El estudioso de la socialdemocracia Bo Rothstein suele decir que la igualdad es como el amor o la felicidad. Son objetos de deseo que no se consiguen si los perseguimos directamente. De hecho, suele ser contraproducente. Los individuos que se obsesionan con la búsqueda del amor o de la felicidad rara vez tienen éxito. Y algo parecido ocurre con las sociedades que se obcecan con alcanzar la igualdad por la vía rápida subiendo los impuestos a los que más tienen. El tiro sale por la culata. Tal y como subrayan los expertos Cathie Jo Martin and Alexander Hertel-Fernandez, cuanto mayor es la progresividad fiscal en un país, menor es su estado de bienestar. El ejemplo paradigmático sería EEUU, que, con uno de los sistemas fiscales más progresivos del mundo, recauda poquito: cuanto más deben pagar, más invierten los más opulentos en encontrar grietas en el sistema. Si los que tienen menos que los ricos apenas contribuyen, el resultado es un estado de bienestar raquítico. Para avanzar en igualdad no es a las clases acomodadas a quien hay que apuntar sino a las clases medias. Vamos, a casi todos los que estáis leyendo este artículo.
Hace bien el PSOE de Pedro Sánchez en considerar que el primer problema de España es la desigualdad y Podemos en “situar la lucha contra la desigualdad en el centro” (Fernando Luengo Escalonilla e Ignacio Álvarez Peralta). Pero tanto el PSOE como Podemos, IU o la miríada de formaciones que compiten de forma feroz por el electorado de centro-izquierda, están adoptando la estrategia fácil e ineficiente. Unen el relato de la crisis – que unas élites económicas han sacado tajada de la socialización de las pérdidas, de la privatización de los beneficios y de la evasión de impuestos a paraísos fiscales – con la solución – que esas élites paguen más impuestos. Su objetivo es una “reforma fiscal que dote de verdadera progresividad a nuestro sistema impositivo” (Fernando Luengo Escalonilla e Ignacio Álvarez Peralta, “una alternativa fiscal en defensa de la clase media y trabajadora” (Pedro Sánchez).
El discurso de que “casi toda la sociedad (…) sufre la fuerte presión fiscal” (Pedro Sánchez) puede ser beneficioso electoralmente a corto plazo. Pero, a la larga, es insuficiente cuando no contraproducente. Los mayores niveles de igualdad en el mundo desarrollado se dan con sistemas impositivos relativamente regresivos. Por ejemplo, con un IVA muy alto y con pocas exenciones.
¿No es una locura subir los impuestos indirectos o directos a las clases medias españolas en el contexto actual? No, porque, para empezar, y por mucho que estemos sufriendo de forma atroz la Gran Recesión, España es rica. No hay muchos países con un porcentaje mayor de ciudadanos que son dueños de su vivienda, y en muchos casos de una segunda o tercera residencia. Además, los españoles disfrutan de una renta disponible nada despreciable. Un reciente informe de calidad de vida en más de 300 regiones de la OCDE muestra algunas comparaciones interesantes entre regiones del norte de Europa y comunidades autónomas en España. En las tres autonomías españolas en las que he vivido – Aragón, Cataluña y Madrid – los hogares disponen de 1000, 2000 y 3000 euros respectivamente de renta anual más que los hogares de la región sueca en la que vivo (West Sweden). Si ese dinero se invirtiera en bienestar común, esas comunidades autónomas podrían – manteniendo el mismo estándar de vida que un sueco – desarrollar metas más ambiciosas, como una aplicación más decente de la ley de dependencia. Si no redistribuimos más no es por falta de recursos, sino de voluntad política.
Cada vez está más claro que los españoles viajamos en dos barcos. En el primero no viajan sólo un pequeño grupo de banqueros y grandes fortunas, sino millones de españoles que gozan de ingresos altos, contratos de trabajo estables, y utilizan gran parte de su “excedente” (en comparación con otros europeos similares) de renta disponible en pagar unos servicios privados que sustituyen al estado de bienestar público: de la educación a la sanidad pasando por servicios domésticos y asistencia a los dependientes. Estos servicios salen, en términos relativos, a precios muy bajos y, además, sufren muy poca carga impositiva. En un auténtico harakiri de lo público, nuestro Estado no sólo no penaliza por viajar en el barco de los privilegiados, sino que lo facilita con medidas como deducciones fiscales a la educación privada y la contratación de seguros médicos privados, o pagando un seguro privado a sus funcionarios. En otras palabras, el Estado español invita a sus clases medias a abandonar el barco que comparten con los menos favorecidos. Y así, en ese segundo barco español se quedan todos los perdedores. Los españoles sin empleo o con ingresos paupérrimos y contratos inestables que no dan derecho a un seguro médico privado. Los que no llegan a fin de mes y, por supuesto, los desahuciados.
La crisis ha agrandado la distancia entre estos dos barcos y una de las decisiones colectivas más importantes a la que nos enfrentamos es si queremos mantener esa fractura o tratamos de revertirla. El PP ha elegido de forma bastante explícita, buscando el apoyo de los españoles que están en el barco de cabeza, que quizás son una minoría demográficamente, pero una minoría muy grande que se puede convertir en las urnas en una mayoría absoluta.
Del PSOE a Podemos la izquierda española está, de forma implícita, también reforzando esta división. Por una parte, no están pidiendo una mayor colaboración de las clases medias en sufragar el bienestar – por ejemplo, buscando una mayor recaudación en los impuestos indirectos –. Por otra, con su obcecada oposición a una reforma del sector público para hacerlo más dinámico y más cercano al de los países europeos punteros, no están invitando a las clases medias a usar una sanidad y educación públicas que, aún llenas de extraordinarios profesionales, trabajan atrapadas en una telaraña de controles burocráticos y poca autonomía de gestión. Mientras estas dos cuestiones (los impuestos proporcionales o incluso regresivos y la desfuncionarización de los servicios públicos) sean anatemas para nuestra izquierda, será difícil que estrechemos la creciente brecha entre unos (no pocos, sino) muchos que tienen mucho y otros muchos que tienen muy poco.
Enarbolando la bandera de unos impuestos exclusivamente progresivos y a un sector público “que no se toca”, nuestra izquierda seguirá levantando pasiones fugaces, generando titulares, e incluso ganando elecciones. Pero conseguir el amor de verdad, y acercarse al ideal de una sociedad más igualitaria, nuestra izquierda necesita abandonar la vía rápida y optar por una estrategia más paciente, menos impulsiva y más efectiva.
