La salud no puede ser un negocio

Hemos visto en múltiples ocasiones cómo la complejidad del sistema autonómico puede afectar la atención sanitaria. Existen casos documentados de retrasos en traslados de pacientes entre comunidades autónomas, que han dificultado tratamientos urgentes y, en algunas circunstancias, han puesto en riesgo la vida de personas gravemente enfermas. Esta situación refleja la necesidad de una coordinación más eficiente en el sistema público de salud.

Recientemente, en Torrejón de Ardoz, se conoció que la empresa Ribera Salud, encargada de gestionar el hospital local, habría dado instrucciones de priorizar ciertos pacientes sobre otros basándose en criterios económicos, según audios filtrados publicados por medios de comunicación. Estos documentos muestran directrices que podrían reducir la atención sanitaria a tratamientos considerados “no rentables”. La gravedad de estos hechos ha sido objeto de debate en la prensa y ha generado preocupación sobre la influencia de la gestión privada en la sanidad pública.

Este caso se suma a un conjunto de denuncias donde pacientes que reciben atención en la sanidad privada, tras una mala praxis o complicaciones, deben acudir a la sanidad pública para continuar su tratamiento. Aunque no existen cifras oficiales que cuantifiquen la magnitud de este fenómeno, testimonios de personal sanitario en hospitales públicos reflejan que la derivación de pacientes de centros privados es una práctica que ocurre con cierta frecuencia.

Los audios de Ribera Salud también reflejan una lógica de gestión basada en la maximización de beneficios: reducir costes, alargar listas de espera y priorizar pacientes “rentables”. Estas prácticas, denunciadas por trabajadores y reflejadas en los audios, generan un debate ético sobre la rentabilidad frente a la atención sanitaria como derecho.

Algunos observadores señalan que la sanidad privada puede ofrecer ventajas puntuales, como la rapidez en la atención en ciertos servicios. Sin embargo, estas diferencias no justifican que la salud de las personas se vea comprometida por intereses económicos. La prioridad de cualquier sistema sanitario debe ser la vida y el bienestar de los pacientes, no el beneficio empresarial.

La influencia de la privatización también impacta en el personal sanitario. Profesionales se ven obligados a tomar decisiones guiadas por criterios económicos más que médicos, lo que genera estrés y puede afectar la calidad de la atención. La sanidad pública, históricamente, ha garantizado cobertura universal y gratuita, y preservar estos principios es esencial para la equidad y la confianza ciudadana.

El sistema autonómico añade complejidad a la gestión, y la coordinación entre comunidades es fundamental para que los pacientes reciban la atención que necesitan sin demoras innecesarias. Casos de retrasos y obstáculos administrativos ponen de relieve la importancia de reforzar la gestión pública y asegurar que las decisiones se tomen en función de la salud de los ciudadanos, no de criterios económicos.

La colaboración entre lo público y lo privado es posible, pero debe estar regulada y sujeta a control y auditorías estrictas. La sanidad no puede convertirse en un negocio: debe priorizar la vida de los pacientes. Fortalecer la sanidad pública con recursos adecuados, personal bien formado y tecnología moderna es esencial para garantizar un sistema eficiente, justo y accesible para todos.

Finalmente, la ciudadanía tiene un papel crucial: denunciar irregularidades, exigir transparencia y apoyar políticas que fortalezcan la sanidad pública son pasos necesarios para proteger un derecho fundamental. La salud de la población no puede depender de la rentabilidad económica; debe ser un derecho garantizado y protegido por todos