El segador
Es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin volverse impuro.
No le tiembla la mano a Sánchez a la hora de laminar cargos inmersos o próximos a actividades conflictivas, eso hay que reconocerlo. Que sea por convicción o por afición al poder, a los ciudadanos nos tiene que dar igual porque el resultado es el mismo. El miedo a la pérdida de votos es una forma de control ciudadano. Empezamos por Maxim Huerta y Carmen Montón que fueron dimitidos y llegó después la expulsión del Tito Berni y ayer tocó hacer dimitir a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por la imputación de su marido en el llamado Caso Santana, un fleco del de los ERES.
Expeditivo. Quirúrgico. A veces incluso podría parecer injusto, pero no se lo piensa. Nada susceptible de dar munición. Caiga quien caiga. Esta actitud contrasta, y más ayer, con la desgana del Partido Popular para tomar medidas respecto a sus militantes o cargos. Ayer se conoció la apertura de juicio oral contra Xavier Garcia Albiol -o sea, lo sientan en el banquillo- por delitos continuados de prevaricación, prevaricación ambiental y prevaricación urbanística por los que le piden 2 años y 10 meses de prisión y 10 años de inhabilitación. No es corrupción, dice el PP, al que le debe parecer un chichinabo que su candidato a la alcaldía de Badalona tenga pendiendo sobre su cabeza un juicio del que podría salir sin ejercer y que se deriva, precisamente, de su actividad anterior como alcalde. Albiol pertenece además al comité nacional de campaña y coordina las candidaturas de los otros candidatos.
Tenemos dos casos: el marido de un cargo llamado a declarar en calidad de imputado y el cargo sentado en el banquillo con petición de cárcel. Frente a frente no hay comparación. A María Gámez la justicia no le demanda nada, a Albiol le piden más de dos años de prisión. ¿Cuál es la diferencia? La diferente percepción que ambos partidos tienen del coste de la corrupción en términos electorales. Como ha quedado demostrado, al PP no le pasa ninguna factura. A Jorge Fernández-Díaz, Anticorrupción le pide 15 añazos de cárcel por alguna de las actividades mas nauseabundas que un ministro del Interior pueda llevar a cabo y sigue siendo militante del PP. Casero, el diputado que no sabía votar, ha sido procesado por el Supremo y ha dejado el escaño pero sigue sólo suspendido. Dice el PP que según su código ético no se echa a nadie hasta que no sea sentado en el banquillo. Oiga, ¿no acaban de sentar en el banquillo a Albiol? Sí, pero es que eso no es corrupción.Y así todo. Y así siempre. Y ni un voto perderán.
Hay otra cuestión, la de los jueces y la oportunidad política, que yo no hubiera tocado pero a la que me obliga el propio Partido Popular. Son ellos los que han considerado que la apertura de juicio oral a Albiol es cosa de “un juzgado de Catalunya que acelera en plena precampaña”. Vamos, que lo han ligado directamente a un afán de perjudicar al que será candidato a la alcaldía en Badalona. Veamos pues lo de la llamada a declarar por un juzgado de Sevilla a Juan Carlos Martínez, el marido de María Gámez. La providencia fue dictada el pasado jueves, justo antes de la moción de censura de Vox en la cámara, para ampliar de esa manera un auto ya dictado en febrero en el que no se le daba esa consideración ni se le llamaba a declarar. No sé si el PP verá aquí casualidad y, en lo suyo, mala leche. Seguro.
Ellos saben como yo que el juez Ignacio Vilaplana Luquero -que lleva la causa y que decide la imputación- es un juez llegado con polémica a la atribución de jurisdicción sobre esas causas y destacado y activo miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, a cuya ejecutiva nacional pertenece. Es más, su jurisdicción sobre este asunto ha sido llevada, con toda razón, al Tribunal Constitucional.
Vilaplana es un JAT, es decir, un Juez de Adscripción Territorial, que no tiene titularidad sobre un juzgado concreto sino que va siendo enviado de uno a otro como refuerzo. La cuestión es que cuando llegó al Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla se hizo cargo de las macrocausas de los ERE y derivadas con base en un acuerdo con la magistrada titular Núñez Bolaños, que fue refrendado por la Sala de Gobierno del TSJA, a la que él pertenece.
El acuerdo es extraño y totalmente ajeno a la forma de actuar en todos los juzgados. Por el mismo, Vilaplana, el recién llegado y con menor experiencia, se quedaba con todas las macrocausas que ya estaban en el juzgado y la titular “con el resto”. Normalmente es exactamente al revés: el juez titular se encarga de todo lo que ya está en el juzgado y el nombrado a dedo de refuerzo de lo que vaya entrando nuevo. ¿Motivo? Que no se pueda nombrar un juez ad hoc para casos que ya se sabe que están en ese juzgado. Exactamente lo que ha ocurrido en Sevilla. Dice el recurso de amparo presentado : “Cuando la Sala de Gobierno distribuye los asuntos entre la magistrada titular María Núñez Bolaños y el magistrado de adscripción territorial del TSJA para la provincia de Sevilla de manera discrecional y libre, vulnera el derecho al juez predeterminado por la ley en su vertiente del juez-persona predeterminado”, por lo que se pide que se declare inconstitucional el artículo de la LOPJ que concede potestad absolutamente discrecional para designar al magistrado que va a llevar un asunto. Las Salas de Gobierno se completan sumando a los miembros natos los electos por los propios jueces, mayoritariamente miembros de la APM.
Es más, el citado acuerdo por el que la juez titular acepta pasarle todas estas macrocausas al recién llegado enviado por el TSJA se produce en la curiosa circunstancia de que la juez ha sido masacrada por la prensa conservadora, que se posicionaba a favor de que la juez Alaya siguiera instruyendo a pesar de haber ascendido. Una baja y un acuerdo de muy extraña factura llevaron al juez de refuerzo conservador a controlar todas las causas relacionadas con cargos públicos socialistas en Andalucía.
Insisto, no lo hubiera recordado si el Partido Popular no hubiera tenido la cara de dejar caer que lo de Albiol es una vendetta de un juez catalufo para perjudicar a su candidato. Al menos ese juez es el predeterminado por la ley de forma clara.
El segador hace bien en laminar a pesar de las diferentes varas de medir que hay en nuestro panorama político. Y puestos a segar y a ser inflexibles, creo que va siendo hora de que se pregunte qué pasa dentro de la Guardia Civil, cómo ha vuelto a crecer la ponzoña de la corrupción, por qué hay nada menos que dos generales implicados y qué es lo que Marlaska el Grande ha hecho durante todo este tiempo para que las normas internas de vigilancia, la 'compliance' por así decirlo, no haya detectado antes el nido de víboras. Eso afecta también a María Gámez, no por su marido sino por su propia ceguera.
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