Desamparo y menores extranjeros no acompañados

¿Por qué la administración ha de asumir la tutela de un menor de edad desamparado? ¿A qué obliga la declaración universal de los derechos del niño? Muchas de estas preguntas, si se hubieran hecho hace 10 años, habrían tenido una respuesta diferente de la que hoy darían muchos ciudadanos.

La lógica nos lleva a pensar que el Estado debe sustituir a los padres como tutores cuando éstos no pueden ejercer debidamente esta función. Y esa acción solo se debe hacer cuando no hay alternativa posible que permita evitar la salida del niño de su casa. Pero en estos casos también está claro que al mismo tiempo que se protege al niño/a se deben poner en marcha una serie de actuaciones que ayuden a los padres a resolver los problemas que les impiden tratar adecuadamente a sus hijos. También, en paralelo, hay que intentar que la guarda y atención de los niños/as sea ejercida por sus familiares próximos en un ambiente lo más parecido posible al que tenían con su familia biológica. Y si se comprueba que las causas de desamparo, los problemas de los padres, no tienen solución, se buscará una solución definitiva como la adopción o el acogimiento permanente con su familia extensa (tíos o abuelos) o en familia ajena o en un centro residencial.

El criterio lógico es el de sustituir temporalmente a los padres. Ayudarles a resolver sus problemas. Velar por que el tiempo de separación sea el mínimo posible y procurar que los niños/as estén en un entorno familiar, con tíos o abuelos, mejor que con personas extrañas o en un centro.

Por lo tanto, los principios que inspiran la toma de decisiones se fundamentan en los derechos del niño para limitar al máximo las secuelas que la separación de sus padres les generará. La pobreza, el paro, la falta de formación académica, etc. no son, en ningún caso, razones de desamparo. El maltrato, el abandono, la desatención, la incapacidad parental sí lo son. Y estos criterios técnicos y el marco legal que los ampara se aplican en el territorio del país con independencia de la nacionalidad de los padres e hijos si está toda la familia aquí, o de los menores de edad si no están acompañados.

Sin embargo, y de manera muy especial en los últimos diez años, la llegada a España de manera continuada y masiva de preadolescentes y adolescentes, de entre 13 y 17 años, fundamentalmente varones, sin el acompañamiento de sus padres ha puesto patas arriba los sistemas de protección de la Comunidades Autónomas. Si en Catalunya había hace 10 años unos 2.500 menores de edad atendidos en centros, hoy hay acogidos, además, unos 2.000 menores extranjeros. A estas cifras hay que añadir otros elementos de análisis de este problema. Aproximadamente el 60% de estos menores son ciudadanos de Marruecos, país al que muchos españoles hemos ido de vacaciones por su proximidad, su belleza, su seguridad y su arte y su cultura. No es un país en guerra, es un país musulmán moderado. Y aparte del conflicto con el pueblo saharaui, muy olvidado en España a pesar de haber sido su Metrópoli, Marruecos no genera flujos migratorios de exilados que requieran asilo político. Y es cierto que Marruecos tiene zonas amplias de su territorio que son rurales, son pobres y carecen de infraestructuras y medios, manteniendo a su población alejada del acceso a la formación y a unas cotas de bienestar inferiores a las de sus zonas urbanas. En definitiva, lo mismo que pasaba en España en los años 50 y 60. Con el agravante que los medios de comunicación si les llevan una imagen de Europa, y de España como puerta de acceso, como modelo de “progreso”, “riqueza” y “bienestar” que ha estimulado a muchos marroquíes a emigrar, como lo hicieron muchos españoles hace unas décadas.

Pero mientras sean los adultos los que emigran por razones económicas estaremos ante un hecho histórico y común que no tiene que ver con la protección de menores. Pero cuando los migrantes son miles de jóvenes de entre 13 y 17 años, empujados por sus propias familias para que arriesguen sus vidas en un viaje a manos de mafias que cobran unos 3.000€ por “pasaje”, para que se instalen en un país extraño y para que trabajen y envíen dinero a sus familias, en este momento el tema si pasa a ser un asunto, también, de la protección de menores. Porque no es que sus padres no los quieran o no les hayan cuidado en su infancia, es que su situación de pobreza puede verse aliviada con unos ingresos que este menor de edad confían que les proporcionará. Y en el momento que esos menores de edad pisan suelo extranjero el país está obligado a prestar una atención inmediata y a protegerlo.

Pero la causa del desamparo y la protección no es la incapacidad parental de la familia. Es una emigración económica que fuerza a esos jóvenes a alejarse de su entorno familiar y cultural para vivir, malvivir, en un entorno cultural, lingüístico y social que no comprenden y en el que no podrán realizar su objetivo de trabajar y enviar dinero a sus casas, porque no se les autorizará a trabajar. Y esta situación administrativa en la mayoría de los casos no se resolverá con la mayoría de edad al no facilitarles España el permiso de residencia y trabajo. Y así se sumará la frustración de sus expectativas, y las de sus familias, como menor de edad emigrado, a la frustración que llegará con la mayoría de edad al comprobar que no se les reconoce ningún derecho de ciudadanía y trabajo, abocándolos a la marginación y dejándolos en las manos de ciertos grupos organizados (mafias, sectas religiosas extremas, etc.)

Ahora bien, si el adolescente extranjero no acompañado que “aparece” en las calles de cualquier ciudad española es alemán, o italiano, o irlandés, o suizo ¿creen que el procedimiento será el mismo? En absoluto. Se contactará con la embajada y será repatriado para ser reintegrado a su familia o ser atendido por sus servicios sociales. Es decir, se actuará conforme los criterios que exponíamos al principio de este escrito. Los menores de edad con sus familias y en su entorno cultural y social tienen mejores oportunidades y expectativas de crecimiento personal armónico.

Ni que decir tiene que los menores de edad que huyen de la guerra o de la persecución por razones religiosas, de etnia o de género, encajan absolutamente en los supuestos de protección de menores y de asilo. Si bien estos casos, hasta donde yo sé, son muy minoritarios en España.

Estos flujos de inmigración económica ponen en cuestión y desbordan nuestros mecanismos de protección a la infancia. Pero durante muchos años, y siendo evidente el flujo de población menor de edad, no se ha empezado ningún debate serio sobre qué respuesta dar que respete los derechos del niño.

¿Cuál es la causa de no aplicar los derechos de los niños con los menores marroquíes? Creo que hay varias razones y me temo que con un trasfondo geopolítico importante. Por un lado Marruecos, si no incentiva y no evita la “fuga” de su juventud a la que no puede o no sabe o no quiere ofrecer una salida digna en su territorio. Y los diferentes gobiernos de España, en los últimos 10 años al menos, no han querido “incomodar” al vecino del sur con el que España tiene una agenda de temas de interés común importantes (la pesca, Ceuta y Melilla, Canarias, el control del flujo de población subsahariana, los fosfatos,…). Y yo me temo que los derechos de los niños frente a temas con un impacto económico y/o estratégico tan alto, no han tenido ni tienen el valor como para dedicarle un minuto de tiempo.

Y si la apelación a cumplir los acuerdos y leyes internacionales no basta, creo que el argumento económico podría, por una vez, usarse para bien. El esfuerzo económico que las diferentes administraciones dedican a la atención de estos jóvenes es muy alto. Estoy convencido de que dedicar una parte de este dinero a colaborar con las autoridades y la sociedad civil marroquí para desarrollar servicios (formales e informales) de atención social que permitan mejorar las expectativas de vida de los jóvenes en esos territorios más deprimidos sería beneficioso para todos. Primero para los jóvenes, para su país que retendría a su juventud y para España y Europa que no recibiría población menor de edad por razones económicas. Y si a estos actores añadimos la colaboración de las empresas españolas deslocalizadas en Marruecos para que revirtieran una parte de sus beneficios en el país que les permite generarlos, podría ser un primer paso para que muchos jóvenes tuvieran una vida más feliz y un crecimiento más armónico con los suyos. Y si una vez en la edad adulta quieren emigrar, viajar, conocer otras tierras, me parecerá perfecto.