de prohibir la nicotina más que el tabaco en general. E insistía en subir los impuestos y el precio como principal manera de luchar contra el tabaquismo.

Esto también lo ha hecho el Reino Unido, que se ha tomado mucho más en serio el problema de lo que ha hecho España, donde la ley para prohibir el humo en espacios públicos se quedó a medio camino permitiendo fumar en terrazas y otros lugares públicos, y la fiscalidad sigue siendo más baja que en otros países europeos. Como todo, el último plan del Ministerio de Sanidad es una ocasión para otra guerra partidista difícil de desatascar por las competencias divididas entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Pero, más allá de eso, falta una articulación tan clara como la británica sobre los daños para la salud, la economía y la sanidad pública del tabaquismo, y un plan que incluya todas las vías de prevención. 

El caso británico de lucha contra el tabaquismo es un ejemplo de ambición y de coraje en tiempos revueltos y también de cómo la política puede cambiar la vida a mejor. Entre tanta bronca, el consenso público e incluso ideológico de la medida es una señal de esperanza.