¿Qué, quién, cuándo? ¿O al revés?
Siendo optimistas, por lo que van declarando los dirigentes de los partidos de cara a la formación de mayorías, se está abriendo un espacio para un programa de reformas que permita renovar el sistema político, e incluso el económico de España. Puede haber un amplio acuerdo sobre el qué. De hecho, el acuerdo tiene que ser amplio, pues exige una reforma de la Constitución para lo que se necesita el concurso de los diputados del PP y del PSOE, y otros. El mayor problema -muy político- es el quién.
El programa de reformas y de gobierno tendrá que ser extenso. Como poco implica reforma de la Constitución en algunos aspectos, desde el Estado de las Autonomías en varias componentes (y no solo por la cuestión catalana) a la circunscripción electoral (abrirla a la Comunidad Autónoma para poder avanzar hacia un sistema como el alemán), el Consejo General del Poder Judicial, el papel de la integración en la Unión Europea), etc. El PP, que se resistía, parece ahora dispuesto a una reforma constitucional de cierto calado. Y sin el concurso del PP no se podrá hacer.
Sin embargo, algunos, en este y otros partidos, temen que una reforma constitucional que necesariamente acabará en referéndum, termine siendo mayoritariamente rechazada por los ciudadanos catalanes, vascos o incluso otros. Desde luego en Cataluña, hay espacio para una tercera vía, pese a la desaparición de ese partido falseado que era Unió. La cuestión catalana ha cambiado algo en las últimas semanas. El nuevo president, Carles Puigdemont -que ha llegado al cargo, en el último minuto, ante el temor de parte Convergencia e incluso la CUP de perder terreno, ante unas nuevas elecciones como ha ocurrido en las generales -, ha señalado que no tiene mandato suficiente para declarar la independencia en esta legislatura y que el proceso de definición de la misma se puede alargar más allá de los 18 meses previstos, además de que se situará en la legalidad. Será un camino lleno de problemas sobre todo si el Parlament aprueba leyes, y no meras orientaciones, que el Gobierno y Tribunal Constitucional se vean obligados a parar. Pero estamos ante una nueva realidad, aunque la cuestión de una consulta/referéndum, si bien alejado en el tiempo y aparentemente ya no una prioridad para Podemos y sus confluencias, no se irá.
Por diversos motivos, y pese a la dureza oficial, hay una nueva flexibilidad en Bruselas ante el cumplimiento de los objetivos presupuestarios, ante la austeridad a ultranza. Por lo que hay un espacio (estrecho sí) para nuevas políticas sociales y de gasto público. España es de los pocos países avanzados que en la crisis ha recortado en educación y en I+D, que son inversiones en futuro. Hay una necesidad acuciante -aunque su aplicación tenga efectos retardados- de un pacto sobre la educación, de una política industrial siguiendo el modelo vasco, de un abaratamiento de la electricidad, de una revisión del sistema laboral no para volver atrás sino para adaptarlo a las nuevas necesidades españolas, etc.
No es éste el lugar para desgranar lo que sería un acuerdo de Gobierno. Pero sí recordar que el que llevó, inevitablemente, a la Gran Coalición entre democristianos y socialdemócratas en Alemania tardó cinco semanas en negociarse (la última sesión duró 17 horas seguidas), y habían pasado 56 días desde las elecciones, y tiene 185 páginas, con medidas detalladas. Es decir, no era un acuerdo de grandes principios. Por citar otro ejemplo, el último acuerdo de Gobierno de octubre de 2014 (cuatro meses después de las elecciones) en Bélgica (de cuatro partidos) tiene 230 páginas (es verdad que en dos idiomas: francés y flamenco). Aunque, naturalmente, pesa también la credibilidad de un Gobierno ante los imprevistos (como la cuestión de los refugiados en Alemania, por ejemplo).
Hay espacio para un acuerdo que cubriera desde el PP a Podemos y en parte a algunos nacionalistas. Pero del qué, aunque todos los partidos se preparan a ello, no se habla casi, al menos en público. La gran cuestión, es verdad que esencial en política, es la del quién. Aunque soplan vientos en el PP a favor de unas elecciones en las que este partido subiría en escaños. Mariano Rajoy parece seguir queriendo intentar someterse a la investidura, buscando el apoyo de C’s y la abstención del PSOE, pero no es seguro que el Rey se lo pueda encargar si no cuenta con apoyos suficientes. Si se presentara, cabe esperar una amplia apertura suya a las reformas y políticas que piden socialistas, Ciudadanos y otros. Si no lo consiguiera ni en primera votación (por mayoría absoluta), ni en segunda (mayoría relativa), o acaba no presentándose se abriría un nuevo tiempo y una nueva dinámica política.
Pedro Sánchez lo intentará, y podría lograrlo con apoyos complejos de gestionar (¿qué papel para Ciudadanos y Rivera?), y con un acuerdo muy difícil sobre algunas reformas, como la constitucional y la electoral con el PP en la oposición. Pero tampoco se puede descartar que Rajoy, que aún manda en el PP aunque esté más cuestionado, designe a otro candidato o candidata a presidente del Gobierno que consiga desbloquear la situación no solo sobre el quién sino también sobre el qué. Lo que no es democráticamente lógico, para nadie, es, en estas condiciones de pactos necesarios, presentarse a la investidura sin haber negociado antes un programa de Gobierno.
Todo puede demorarse. Pero a partir de la primera sesión de investidura empieza a correr el plazo de dos meses para convocar nuevas elecciones si no hay nuevo presidente del Gobierno. Ahora bien, si por el quién o el cuándo antes que por el qué, se desaprovecha esta oportunidad de grandes reformas, quizás no llegará otra hasta dentro de mucho tiempo, lo que generará grandes frustraciones y bloqueos.
