La resaca del 3 de octubre
¿Cómo va a reaccionar el Gobierno ante la decisión de la Generalitat de Catalunya de romper relaciones con la Casa del Rey? Si la Generalitat sigue forzando la tensión con la Casa del Rey, ¿cómo va a reaccionar?
Estas fueron las dos primeras preguntas que formularon Soledad Gallego y Carlos Cué al presidente del Gobierno en la entrevista publicada este domingo en El País. Se trata de dos preguntas que son, sin duda, extraordinariamente pertinentes, ya que con ocasión de la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona la tensión entre la Generalitat y la Casa del Rey ha estado en el centro de atención de la opinión pública. Se trata, al mismo tiempo, de dos preguntas que nunca deberían de haber podido ser formuladas, porque en una Monarquía Parlamentaria una tensión de esa naturaleza no tiene cabida. Jamás debería haberse producido una situación que pudiera dar origen a la tensión a la que se refieren las preguntas.
El problema no es solamente que exista tensión, sino que haya podido llegar a producirse. En una Monarquía Parlamentaria digna de tal nombre es sencillamente inimaginable que el Rey pueda verse envuelto en un conflicto como el que supone la integración de Catalunya en el Estado. No cabe duda de que se trata del conflicto constitucional más serio que se ha planteado desde la entrada en vigor de la Constitución. Es difícil imaginar que pueda plantearse algún otro de mayor envergadura. Pero justamente por eso, el Rey no puede hacer acto de presencia en el mismo.
Una magistratura hereditaria no puede intervenir en un conflicto en el que únicamente pueden participar órganos constitucionales que tengan legitimidad democrática, porque son los únicos que son portadores del poder del Estado. Sin legitimidad democrática se puede ser órgano, pero no poder del Estado. Lo dice la Constitución expresamente, como lo hacen todas las constituciones europeas posteriores a la Primera Guerra Mundial. “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que EMANAN LOS PODERES DEL ESTADO”. Esta es una regla que no admite excepción. La excepción es siempre contravención de la regla.
Esto es lo que ocurrió el 3 de octubre del año pasado con el mensaje dirigido por el Rey Felipe VI a la Nación a través de la televisión pública en horario de máxima audiencia. Esa intervención no debió de producirse nunca por anticonstitucional. El presidente del Gobierno no debió permitir que ocurriera. De todos los errores de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno ese ha sido, posiblemente, el más grave. Un asunto que ya de por sí es muy difícil de abordar, se complicó con otro no menos difícil: ¿cómo se sale de un conflicto cuando interviene un órgano constitucional que no puede hacerlo y que es, además, el Jefe del Estado?
Porque, a partir de aquí, las preguntas se amontonan: ¿El discurso del 3 de octubre fue un discurso del Rey o fue un discurso del presidente del Gobierno leído por el Rey?. Si es lo primero, es un disparate constitucional. Si es lo segundo, ¿por qué no se convocó a las Cortes para que, en la sede del órgano que representa a la soberanía nacional, el Jefe del Estado leyera el discurso? Cuando se trata de un asunto de tanta transcendencia constitucional, no puede haber ambigüedad alguna acerca de la legitimidad democrática con que se actúa. Si se considera que el Rey tiene que intervenir, la presencia de las Cortes Generales es inexcusable. Un discurso de La Corona, es decir, un discurso del presidente del Gobierno leído por el Rey en sesión conjunta del Congreso de los Diputados y el Sentado, podría tener cabida. Un discurso del Rey por televisión, como si fuera suyo, no. O ¿es que el Rey tiene una legitimidad propia que pasa por delante de la legitimidad democrática relegando, además, al presidente del Gobierno a una posición subordinada?
De aquellos polvos, estos lodos. Una vez que el Rey Felipe VI bajó a la arena política, ya no puede pretender que quienes están en dicha arena no se dirijan a él en los términos que les parezca pertinentes. Con la forma en que se dirigió a los ciudadanos y autoridades de Catalunya Felipe VI legitimó a estos ciudadanos y autoridades para que se dirijan a él de la forma en que lo están haciendo.
Todo es disparatado. Pero eso es lo que ocurre cuando una magistratura no democrática no respeta la Constitución y se mete donde no le llaman. Esto es lo que el entonces presidente del Gobierno tendría que haber evitado.
Obviamente el presidente Pedro Sánchez no es responsable de la irresponsabilidad de Mariano Rajoy. Pero no va a poder eximirse de la obligación de encontrar una salida del laberinto que la presencia del Rey en el contencioso catalán supone.
Pienso que debería aprovecharse la ocasión para que las Cortes Generales mediante Ley Orgánica interpretaran la Constitución, dejando meridianamente claro lo que un Rey Parlamentario no puede hacer en ningún caso. Visto lo visto, no podemos seguir confiando en el Rey sabrá qué tiene que hacer en cada momento.
