Vencer no es convencer

El PP entiende que ha ganado. No se sabe si a Sánchez o a la democracia. Pero en su último cara a cara en el Senado con el presidente, Feijóo no sacó demasiado pecho de esa supuesta victoria. Mucho triunfo no debe ser azuzar al Constitucional para que entre a saco en las Cortes Generales y utilice la fuerza de las togas para frenar una tramitación parlamentaria. Todo lo contrario. Lo piensan incluso en algunos sectores del PP, donde se considera que la decisión puede tener un efecto boomerang sobre su jefe de filas. Cada vez que se esgrime que el Gobierno retorció la técnica parlamentaria para colar de rondón dos enmiendas a la reforma del Código Penal que nada tenían que ver con la materia en cuestión es una dosis de recuerdo del flagrante y sostenido incumplimiento de la Constitución por parte de los populares desde hace cuatro años.

Tan cierto es que el retroceso que desvela el último CIS en la intención de voto del PSOE tiene que ver con el desgaste acumulado por la reforma de los delitos de sedición y malversación y el fiasco generado por la ley del 'solo sí es sí' como que el sondeo refleja que el trasvase de votantes socialistas al PP se sitúa de nuevo en los niveles de octubre pasado, esto es, por encima del 6%. Pero no hay trabajo demoscópico aún que haya testado las consecuencias electorales de la crisis institucional provocada por los populares. Los datos crudos, sin cocina, del Centro de Investigaciones Sociológicas sí dicen que en fidelidad de voto las cosas no han variado para los propietarios del edificio maldito de la calle Génova pagado con dinero negro.

Y también que la caída en confianza y valoración de Sánchez no revierte en absoluto en un Feijóo venido a menos, que empeora ligeramente en la tasa de desconfianza ciudadana. Y es aquí donde los populares debieran saber a estas alturas que, como dijo Unamuno al general Millán Astray, “vencer no es convencer” y también que “la verdad es más verdad cuando se manifiesta desnuda, libre de adornos y palabrería”.

Y en esto que nos ocupa hay cinco verdades inapelables que la derecha intenta camuflar en una marabunta de tecnicismos jurídicos. Uno: que el PP se niega a cumplir con un mandato constitucional desde hace cuatro años. Dos: que los jueces del CGPJ incumplen una ley orgánica. Tres: que el bloque conservador del Constitucional ha pasado por encima de la propia ley que lo regula y pisoteado además sus propios procedimientos reglados para amordazar al Parlamento. Cuatro: que las mayorías en el TC y el CGPJ no las decide este Gobierno ni ninguno de los anteriores, sino que las determina la Constitución en función de las mayorías parlamentarias. Y cinco: que la derecha busca mantener en los órganos constitucionales una mayoría que perdió en las urnas.

No hace falta mucho más para que la gente entienda dónde estamos. Todo lo demás es verborrea para esconder una estrategia predispuesta a tensionar hasta el límite el debate político y provocar una crisis de Estado de envergadura hasta las próximas elecciones generales. 

Es muy probable que la próxima semana, sin esperar siquiera el auto del Constitucional, los partidos de la coalición de Gobierno registren una proposición de ley con el mismo texto de las enmiendas que decayeron en el Senado, después de que el TC admitiera las cautelarísimas que pedía el PP. La iniciativa se tramitará con carácter de urgencia, lo que reducirá los plazos de tramitación a la mitad, y estará aprobada antes de que acabe enero. Entonces, los vocales del CGPJ que persistan en su declaración de rebeldía tendrán que afrontar todo tipo de responsabilidades, incluso penales, si no designan magistrados al TC, y los que hoy se sientan en el Constitucional con mandato caducado se marcharán. El Gobierno tendrá mayoría progresista en el máximo garante de la Carta Magna, lo que de algún modo preserva la producción legislativa contra la que la derecha ha presentado recurso de inconstitucionalidad.

Pero cuando esto pase, que pasará, la pregunta a despejar será quién pagará el coste de todo ello. El electoral no lo sabremos hasta diciembre de 2023 porque el presidente no está dispuesto a atender la exigencia de la derecha de anticipar la convocatoria de las elecciones. Pero hay un precio mayor al de los votos, que es el progresivo debilitamiento de las instituciones que nos afecta a todos. La democracia requiere de un respeto por las formas que la derecha olvida fácilmente cuando es oposición y reclama solo cuando es Gobierno. Esas formas han invadido por primera vez en 44 años los ámbitos competenciales delimitados por la Constitución, donde reza que el Parlamento legisla, la Justicia vela por la legalidad y el Constitucional garantiza que las normas no superen el marco de la Carta Magna, no que pueda invadir las competencias del Parlamento ni acabar en un auto por capricho del PP con la autonomía del Congreso.

Hacen bien quienes en Génova se tientan la ropa y reconocen que esta estrategia polarizadora, lejos de recuperar el terreno perdido, les sitúa muy cerca de un partido con escaso sentido de Estado. Antes o después, Feijóo pasará como pasó Casado. Y lo mismo Sánchez. Pero el daño causado ya es irreparable porque la decisión del Constitucional, además de hacer saltar las costuras de la arquitectura constitucional, sienta jurisprudencia.