El saqueo que nos empobrece

El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno (2d), con el presidente del PP, Pablo Casado (2i), al inicio de un debate sobre 'Libertad frente al populismo' junto a Mario Vargas Llosa (1i), Premio Nobel de Literatura, y a Leopoldo López (1d), opositor al régimen chavista y premio Sájarov, en el en el marco de la Convención Nacional del PP.

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Parece una obviedad pero no lo es y vivimos tiempos en los que se hace preciso aclarar conceptos fundamentales. Entre elusiones y evasiones fiscales estamos sufriendo un descomunal saqueo que repercute en la calidad de los servicios que recibimos como sociedad organizada. Siempre que se sustrae algo es a alguien, hay víctimas de esa depredación. Y restar millones de euros del erario común es robar a la colectividad y hacerlo con mentiras y subterfugios desvalija también la conciencia pública.

Vayamos a los hechos. De un lado, se han hecho públicos datos de la elusión fiscal: los subterfugios que emplean una serie de personas adineradas para cotizar menos de lo que les corresponde. Una de cada tres multinacionales españolas cotiza menos del 10% de su beneficio global. Con datos de Hacienda y de las propias compañías. En algunos casos (el de 20 grupos) no llegan a pagar ni el 2%. El tramo mínimo en el resto, en los asalariados por ejemplo -hasta 12.450 euros anuales en ingresos- es del 19%. El máximo hoy hasta 60.000 euros –y pusieron el grito en el cielo- del 45%. Supone un auténtico agravio ese menos del 2% de grandes empresas. Incluso el 10%.

Fijemos otro concepto esencial: los ricos "no tienen que hacer un mayor esfuerzo fiscal", como oímos, ha de ser al menos el mismo que todo el mundo y pagar según sus beneficios. Y muchos no paran de buscar métodos para zafarse de esa obligación.

Dejando aparte –y es mucho dejar- privilegios y abusos como los consentidos a las eléctricas, ni con las regalías fiscales tienen suficiente. Ni tampoco un nutrido grupo de millonarios por otras actividades. Las nuevas revelaciones de la Operación Pandora nos sitúan ante un fraude masivo de personas de renombre que no pagan lo que tienen que pagar, refugiados en los Paraísos fiscales donde se entierran para que germinen en dinero sucio miles de millones sustraídos a los fondos de todos, sin mirar ni la procedencia, sea la que sea.

En 2011, el año de las grandes batallas sociales por los derechos, los paraísos fiscales fueron uno de los principales caballos de batalla. El G20, recién nacido con el crack de 2008, prometió el fin de estos territorios opacos que, sin embargo, siguen funcionando a pleno rendimiento. Y aceptados. Con la impagable –o sí- ayuda de los medios de propaganda del ultraliberalismo. Lo que se ha venido haciendo desde 2008 ha sido adelgazar la lista de los países offshore, los quitan y hay menos. Ahora la UE lo ha vuelto a hacer.

"Existe la extendida creencia de que el dinero público no es de nadie y sí lo es: nuestro. Procede de nuestros impuestos, de nuestra contribución a la sociedad para que desde la política se puedan aminorar las desigualdades, y toda la población disponga de los bienes y servicios públicos que garantizan mayor equidad y mejor calidad de vida. Para que se desarrollen y progresen los derechos civiles, políticos y económicos de todos", escribía –en perfecta definición-  la economista Ángels Martínez Castells en Reacciona (Aguilar 2011) un libro plagado de datos sobre este y otros abusos.  

No existe el liberalismo que venden. En cualquier parte, hasta en el Madrid ayusista, el erario se nutre de las aportaciones de los miembros que componen la sociedad. A través siquiera de impuestos indirectos. De lo que sí pagan los ciudadanos de a pie, mientras se aligeran las obligaciones tributarias de grandes fortunas. El dinero de todos no puede ir destinado a engrosar el beneficio de las empresas como es tendencia precisamente en Madrid. Pero va y entre aplausos. Mientras se resta en esta comunidad y en muchas otras la atención sanitaria con consecuencias fatales.

La nueva lista de los defraudadores trae a la flor y nata del lumpen social, a menudo adornado de fulgores de fama. Ahí tienen a Mario Vargas Llosa, soporte del PP de Casado. Dice que los ciudadanos no saben votar cuando no les votan a ellos, pero ellos sí saben hacer trampas con los impuestos.

En la cúspide de ese círculo malsano español, estaría Juan Carlos de Borbón, rey por la gracia de Franco, refrendado por la democracia y hoy huido al paraíso de Abu Dabi. Un relato de codicia extrema con numerosos cómplices nos lleva a otro episodio, comprobado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y que, como es habitual, los señalados niegan. En 2007,  se crea el Fondo de Infraestructuras Hispano Saudí durante el Gobierno de Zapatero, por iniciativa del ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos y de Juan Carlos I –el rey que no gobernaba ¿recuerdan?- según han señalado a EL PAÍS exfuncionarios españoles que participaron en su lanzamiento. Esto es un hecho. El fondo contrató presuntamente a Corinna Larsen y estableció su sede en Guernsey, un refugio fiscal en las islas del Canal de la Mancha, según la investigación periodística del Consorcio. La gestión del proyecto la llevaron -por imposición de Arabia Saudí- dos empresas extranjeras: el fondo británico Cheyne Capital, con sede en Londres, y Arox Infrastructures AG en Zúrich (Suiza), una compañía especializada en infraestructuras, sigue informando El País.

Este es el caldo en el que cuece España, mientras los medios conservadores se ocupan de los grandes temas que les preocupan a ellos. A toda portada dicen que el Tribunal Supremo –en hilo directo con El Mundo parece según titulan- "cree que la resistencia del gobierno frena la entrega de Puigdemont", saltándose la justicia y la separación de poderes, alma de la democracia. Exactamente lo que dijo Pablo Casado este lunes en TVE en una entrevista que vieron 1.513.000 personas, un 9.7% del share. Menos mal que "las encuestas" le susurran que ganará las elecciones. Pero esta, aunque es la misma, parece otra historia. La que permite al presidente del PP decir en la televisión pública, sin los datos reales que le contradicen, que "el Gobierno de Sánchez es es más radical que los de Hungría o Polonia". De ultraderecha ambos, encuentran precisamente en Casado a uno de sus principales aliados. Es imprescindible, urgente en grado máximo, informar de la realidad estricta y completa a los ciudadanos. Al menos los medios públicos. Por rigor profesional, deberían ser todos los que crean hacer periodismo.

Los equipos de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz en el gobierno de coalición han llegado este martes a un acuerdo para los Presupuestos Generales. Han superado las dos principales trabas que les distanciaban propuestas por Unidas Podemos. Una es la Ley de Vivienda que establecerá límites en los precios de alquiler en zonas tensionadas y a los propietarios de más de 10 viviendas. El PP ha dicho que  es "un ataque sin precedentes a la propiedad privada". En Berlín, los ciudadanos han votado en referéndum expropiar a los grandes tenedores de viviendas vacías. Deben ser mucho más socio-comunistas-independentistas que nadie en España. Y en cuestión tributaria, han acordado subir hasta el 15% el Impuesto de Sociedades. Son esos "algo es algo" del esfuerzo progresista español que no termina de alcanzar las necesidades reales y que, aun así, por si cuela, levanta ampollas. El saqueo económico nos empobrece, el de las conciencias tanto o más. No es tan difícil operar cambios. Europa muestra tímidos intentos de querer hacerlo. El obstáculo principal es la tan ultra derecha española y sobre todo sus servidores mediáticos en su impenitente gota malaya diaria.

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Publicado el
5 de octubre de 2021 - 22:06 h

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